Frente a la discusión del proyecto de reconstrucción del Gobierno, la oposición sigue evaluando la idea de concurrir o no al
Tribunal Constitucional (TC). Acción que indicaron analizarán junto a sus expertos constitucionalistas para asegurar los argumentos jurídicos de un eventual requerimiento.
La alternativa sigue sobre la mesa y según indicaron ayer algunos parlamentarios, se podría realizar en cualquier etapa de la tramitación de la iniciativa.
Otras voces, en cambio, creen que se buscará avanzar en ello y que podrían haber hasta ocho requerimientos en el organismo por el proyecto. Hasta ahora, el sector ha criticado la diversidad de temas que trata la "ley miscelánea" e incluso algunos han hecho reserva de constitucionalidad sobre aspectos que se tocan ahí como la invariabilidad tributaria por 25 años, por ejmeplo.
Como sea, el tema aún no está zanjado y abre una discusión entre abogados constitucionalistas y expertos políticos, sobre la viabilidad real de esta estrategia.
El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Soto, advirtió que "no es común llevar al TC un proyecto de ley en las primeras etapas de tramitación. Aunque no hay norma constitucional que lo impida, lo usual es que las fuerzas políticas primero intenten resolver los cuestionamientos constitucionales en el trabajo en comisiones y en la Sala. Y eso tiene sentido. Lo razonable es abrir primero el espacio a la negociación política para intentar superar los reclamos de inconstitucionalidad".
"Si bien acudir al Tribunal Constitucional siempre puede ser vista como una maniobra política, en un proyecto de ley tan extenso (como el de Reconstrucción) no sería extraño que existan asuntos que ameriten al menos una revisión por parte del TC. Recordemos que el proyecto regula cosas tan importantes como la igualdad ante los tributos y demás cargas públicas, entre otras materias de relevancia", complementó José Ignacio Núñez, abogado constitucionalista y docente del Magíster en Justicia Constitucional de la Universidad Autónoma.
¿Hay sustento?
En conversación con Emol, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, comentó que "las objeciones que se han anunciado no me parecen por ahora constitucionalmente fundadas, porque no se entiende bien cuál es el argumento técnico de la supuesta inconstitucionalidad y otras, me parece que hay algunos errores. Por ejemplo, cuando se impugna el proyecto de ley por tratarse de una de una supuesta ley miscelánea, lo que no se entiende es que la Constitución en el artículo sesenta y nueve, lo que prohíbe es algo muy distinto a lo que aquí se quiere acusar".
Así, explicó que "ese precepto constitucional prohíbe que se presenten adiciones o modificaciones a los proyectos durante su tramitación en el Congreso, que se aparten de las ideas matrices de un proyecto, de esa forma evitar la ley miscelánea. Pero ocurre que aquí el Presidente Kast trae todas estas ideas matrices en el mensaje mismo, lo que es una situación muy distinta, porque porque me imagino que nadie busca restringir a un Presidente de la República en su legítima discrecionalidad legislativa para seleccionar todos los temas que quiere proponer debatirse en el Congreso".
Y agregó que si bien se trata de una multiplicidad de temas en la ley, acotó que estos "vienen ya en el proyecto de ley del Presidente", acotando que "hay una especie de desvío de lo que realmente son las leyes misceláneas en esa crítica".
Sobre los cuestionamientos a la invariabilidad tributaria, Fermandois dijo que "tampoco me parece que tenga respaldo constitucional una impugnación de ese tipo, porque lo que propone el proyecto", asegurando de paso que "la Constitución no impide que el Estado de Chile celebre contratos (...) si el Estado de Chile quisiera el día de mañana retractarse de un contrato previamente celebrad y eso tiene impacto en los derechos de terceros tendrá que indemnizarlos, eso es lo que la Constitución exige. Pero de ahí a sostener que la Constitución impide la invariabilidad es una simplificación".
Pese a ello, precisó que "los requerimientos siempre hay que analizarlo en su mérito, es difícil anticipar que algo va a prosperar o fracasar. Yo no veo por ahora crítica plausible de fondo constitucional. Me parece que que los anuncios son parte del ejercicio democrático que las oposiciones suelen realizar y no siempre se concretan por lo demás".
Aquella posición ha sido compartida por otras figuras, así el exministro del TC José Antonio Viera-Gallo, comentó en El Mercurio que "a primera vista, no veo que haya ninguna objeción de constitucionalidad. Otra cosa es que puedan haber objeciones políticas, pero constitucionalidad no me parece".
La expresidenta del TC y directora del Centro de Justicia Constitucional UDD, Marisol Peña, coincidió en que "no constituye una reserva de constitucionalidad ni un vicio de constitucionalidad el decir: 'Este es un proyecto que beneficia a los ricos o a los súper ricos en desmedro de los pobre", añadiendo que ellos "eso es una apreciación política".
Una postura distinta expresó el vicedecano de la facultad de Derechos de la Universidad de Chile, Francisco Soto, quien explicó a Emol que, "yo creo que el tema de lo misceláneo y de poder identificar los fundamentos del proyecto es bien determinante, porque no es algo necesariamente estrictamente político, o sea, va a afectar la tramitación del proyecto. El definir las ideas matrices de alguna manera, identifica en qué comisión se va a discutir, cómo se va a tramitar el proyecto, y eso va a ser un problema recurrente de este proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo".
"Entonces, el hecho de concentrar tantos temas en un solo proyecto sin duda degrada el trabajo legislativo. Y es un un un tema recurrente en las democracias latinoamericanas (...) en Argentina Milei también trató de concentrar el debate para, básicamente, que el Parlamento termine, básicamente, discutiendo este proyecto en términos muy acotados", sostuvo.
En esa línea, Soto consideró que "a mí me parece que es un tema de fondo, en ningún caso es un tema político y que el Tribunal Constitucional debería eventualmente pronunciarse (...) Va a ser una discusión discusión que, por lo pronto, va a estar desde la admisibilidad del proyecto hasta la cuenta, el trabajo en comisiones, y eventualmente en el Tribunal Constitucional. No, no creo que sea una discusión que se va se va obviar, porque claramente afecta la discusión del proyecto".
En El Mercurio, el abogado Javier Couso (UDP, U. de Utrecht), cree que el carácter misceláneo es el único punto que tiene "algún grado de peligrosidad para el proyecto", pero sostuvo que "como (las leyes misceláneas) no están explícitamente prohibidas por la Constitución, es posible que no haya mayoría o derechamente el TC diga: 'Como no están explícitamente prohibidas, no se puede inferir a partir de la prohibición de indicaciones que lleven las leyes misceláneas que se buscaba, que nunca haya leyes misceláneas".
¿Buena estrategia?
El director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, expresó que "lo razonable es que esto se vote, si se aprueba o no se aprueba la idea de legislar, eso es lo primero. Sin ser jurista creo que el tribunal es a posterior, si esto se avanza (...) me parece que antes es acotar la discusión".
"La oposición tiene que armarse, buscar un relato de oponerse como oposición, pero yo creo que no le conviene" ir al TC como una maniobra dilatoria, apuntó Cavieres. A su parecer, ellos tienen que "anticiparse a los escenarios".
El cientista político Alfredo Joignant, también discrepó con la idea de ir al TC en su cuena de X. "No me convence: refleja incapacidad politica. Debates políticos se dirimen políticamente, y solo en ultima instancia en espacios jurisdiccionales", escribió.
Por su parte, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, opinó que "en el asunto político, el, si es que la oposición decide ir al Tribunal Constitucional, lo único que va a hacer es es bloquear la posibilidad de que se discuta un proyecto tan relevante que supone la entrega de recursos para las zonas afectadas por los incendios, y ahí los diputados y los senadores de las zonas afectadas por esos incendios, particularmente de Ñuble, Biobío y Valparaíso, le van a tener que ir hasta a rendir cuentas a sus electores explicando por qué están bloqueando un proyecto de estas características".
"En segundo lugar, lo que debiese hacer la oposición, al igual como lo han hecho las oposiciones en Chile, particularmente en los 90, es constituir grupos técnicos, grupos de economistas que sean expertos en el área, con el fin de oponerse programáticamente al proyecto, no oponerse por una medida jurídico administrativa, que sería llevar esto al tribunal constitucional Si es que la oposición quiere ser un actor relevante, entonces, que ponga a su mejor gente como voceros para explicar el proyecto y para señalar las debilidades que este tiene", precisó Morales.
"En tercer lugar, hacer lo anterior implica copar la agenda de discusión con respecto a este tema, porque el partido de la gente es el partido que, en mayor medida, se ha posicionado como el actor de diálogo, y la oposición está hoy día encajonada, amañada, amurrada, y eso la gente lo percibe, y probablemente va a ser castigada por el hecho de ni siquiera dar el paso para discutir esto en general", recalcó Morales.
De acuerdo a la última encuesta Black & White, dada a conocer este viernes, la gran mayoría (80%) evalúa con nota 1 a 4 a la oposición, resultando en una nota promedio de 3,0.
Al contrario, la postura del PDG en torno al proyecto de Reconstrucción -tienda que logró un acuerdo con el Gobierno-, la mayoría (57%) sí respalda la postura del PDG, sobre apoyar la idea de legislar para que se discuta el proyecto.
