Una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) encendió las alarmas sobre un eventual esquema organizado de ingreso irregular de menores haitianos a Chile, lo que derivó en una investigación por posible tráfico ilícito de migrantes y donde poco a poco van surgiendo nuevos antecedentes.
De acuerdo con una denuncia presentada ayer por el Sermig, la Contraloría General de la República (CGR) en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron que al menos 12 adultos habrían ingresado en múltiples ocasiones al país acompañando a menores haitianos como supuestos tutores.
Sin embargo, las indagaciones apuntan a que no existirían lazos reales con los niños y que tampoco contaban con las autorizaciones legales exigidas para su traslado.
Según el informe de Contraloría, entre enero y abril de 2025 ingresaron al país más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, la mayoría bajo reunificación familiar, detectándose además falencias en la verificación de antecedentes y casos de menores que no residían con los adultos declarados o no fueron informados a las autoridades competentes.
Por ello, el servicio planteó al Ministerio Público un eventual delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado y donde la denuncia apunta "a los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables".
Desde la Fiscalía Nacional informaron la apertura de una investigación de oficio que quedó a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir.
Según constataron, uno de los antecedentes es que la relación entre los adultos y los menores de edad "no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país".
Además, se baraja la posibilidad de que "un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente".
El propio Presidente José Antonio Kast señaló en su cuenta de X que "la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan".
Más de 200 niños y "grupo muy organizado"
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, fiscal Eugenio Campos, hoy en conversación con Radio Duna cifró a los menores afectados en "más de un centenar. Yo creo que puede que incluso aquella cifra que yo señalé, o que puedo indicar, es demasiado conservadora, más de 200, y respecto a los cuales se trata de un periodo que al día de hoy solo abarcaría entre enero a abril del año 2025".
"Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (...) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (...) Estamos hablando de un grupo muy organizado", profundizó el fiscal.
Campos no descartó la participación de funcionarios públicos -tanto chilenos como extranjeros- en el caso y afirmó que las figuras penales que se investigan son "cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso. Segundo, aquella figura del funcionario público extranjero, nosotros lo podemos descartar conforme a tratados internacionales y tercero, todo lo que hizo relación con la falsificación de instrumento público, ya sea para el uso o no del ingreso de niñas, niños y adolescentes en nuestro país".
El persecutor calificó como "lo más grave" que no se conoce la ubicación actual de los menores, ya que "si yo tengo el objetivo, si uno se presenta en la cabeza de que realmente tenemos a personas que vamos a traer a ingresar a nuestro país bajo su pretexto de precisamente el programa de reunificación familiar, es porque yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, en los antecedentes de la investigación, no los tenemos y tenemos que indagar".
"Yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a los cuales nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero", señaló el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
Thayer y denuncias por posible "red"
Respecto al tema, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, señaló que en 2023 su gestión denunció a agencias de viaje y líneas aéreas ante el Ministerio Público por presuntas redes de tráfico en el contexto de vuelos desde Haití.
En conversación con Radio Bío Bío, señaló que el problema "no es nuevo" y que "ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público. Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile que eventualmente podrían estar involucradas en una red o incurriendo en el delito de trata o tráfico de personas. Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso".
"Yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, en los antecedentes de la investigación, no los tenemos y tenemos que indagar".
Fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional
Respecto al ingreso de los menores al país y la documentación que deben portar sus tutores legales, afirmó que "la PDI chequea normalmente la existencia de esa documentación. Lo que no funciona bien es que hay un déficit en la forma en que son trasladados los niños en los aviones, puesto que las líneas aéreas los embarcan sin que tengan el cumplimiento de la norma que establece que por cada adulto deben venir tres o cuatro niños máximo. Esa norma no se está cumpliendo. Nosotros advertimos a la DGAC para que no autorice vuelos de las líneas aéreas que provenían de Haití".
Añadió que "nosotros dispusimos antecedentes al Ministerio Público respecto de agencias de viaje que desde nuestro punto de vista constituían un sujeto sospechoso, y de líneas aéreas, para que el Ministerio Público lo investigara".
Respecto de la responsabilidad de los hechos, Thayer mencionó que "en lo que respecta a problemas con los vuelos, con la autorización y con la seguridad del vuelo, la entidad responsable es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si hay algún problema ahí, es ahí donde hay que corregir la situación. La institución contralora de frontera que debe verificar que las personas vengan con las residencias otorgadas y que, en el caso de que haya niños, los reciban sus padres, es la Policía de Investigaciones (...) Hay tres instituciones acá que eventualmente podrían tener responsabilidad".
Acusan tráfico de órganos
Ayer el diputado Enrique Basaletti (Republicano) planteó la hipótesis de que el caso podría vincularse a tráfico de órganos, "como pasó algunos años en Antofagasta y Arica, donde aparecieron niños que habían sido operados para extraerle órganos", como consignó Radio Cooperativa.
Consultado sobre el tema, el fiscal nacional, Ángel Valencia, mencionó al citado medio que "si el diputado afirma que así ocurrió, entiendo que así debe haber ocurrido".
"Yo no recuerdo en el periodo como fiscal nacional que me hayan reportado un hecho tan grave como este. Pero si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera", aseguró.
El jefe del Ministerio Público agregó que "vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano".
Oficialismo pide comisión investigadora
Esta mañana diputados de la UDI y Republicanos anunciaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputados por los hechos conocidos.
La diputada Natalia Romero (UDI) señaló que "estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control".
Por su parte, el diputado Mario Olavarría (UDI) sostuvo que "los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su facultad fiscalizadora. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso".
Los parlamentarios recordaron que el informe de Contraloría también advierte casos en que no existía documentación suficiente para acreditar vínculos familiares, situaciones de personas que ingresaron reiteradamente con menores de edad y la existencia de vuelos chárter que actualmente forman parte de las indagaciones abiertas por el Ministerio Público.
"Esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia. El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado", agregaron.
Asimismo, la bancada del Partido Republicano confirmó que también impulsará una CEI para esclarecer los hechos vinculados a la inmigración irregular desde 2014 a la fecha, con especial foco eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de niños.
El diputado José Carlos Meza (Republicano) mencionó que "el país debiese estar a la altura de estas circunstancias, ya hemos tomado la decisión de presentar una Comisión Especial Investigadora para hacer investigación de los hechos, conocer las responsabilidades, pero no solo respecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que esto debiese extenderse hacia los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de 2014".
