En la sesión de hoy participó el Presidente José Antonio Kast.
Prensa Segpres.
En su segunda sesión, el
Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, recibió el primer informe elaborado por el
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), donde se identificaron algunas alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales.
Esto a raíz de los datos de más de 500 servicios públicos, entre el año
2025 y el 10 de marzo de 2026. Dichas alertas son señales que hoy se encuentran en proceso de análisis.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el Comité, informó que "dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad".
Las alertas detectadas
Así, se entregaron algunos ejemplos de las alertas detectadas, entre las que figuran, transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.
Además, se habla de patrones de contratación que "podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de "Compra Ágil" en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día".
Asimismo, se da cuenta de más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo. Junto con la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025 durante la administración de Gabriel Boric.
Junto a más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.
En materia de licencias médicas, se identificaron cerca de 100.000 trabajadores con permisos superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.
Por otra parte, hay reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior y la asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
"Este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos de todos los chilenos. Lo estamos haciendo con las capacidades que hoy tenemos disponibles, gracias al trabajo y compromiso de más de mil auditores internos, para decirle con claridad a la ciudadanía cómo se gastó cada peso público", dijo Castillo.
La autoridad detalló que se recibieron más de 213 millones de registros de datos, que han sido analizados en conjunto con otros sets de datos de sistemas administrativos y transaccionales de la gestión pública, además de aquellos datos abiertos y disponibles en plataformas de transparencia.
Los auditores tendrán hasta el 16 de abril que remitir la información al CAIGG sobre el uso de recursos fiscales correspondiente al año 2024. Y entre el 17 y el 27 de abril, lo del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.
Luego, el proceso entra en la fase de consolidación de hallazgos, priorización de focos críticos y la definición de primeras líneas de investigación, y si corresponde, eventuales derivaciones de información a otros organismos.
