Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior.
Jonathan Mancilla
A casi un mes de gestión del Gobierno de José Antonio Kast, la violencia en contexto educativo ha sido un tema central para la nueva administración, la cual ha tenido que enfrentar conflictivos hechos, como el homicidio a una inspectora en un colegio en Calama, o la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en una actividad en la Universidad Austral.
A raíz de ese ataque, este sábado fue el último exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera,
el abogado Juan Francisco Galli, quien se refirió al ataque contra la titular de cartera a través de una carta al director publicada en El Mercurio, en la cual sostiene que "la discusión debería centrarse en la
validación institucional de la misma, más que en declaraciones o tuits de condena".
En el escrito, la exautoridad hace un recuento de cuatro hechos específicos que -a su juicio- contribuyeron al actual ambiente, por ejemplo, criticando a integrantes de la Convención Constitucional, como al abogado y académico Fernando Atria.
Galli también se refiere al exPresidente Gabriel Boric, cuestionando que en el Año Nuevo de 2022 haya perdonado "a quienes fueron condenados por violentar a la sociedad chilena, declarando que no eran delincuentes", en relación a detenidos en el marco del Estallido Social.
Revisa a continuación la carta completa:
"A raíz de la cobarde agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, me parece que la discusión debería centrarse en la validación institucional de la misma, más que en declaraciones o tuits de condena.
Para ello no hay que remontarse tan atrás. Fue en 2020 cuando cuatro senadores ingresaron un proyecto de ley que no solo eximia de castigo, sino incluso de declarar en investigaciones judiciales, a quienes hubieran ejercido violencia en el contexto de manifestaciones (precisamente lo que ocurrió el miércoles).
Luego, Fernando Atria, embriagado del ímpetu constituyente, declaraba a la violencia como partera del proceso.
Durante la misma Convención, integrantes que ahora son congresistas y, algunos, profesores de Derecho, querían eliminar el requisito de que las manifestaciones garantizadas constitucionalmente fueran 'pacíficas'.
Y finalmente, en un tristemente recordado año nuevo, el presidente Boric perdonó a quienes fueron condenados por violentar a la sociedad chilena, declarando que no eran delincuentes.
Después de esta validación institucional, ¿nos seguiremos preguntando por qué algunos creen que pueden agredir sin tener un castigo por ello?"
