Marisol Prado fue desvinculada de su cargo como directora del SML.
Aton / Archivo.
Este viernes, el Ministerio de Justicia solicitó la
renuncia de la directora del Servicio Médico Legal (SML),
Marisol Prado, aludiendo a razones de la pérdida de legítima confianza.
En marzo,
la cartera liderada por el ministro Fernando Rabat, instruyó una "revisión especial" al SML tras analizar una serie de antecedentes que evidenciarían falencias operativas y posibles inconsistencias en la información entregada por el organismo.
A través de un comunicado, desde el Ministerio de Justicia detallaron que "además del estudio de antecedentes recientes de auditorías, que dan cuenta de la complejidad de la situación, un reportaje de Canal 13 dio cuenta de una
posible omisión de datos vinculados a cerca de 50 cuerpos en un informe oficial presentado a fines de 2024 a la Comisión de Presupuesto, junto a supuestas falencias en el manejo de otros cuerpos".
Agregaron que los antecedentes dados a conocer por el reportaje periodístico "coinciden con información que el Ministerio de Justicia ha estado recopilando desde la llegada de las nuevas autoridades, y que actualmente está siendo analizada en profundidad para determinar eventuales responsabilidades al interior del SML".
Hoy, en un comunicado, el Munisterio de Justicia también detalla que se pidió la renuncia del subdirector médico, doctor Julio Sarmiento Machado; y del director regional metropolitano, Cristián Allendes Pérez.
"La decisión fue adoptada en el marco de las atribuciones propias de la cartera y busca resguardar el adecuado funcionamiento institucional del Servicio Médico Legal, así como fortalecer los estándares de gestión, probidad y responsabilidad administrativa", detallaron.
Anomalías
El reportaje del citado medio expuso el almacenamiento de cuerpos en salas destinadas al tránsito y problemas en la identificación de cadáveres, entre otras anomalías sanitarias.
Posteriormente, Prado acudió a la citación que hizo la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde apuntó al Registro Civil y la Fiscalía por las irregularidades expuestas.
Respecto a la diferencia en los informes presentados a la comisión mixta de presupuesto, Prado explicó que "estos casos corresponden a 21 fallecidos ingresados al SML en su mayoría en el segundo semestre de 2024 que no fueron informados oportunamente en el informe que corresponde a ese periodo y 39 anterior al 2024, todos estos casos se encontraban en proceso de inhumación coordinado con el Ministerio Público (…) sin embargo cambiaron las condiciones y criterios y al no concretarse la inhumación se volvieron a incorporar".
Informes de Contraloría
El pasado 31 de marzo, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en las plataformas tecnológicas y administrativas del SML.
Se trata del Informe Final N° 735 de 2025, emitido por el organismo fiscalizador, que revisó la plataforma tecnológica del SML y sus sistemas institucionales entre abril de 2021 y junio de 2025.
El documento detectó que el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias del Servicio Médico Legal (SIGAL), que registra los exámenes de alcoholemia, funcionaba sin supervisión del área de informática desde 2023 y tampoco contaba con la aprobación de nuevas versiones. Las revisiones quedaban a cargo de un profesional externo al SML, bajo contrata a honorarios.
La auditoría también estableció que los ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se registran en libros de papel, sin exigencias mínimas de información relevante, como la identificación de los médicos responsables.
También se halló que la eliminación de muestras era consignada en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificultaba la trazabilidad e identificación.
En tanto, se identificaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no formaban parte del personal vigente del SML.
En julio de 2025, la Contraloría había revelado deficiencias en el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de ADN, detectando atrasos en el ingreso de datos por parte del Servicio Médico Legal (SML) al Sistema Nacional de Registros de ADN, administrado a través del aplicativo CODIS (aportado por el FBI), el cual contiene las huellas genéticas tomadas en diversos procedimientos penales.
Asimismo, determinó que la toma de muestras biológicas presenta retrasos principalmente en los análisis que efectúa Gendarmería y el envío de estas al Servicio Médico Legal. Además, se constataron demoras en el análisis, validación y determinación de la huella genética por parte del SML, lo que impide que el ingreso al CODIS se haga de manera oportuna, ocasionando que, en algunos casos, entre la toma de la muestra biológica del individuo y el ingreso al registro, hayan transcurrido hasta 13 años.
