Un nuevo traspié sufrió este miércoles el proyecto de ampliar
la cárcel Santiago 1, luego de que la Contraloría General de República refutara el aspecto técnico de la obra.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno de
Gabriel Boric y la idea ha sido mantenida por la actual administración. El decreto al que se refirió el organismo fue ingresado por la administración pasada a principios de febrero.
A través de un comunicado, se explicó que el organismo representó el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Sin embargo, en su oficio el organismo plantea que "no fue posible determinar si la ampliación del Centro de Detención se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto".
Y agrega que "esto es relevante para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N°21.636".
Por otra parte, sostiene que "no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto".
Por otra lado, para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que se pretende modificar "dificultando el estudio de la situación de esos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa".
El oficio fue enviado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Justicia, a la Gobernación Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago.
Choque entre el Gobierno y Desbordes
Cabe recordar que un fallo judicial frenó el proyecto, pero que el Gobierno apelará a éste. El tema ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.
Ayer, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó polemizar, afirmando que "debemos comprender que el problema que hoy día tenemos con el hacinamiento carcelario es una cuestión de bien común, de bien público. Es el Estado de Chile el que necesita nuevas cárceles y ampliación de otros centros penitenciarios".
Rabat acotó que "si el terreno estuviera, estaríamos construyendo en ese terreno".
De este modo, ante este escenario de paralización administrativa y judicial, el alcalde Desbordes solicitó al Ministerio de Justicia evaluar alternativas técnicas en predios alejados de los centros densamente poblados, citando como ejemplo los criterios de planificación que ya se han aplicado en otras regiones del país.
"Esperamos que el Gobierno entienda que este proyecto ahí no es bueno, no tiene viabilidad, y teniendo y disponiendo de terrenos en el resto de la región, se emplace esta cárcel en un lugar alejado de zonas urbanas. ¿Por qué en Santiago es distinto? ¿Por qué acá se sigue aplastando los derechos de los vecinos y vecinas que han sufrido tanto con la sobrepoblación penal que hay en la zona?”, concluyó.
