Este viernes se dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría realizada por el Ejecutivo a la administración del exPresidente Gabriel Boric. Tras esto
, la bancada de Diputadas y Diputadas del Frente Amplio anunció que ofició al Gobierno.Cabe recordar que el informe identificó una serie de alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos, considerando información entre 2025 y marzo de 2026. El documento fue expuesto en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encabezado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
Entre los antecedentes detectados, se mencionan transferencias por más de US$140 millones a entidades con menos de un año de funcionamiento, además de patrones de compra que podrían evidenciar una fragmentación de adquisiciones mediante el mecanismo de "Compra Ágil".
El informe también da cuenta de más de mil contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, así como la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas en los últimos meses de 2025. A esto se suman más de mil convenios que, pese a haber sido completamente pagados, presentan montos no rendidos que superan los US$50 millones.
Otro aspecto fue el volumen de licencias médicas, con cerca de 100 mil funcionarios con permisos superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extienden por más de un año. Además, se advirtieron traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata y la asignación de recursos a programas con evaluaciones consideradas insuficientes.
FA oficia al Gobierno
Tras esto, se dio a conocer que el pasado miércoles 8 de abril, la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio ofició al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para solicitar información detallada sobre el denominado Plan de Inspección Total, impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La iniciativa busca esclarecer los alcances, fundamentos y procedimientos de esta auditoría, luego de que surgieran cuestionamientos en torno a su diseño y ejecución. En esa línea, desde la bancada manifestaron la necesidad de contar con mayores antecedentes para evaluar la legitimidad del proceso.
La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans señaló que "esta auditoría del gobierno deja más dudas que certezas (...) Cuando estamos hablando de una acción de fiscalización esta debe ser legítima e imparcial y eso es lo que cuesta creer, por lo mismo, dado que no puede ser juez y parte quien realiza una auditoría, es que estamos realizando este oficio como bancada, porque creemos que la respuesta la debe tener todo el país".
Entre los antecedentes requeridos se encuentran el diseño general del plan, sus objetivos específicos, las bases legales que lo sustentan, así como los fundamentos jurídicos invocados. También se solicitó aclarar si la iniciativa contó con toma de razón de la Contraloría o si se trata de un acto administrativo exento, además de eventuales informes previos que hayan respaldado su implementación.
Asimismo, el oficio pide información sobre las reparticiones incluidas en la auditoría, los criterios de selección utilizados, la composición de los equipos de trabajo, el número de auditores asignados y los mecanismos definidos para evitar conflictos de interés. Finalmente, se solicitó detallar la metodología aplicada, los procedimientos utilizados y los estándares técnicos que rigen el proceso.
