Este lunes la contralora general de la República, Dorothy Pérez, reveló que otros 6.311 funcionarios públicos prestaron servicios en el sector privado mientras tenían licencia médica.
Este tarde, la Contraloría General de la República (CGR) entregó más detalles sobre ello. Por ejemplo, expuso que el análisis, que consideró el periodo 2023-2024, identificó 48.682 licencias médicas asociadas a estos casos.
Además, que 2.538 funcionarios recibieron remuneraciones de otras entidades privadas o públicas, 3.611 percibieron honorarios y 162 registraron ambos tipos de ingresos mientras justificaban su inasistencia a sus labores públicas, mediante un documento de reposo médico.
Junto con ello, detectó que 150 de esos servidores obtuvieron pagos a través de plataformas digitales de intermediación de servicios, es decir realizaban labores de transporte, entrega de alimentos, compras u otros encargos.
En el comunicado de la CGR, se profundizó en que "varios de estos mismos funcionarios ya habían sido detectados en otras irregularidades relativas a uso irregular de licencias médicas, en informes CIC previos: 862 por viajes al extranjero durante su reposo (CIC N°9), 427 por asistencia a apostar a casinos (CIC N°15) y 138 por ambas situaciones".
Adicionalmente, se indicó que la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Servicio de Salud de Concepción, concentraron el mayor número de servidores públicos que habrían trabajado en empresas privadas, aplicaciones o en otras instituciones durante su respectivo periodo de reposo.
En cuanto a los empleadores, esta es la distribución porcentual de servidores por sector: el 46% corresponde a municipal; 26% a salud; 17% educación; y 11% otros.
Tras lo anterior, la CGR notificará a los organismos con funcionarios involucrados para que inicien los procedimientos disciplinarios, los que deberán reportar el inicio de los mismos mediante la plataforma SIAD de CGR, dentro de 5 días desde la notificación.
Además, la CGR remitirá la información a la COMPIN y a la SUSESO, así como al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que corresponden.
