En abril de 2024, semanas después del crimen del teniente Emmanuel Sánchez en Quinta Normal, la Policía Nacional de Colombia detuvo a Dayonis Orozco Castillo, quien se fugó de Chile tras el asesinato y fue capturado en ese país antes de ingresar a Venezuela, su nación de origen.
Transcurrido el tiempo, el 6 de febrero pasado, la Corte Suprema colombiana autorizó la extradición de Orozco para ser imputado no solo por el crimen del funcionario policial, sino también por su vinculación al secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
El caso de Orozco Castillo es un ejemplo más de los procesos de extradición que ha solicitado Chile en los últimos años, principalmente a Colombia y Venezuela, países cuya participación de sus ciudadanos en delitos cometidos en el país
se ha incrementado a raíz de la presencia de bandas transnacionales como el Tren de Aragua.
Según datos obtenidos por Emol, en los últimos tres años, Chile ha presentado 94 solicitudes de extradición, la mayoría a Venezuela y Colombia (12 y 35 respectivamente). De estas, Bogotá ha aceptado seis, mientras que Caracas ninguna.
Por contraparte, Chile ha recibido 53 solicitudes de extradición.
Proceso de extradición
Desde la PDI explicaron cómo es el proceso de extradición. En el caso de ser activas, es decir, desde Chile a otro país, el procedimiento comienza con un requerimiento investigativo del Ministerio Público. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de Cancillería emana un oficio y se inician las gestiones con Interpol y las cortes de apelaciones del país requerido, donde se entrega información y antecedentes del sujeto de interés-
"Asimismo, se coordinan actuaciones con los consulados de Chile en el extranjero para la debida documentación del extraditado y la realización de los controles migratorios correspondientes. Se gestionan con DGAC las autorizaciones para el ingreso y traslado de funcionarios policiales y de los extraditados dentro de las dependencias de los diversos terminales aéreos a nivel nacional. Finalmente, se informa sobre la materialización de la extradición activa a las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones solicitantes, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la UCIEX", indicaron
En caso de ser extradiciones pasivas, es decir, de otro país a Chile, "se recepciona la comunicación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se informa la concesión de la extradición pasiva de un ciudadano extranjero o chileno a solicitud de autoridades competentes de otro Estado".
"Para su tramitación se realizan gestiones con Interpol a nivel global y con la Corte Suprema, con la cual se tramita, entre otros asuntos, el alzamiento de arraigos que el requerido pudiera mantener vigente y la obtención de documentos de identidad de ciudadanos chilenos o extranjeros con residencia en el país, además de cualquier otro requerimiento relevante que surja durante el proceso", continúa la PDI.
También se trabaja con Gendarmería "para obtener información sobre la situación de salud y comportamiento de los requeridos, solicitar el traslado de internos recluidos en regiones hacia la ciudad donde se concretará la extradición y coordinar la entrega del extraditado a personal de Interpol del país en cuestión el día de la materialización del procedimiento, Finalmente, se informa sobre la materialización de la extradición pasiva a la Corte Suprema y Cancillería".
Solicitudes con Colombia
En conversación con este medio, Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, abordó la intensa y buena colaboración entre Chile y Colombia en materia judicial.
"Con Colombia la relación es muy intensa por la propia naturaleza de ese país, dado que tiene un historial de bandas criminales con actividades en distintos países, que nos incluye. También porque Colombia, en relación al Tren de Aragua, ha sido un país al menos de tránsito o que también está instalado esta organización. Entonces, en el caso de los prófugos, muchos de ellos intentan llegar a Venezuela y la última parada es Colombia, y ahí hemos logrado parar a varios" como Dayonis Orozco, dijo el abogado
"Nosotros, numéricamente, le pedimos más cosas a ellos, pero ellos también tienen solicitudes hacia nosotros", agrega.
Desde el Ministerio Público han ido avanzando hacia una colaboración y un flujo de información más constante, con el fin de "abordar los fenómenos criminales que a ambos países nos afligen".
A hoy, Juan Pablo Glasinovic valora las buenas relaciones no solo a nivel de Ministerio Público, sino también entre las policías entre Chile y Colombia: "Hay una comunicación expedita, fluida y la voluntad de colaborar".
Venezuela, un diálogo estancado por las relaciones diplomáticas
Con Venezuela la situación es distinta. Entre 2025 y 2026, Chile ha elevado 12 solicitudes de extradición, donde solo una se encuentra cerrada.
Fue en 2024, cuando se suspendió la extradición de Carlos Reyes, requerido por el delito de abuso sexual agravado, por existir aún trámites administrativos pendientes en Venezuela para la ejecución de la extradición.
La última extradición materializada fue en 2019, con César Volcán Molina procesado por el delito de robo.
El quiebre diplomático entre Chile y Venezuela ha generado un estancamiento en los procesos de extradición. Glasinovic revela que
"estamos trancados", sin "la posibilidad de que juzguen" y con varias solicitudes pendientes. La autoridad central, es decir, la que conduce y tramita los requerimientos de extradición como lo es Cancillería, no ha restablecido los lazos con su par venezolano.
"Entonces estamos con un problema, tenemos varias, 3 o 4 solicitudes de extradición, que no hemos podido remitir a Venezuela, porque como Venezuela cortó los vínculos, no les puede llegar esta solicitud, y ellos también tienen un par que nos quisieran hacer a nosotros, entonces está congelada estas solicitudes hasta que no se restablezca la relación", señaló.
Sin embargo poco a poco se empieza a reactivar el diálogo entre fiscalías tras la caída de Nicolás Maduro y la posterior salida del polémico Tarek William Saab de la Fiscalía General de Venezuela.
Además, Juan Pablo Glasinovic es enfático en señalar que pese a las dificultades diplomáticas, la colaboración entre ambos ministerios públicos jamás se ha cortado.
"El caso de Venezuela es una situación especial, porque tenemos una ruptura de relaciones diplomáticas. Pero, aun así, con todos esos problemas, nunca, a nivel de fiscalías, se ha cortado completamente el flujo de cooperación", subrayó.
"Y ahora que hubo un cambio con la salida de este fiscal general y hubo una renovación de muchas jefaturas, ha comenzado a retomar, después de un estancamiento de varios meses, -3 a 4 estima- que prácticamente no habían respuesta, las relaciones. Se nota como un aire nuevo", agregó.
