La detención y formalización de tres estudiantes de la Universidad Austral son parte de los últimos antecedentes que se conocen en torno a la agresión que sufrió la
ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril.
El 20 de abril, María Madariaga Rojas, Joaquín Monje Sazo y Pablo Vásquez Burgos quedaron en libertad y con la medida cautelar de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.
La mujer es estudiante de Antropología. Fue presidenta de la federación de estudiantes de la UACH en Valdivia, en los años 2023 y 2024. A través de sus redes sociales se apreció que tiene tatuajes en su rostro. Mientras que en el caso de Monje, estudiante de Pedagogía, fue clave su identificación por su camisa amarilla con negro.
En tanto, desde la Universidad han reiterado la disposición a "colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, dentro del ámbito de sus competencias", y aseguraron que la institución "mantiene en curso su procedimiento interno".
Desde la Federación de Estudiantes de la U. Austral de Chile (FEUACh) han condenado los hechos de violencia, y aseguran que han ocurrido episodios de "hostigamiento y amenazas" hacia diversos estudiantes, apuntando a razones políticas.
La instancia estudiantil es presidida por Valentina Jara, estudiante de Derecho, quien en conversación con el Diario Austral, abordó lo ocurrido.
Ayuda legal a estudiantes
Consultada por su parecer respecto a que la universidad haya invitado a la ministra Lincolao a la inauguración del año académico, Jara sostuvo que esto "no depende de la Federación y por lo mismo tampoco se nos consulta sobre el evento. Fue una decisión de la universidad traer a la ministra y, lamentablemente, ocurrieron los hechos que hoy son de conocimiento público".
Respecto al manejo de la federación sobre este tema, la dirigenta sostuvo que en las últimas semanas se han analizado distintos temas, entre ellos, "el amedrentamiento que han sufrido las y los estudiantes de nuestra casa de estudios, además de la correspondiente estigmatización. A fin de cuenta, se ha terminado metiendo a todos los estudiantes UACh en un mismo saco, afirmando que seríamos todos delincuentes. En realidad somos estudiantes universitarios que nos estamos formando como profesionales, buscando el conocimiento y desarrollando el pensamiento crítico".
Consultada por la relación de la FEUACh con los estudiantes formalizados, Jara explicitó que están preparando ayuda legal "a todos las y los estudiantes que así lo requieran. Tenemos un equipo de dos abogados quienes, pro bono, están disponibles para realizar asesorías y de representación, si así fuere necesario. Ellos ofrecieron ese tipo de apoyo a las personas que hoy están en calidad de imputados".
"Nosotros tenemos que garantizar que tengan al menos derecho y respeto al debido proceso, que se debe cumplir en su totalidad y con todas las garantías que supone. También tenemos que garantizar que tengan acceso a una defensa, que es lo más importante", cerró.
Manejo del Gobierno
Respecto al manejo que ha tenido el gobierno en torno al caso de la agresión a Lincolao y la urgencia que le ha puesto a este tema para resolverlo, la dirigenta estudiantil planteó que "el Gobierno tiene la libertad para salir y afirmar a los medios, lo que quiera, pero lamentablemente aquí yo creo que se ha usado erróneamente la situación".
"Se terminó criminalizando a todo el estudiantado y estigmatizándolo, generándose el estereotipo de que las y los estudiantes de la Universidad Austral de Chile son delincuentes. También se ha generado pérdida de autonomía de la universidad, porque tenemos una serie de ministros y personalidades públicas que han salido a presionar a la institución para que adopte sanciones, no antes posible sin siquiera instar a que se respete el debido proceso que está reconocido en los instrumentos normativos bajo los cuales se rige este procedimiento administrativo interno que actualmente está llevando adelante la universidad".
En cuanto a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para la educación superior, comentó que "creemos que la reducción de los años de gratuidad o cualquier tipo de reducción que implique menos garantías en cuestiones de educación, supone no permitir el ingreso de personas que no cuentan con los recursos para costear aquello. Se trata de un tema de accesos, principalmente para quienes vienen de situaciones tal vez más vulnerables y para quienes han debido postergar su educación superior por diversas razones".
Amenazas
Jara enfatizó en que hay estudiantes que han sido amenazados y han recibido mensajes de hostigamiento por redes sociales y en algunos casos vía Whatsapp.
"Yo también los recibí, lo que me impidió estar muchos antes en una posición más pública, que es lo que se espera de la presidencia de una Federación. Yo lo viví de una forma muy dolorosa por ser, entre otras cosas, una persona pública y no logro concebir cómo lo estarán viviendo los demás estudiantes que no están necesariamente en la esfera pública. En mi caso hice la correspondiente denuncia a la PDI para que estos hechos también sean investigados", sostuvo.
Consultada por si las amenazas las atribuye a temas políticos, Jara expresó que "eso es algo que tendrá que ser determinado en la investigación correspondiente de la denuncia. Pero habría un margen que daría a entender que el problema es de izquierda y que estamos todos metidos en ese sector. Independiente de nuestras posiciones políticas personales, nosotros como Federación representamos a todo el estudiantado UACh, sin importar la posición política".
