En medio de una nueva arremetida judicial por el caso Sierra Bella, la diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció este lunes la presentación de una querella por denuncia calumniosa en contra del actual alcalde, Mario Desbordes.
La acción surge luego de que el jefe comunal impulsara una nueva ofensiva judicial vinculada a la fallida compra del inmueble, pese a que la causa fue investigada por más de dos años y terminó con el sobreseimiento al no configurarse delito.
"Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno. Sin embargo, el alcalde busca manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme. Persistir en las mismas acusaciones responde a una estrategia política y comunicacional inaceptable, por eso presentaremos una querella por denuncia calumniosa ante lo que ha sido una persecución política sistemática del alcalde", señaló la parlamentaria.
Desde su defensa, el abogado Miguel Schürmann sostuvo que la acción judicial apunta a resguardar la honra de Hassler, así como también el correcto funcionamiento del sistema de justicia, frente a imputaciones sobre hechos ya zanjados por los tribunales.
"La causa Sierra Bella fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito. Lo mínimo que uno puede esperar de las autoridades públicas es respetar las instituciones. Aquí simplemente se está burlando del accionar de la justicia, el principio de única persecución y la cosa juzgada", afirmó.
Asimismo, descartó los argumentos del alcalde respecto a una supuesta obligación derivada de un informe de Contraloría para presentar acciones judiciales. "Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso defiende su facultad para juzgar la responsabilidad administrativa, sabiendo que sobre lo penal hay cosa juzgada", sentenció.
El origen del caso se remonta a enero de 2023, cuando el organismo contralor detectó irregularidades en los procedimientos internos asociados al contrato y a los pagos que el municipio buscaba concretar para la compra del recinto hospitalario.
Desde la defensa de Hassler insisten en que estos antecedentes ya fueron analizados en sede penal, descartándose la existencia de delito, por lo que consideran que insistir en nuevas acciones judiciales podría configurar el delito de denuncia calumniosa.
