Faltan solo dos días para que se cumpla un mes desde que se inició el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y uno de los sectores que más ha presentado un escenario convulsionado ha sido la educación.
Las primeras alertas tanto en el sector educativo como en el gobierno se activaron el pasado el pasado 27 de marzo, cuando se registró el brutal ataque con arma blanca a una inspectora en un colegio de Calama, el que le provocó la muerte. El imputado por el hecho es un alumno de cuarto medio.
Desde ahí, se instaló un fuerte debate por la instalación de pórticos detectores de metales, lo que estaba supeditado a la Ley de Convivencia Escolar, que para el momento del ataque en Calama aún no se publicaba. Finalmente, la norma apareció en el Diario Oficial el pasado 1 de abril.
El martes recién pasado, en tanto, el Presidente Kast firmó dos proyectos de ley para mejorar la seguridad en recintos educativos. El primero, para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales.
El segundo proyecto, llamado "Escuelas Protegidas", dispone medidas y sanciones que incluyen la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases, prohibición de uso de gorros, capuchas o pasamontañas, e incorpora requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior, como no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
Las medidas anunciadas y la condena transversal que han recibido tanto lo ocurrido en Calama como las amenazas de bomba y otros ataques registrados en las últimas semanas en distintos establecimientos, ahora fue el sector universitario el que sumó un nuevo flanco a la crisis de violencia estudiantil.
Ayer, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue agredida en la sede de Isla Teja de la Universidad Austral (UACh), donde le gritaron consignas relativas a límites en beneficios estudiantiles y recursos para la ciencia, entre otros.
El hecho reactivó la condena del gobierno hacia la violencia, que esta vez tocó a una ministra de Estado. Se trata de un hecho que, además, al darse en un contexto universitario, pone el foco en una mirada más política de la violencia.
De ahí los llamados a la "tolerencia" entre quienes "piensan distinto", tanto desde el plantel, y la condena del propio Kast respecto a la conducta en espacios universitarios: "lo que hoy vimos (ayer) es un acto de irracionalidad total, lamentablemente, al interior de una universidad, un lugar donde debía primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad. Y vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día ni siquiera merecen llamarse estudiantes", dijo el Mandatario desde La Moneda.
Asimismo, el Gobierno ha hablado de un "antes y un después" y de un "punto de inflexión", que se traduce en medidas como el anuncio de una querella por atentado contra la autoridad, y la idea de retirar beneficios estudiantiles para quienes protagonicen estos hechos violentos.
En conversación con Emol, expertos ponderan los efectos de la violencia tanto política como social que han convulsionado el ambiente en este primer mes de Gobierno.
"Legitimación de la violencia"
Hay algunos puntos de partida en torno a la violencia en la lectura de analistas, que van desde la "Revolución Pingüina" en 2006, y la "agudización" en el estallido social de octubre de 2019, y que explicarían -señalan- los fenómenos que se viven hasta ahora.
"Es importante diferenciar conceptualmente al conflicto con la violencia. El conflicto es consustancial a la naturaleza humana y a toda sociedad, y consiste en la oposición de intereses u opiniones entre dos o más personas. Por otro lado, la violencia es una forma de intentar superar un conflicto consistente en la coacción psicológica o física de una persona sobre otra", comenta Rodrigo Meléndez subdirector ejecutivo Instituto Res Publica.
Agrega que "en todo tiempo y lugar, siempre han existido conflictos políticos y sociales, pero en Chile, desde la Revolución Pingüina en 2006 hasta la fecha, y con mayor fuerza a partir de octubre de 2019, lo que ha sucedido es un recrudecimiento del conflicto producto de la legitimación de la violencia como forma legítima de resolver conflictos políticos y sociales por parte de la izquierda más radical del país".
Un escenario similar plantea Eric Latorre, académico y analista político de la Universidad Autónoma, quien sostiene que "los gravísimos hechos de violencia ocurridos recientemente en los colegios, así como la agresión sufrida por la ministra, no representan necesariamente una agudización del fenómeno, sino más bien el resultado cada vez más evidente de un proceso de validación de la violencia como una forma de acción civil y política".
"Esta tendencia se arrastra hace probablemente algunas décadas y responde a un proceso que nunca hemos sido capaces de detener ni enfrentar; simplemente lo negamos. En ese contexto, el estallido social terminó por consolidar esta dinámica, transformando la violencia en un medio de acción política legitimado", agregó.
"Normalización" y "fenómeno desborado"
Los expertos resaltan que el escenario actual es de una violencia "normalizada". Algunos apuntan a un sector político en particular, mientras otros ponen el foco en la laxitud ante medidas que se pudieron tomar hace años.
"Lo que observamos hoy es un escenario donde el fenómeno se ha desbordado, resultando muy difícil de controlar debido a que durante años no activamos medidas preventivas ni sancionatorias".
Eric Latorre, analista político U. Autónoma
Meléndez observa que "esta defensa y normalización de la violencia ilegítima por cierto sector político va minando la confianza entre las personas y acaba con la paz social, y el mundo educativo no es ajeno a estos efectos. Ahí radica la importancia de no tolerar hechos como los del último tiempo y utilizar todas las herramientas de la ley para combatir a los violentos".
Por su parte, Latorre sostiene que "lo que observamos hoy es un escenario donde el fenómeno se ha desbordado, resultando muy difícil de controlar debido a que durante años no activamos medidas preventivas ni sancionatorias".
"Actualmente, hablar de sanciones en estos temas parece casi prohibitivo. Cuando se plantea, por ejemplo, que los alumnos que agredieron a la autoridad deberían ser expulsados, surgen voces advirtiendo que se estaría coartando el derecho a la educación. A mi juicio, esa visión es errónea: las sanciones deben aplicarse, aunque lógicamente acompañadas de un modelo preventivo y de un diálogo social mucho más profundo, especialmente en colegios y universidades", asevera.
Impacto social y "esfuerzo estructural"
Son varios los impactos que tiene la violencia expresada en lo social y político, y con distintas dimensiones a corto y largo plazo, según los expertos.
Meléndez apunta a que el impacto social de esta situación es la destrucción progresiva del sistema educativo. "El mejor ejemplo son los colegios emblemáticos, donde la labor pedagógica se ha vuelto prácticamente imposible, una realidad que ya se extiende mucho más allá de esos establecimientos".
"Asimismo, en muchas universidades las autoridades se encuentran condicionadas por estudiantes que, mediante el ejercicio de la fuerza o amenazas reiteradas, limitan la gestión institucional. En resumen, nos encontramos en un escenario crítico, enfrentando los resultados de aquello que no quisimos abordar hace diez o veinte años y que permitimos crecer hasta su validación definitiva tras el estallido social", opinó.
Por su parte, Mario Herrera, Cientista Político de la U. de Talca, prevé escenarios a corto y largo plazo.
En el corto plazo, considera que la posibilidad de que siga aumentando depende de la capacidad del gobierno para asociar la manifestación con violencia. "La manifestación muy temprana en un gobierno puede tener estos efectos contraproducentes contra la misma movilización. Algo parecido le pasó a Milei en Argentina. Hubo manifestaciones desde el inicio, poco masivas y con resultado de violencia. Si coinciden estos tres factores, el gobierno podrá aislar las manifestaciones y asociarlas con hechos de violencia".
En tanto, la apuesta a largo plazo para disminuir los niveles de violencia política y social "pasan por el trabajo con las comunidades educativas, por fortalecer la educación cívica y por incentivar las formas democráticas como canales legítimos para resolver problemas y canalizar demandas. Todo eso requiere un esfuerzo más estructural".
La disyuntiva de Kast
Con todo, Herrera cree que aunque habrá una condena transversal a los hechos en particular, el impacto social dependerá fundamentalmente del control del gobierno.
"Hoy Kast tiene dos decisiones posibles. La primera, y es el camino seguido hasta ahora, es anunciar querellas y apoyarse en la condena transversal a los hechos. La segunda es ceder ante el Partido Nacional Libertario (PNL) y endurecer el discurso, quitando beneficios a los involucrados o por la vía legislativa sin aceptar las modificaciones al proyecto de ley que hoy ofrece mejorar ChileVamos".
En ese sentido, advierte que si el gobierno opta por el segundo camino eventualmente "puede implicar una escalada del conflicto", particularmente en los grupos más radicales que son -además- quienes protagonizan los actos de violencia.
