Un amplio revuelo político se generó en el Congreso luego de conocerse antecedentes sobre el ingreso irregular de ciudadanos haitianos -incluyendo menores de edad- y posibles fallas en los controles del Estado, lo que activó una ofensiva transversal de parlamentarios que anunciaron la creación de comisiones especiales investigadoras.
Según el informe de Contraloría, entre enero y abril de 2025 ingresaron al país más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, en su mayoría bajo la figura de reunificación familiar.
Además, se detectaron falencias en la verificación de antecedentes, así como casos de menores que no residían con los adultos declarados o que no fueron informados a las autoridades competentes.
En este contexto, distintas bancadas comenzaron a articular acciones fiscalizadoras. En primer lugar, la bancada del Partido Republicano de Chile confirmó que impulsará una Comisión Especial Investigadora (CEI) para esclarecer los hechos desde 2014 a la fecha, con especial foco en niños y eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales.
El diputado José Carlos Meza explicó que, si bien los antecedentes más recientes apuntan a situaciones detectadas desde 2023, la intención es ampliar el análisis.
"Lo que hemos podido conocer durante las últimas horas es que se trataría de hechos que, al menos, vendrían ocurriendo desde 2023, pero nosotros creemos que no corresponde acotar la investigación a los últimos años, sino que por responsabilidad nos corresponde saber cómo es que llegamos a este Estado, en donde entran y salen de nuestro país sin ningún tipo de control quienes debiesen ser nuestro principal foco de preocupación, que son los niños", sostuvo.
En esa línea, añadió que "esto no tiene que ver con que sean niños chilenos o extranjeros. El país debiese estar a la altura de estas circunstancias, ya hemos tomado la decisión de presentar una Comisión Especial Investigadora para hacer investigación de los hechos, conocer las responsabilidades, pero no solo respecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que esto debiese extenderse hacia los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de 2014".
En paralelo, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) también anunció que impulsará su propia comisión investigadora, esta vez enfocada en las irregularidades detectadas por Contraloría en el ingreso de niños haitianos bajo la figura de reunificación familiar.
La diputada Natalia Romero advirtió que los antecedentes podrían ser más graves de lo que se conoce. "Estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control", señaló.
Por su parte, el diputado Mario Olavarría enfatizó la necesidad de establecer responsabilidades institucionales. "Los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su rol fiscalizador. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso", indicó.
A estas iniciativas se sumaron Renovación Nacional y Evópoli, que ingresaron una solicitud para crear una comisión investigadora que permita esclarecer las eventuales irregularidades, determinar responsabilidades políticas y administrativas, y evaluar las medidas adoptadas por los organismos públicos.
El subjefe de bancada de RN, Eduardo Durán, señaló que "cientos de niños haitianos ingresaron a nuestro país bajo las narices de las autoridades de la época y nadie hizo nada, todos miraron para el lado. Nadie sabe si esos niños ingresaron con sus padres, nadie sabe si ingresaron con su verdadera identidad, y tampoco nadie sabe dónde están hoy día y cuál es su paradero".
"Por eso, desde Renovación Nacional ingresamos una solicitud de una comisión investigadora especial para dilucidar y buscar las responsabilidades políticas respecto de este escándalo que no puede quedar sin sanción. Y también en nuestro rol fiscalizador haremos todo lo que está a nuestro alcance, con oficios a la Contraloría, esta comisión especial investigadora, y, si es necesario, nos haremos parte de las querellas que el Ministerio Público está llevando adelante frente a esta situación", agregó.
Asimismo, la jefa de bancada de senadores RN, María José Gatica, anunció el envío de oficios al Ministerio del Interior, al Servicio Nacional de Migraciones y a la Defensoría de la Niñez. "Este es un problema de Estado. Por eso he oficiado al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones para que informen cuántos niños y adolescentes haitianos se encuentran actualmente sin rastro conocido en nuestro país y qué acciones se están realizando para ubicarlos y proteger sus derechos. Asimismo, he oficiado a la Defensoría de la Niñez para que detalle cuál fue el plan de acción implementado durante el año pasado en el programa de reunificación familiar y cuáles son las medidas que está adoptando hoy para colaborar en la ubicación y protección de estos menores", señaló.
Por su parte, la bancada del Partido Nacional Libertario también ofició a distintas autoridades, solicitando antecedentes sobre protocolos de control, alertas previas, medidas de fiscalización y coordinación entre organismos, advirtiendo que estos hechos podrían haber expuesto a menores a graves riesgos.
Presunto tráfico de órganos
En medio del debate, algunas declaraciones elevaron aún más la tensión. Esto, luego de que el diputado Enrique Bassaletti planteara que esto podría deberse a un tráfico de órganos "como pasó algunos años en Antofagasta y Arica, donde aparecieron niños que habían sido operados para extraerle órganos".
Frente a ello, el diputado Meza (Rep) llamó a la cautela. "Yo creo que cuando se habla de presuntas denuncias hay que mantenerlo en eso. Yo lo que espero es que todos los antecedentes se puedan dar a conocer y por lo tanto, como no es una información de la cual nosotros tengamos mayor antecedente que los entregados por el diputado Basaletti, nos vamos a remitir a lo que él señale y a lo que él pueda aportar en el futuro", indicó.
Por otra parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo en conversación con Radio Duna que "si el diputado afirma que así ocurrió entiendo que así debe haber ocurrido. Yo no recuerdo en el periodo como fiscal nacional que me hayan reportado un hecho tan grave como este. Pero si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera".
"Vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano", sostuvo el jefe del Ministerio Público.
Oposición
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Díaz sostuvo que “la comisión investigadora de un eventual tráfico de niños de origen haitiano, y desde ahí que la democracia cristiana también va a formar parte de esta comisión, porque entendemos que, si existe un hecho de tal gravedad, debe ser investigado y debe ser también coherente con todos los procesos que han existido en esta materia".
"Hoy, la Democracia Cristiana y la bancada de diputados y diputadas tiene una visión bastante clara, que es representar la ciudadanía y que todos los hechos que sean, además, oscuros, que merezcan una investigación, se esclarezcan, porque Chile merece tener la verdad respecto a todos los hechos que se han ido avanzando en este tiempo", zanjó.
Desde la oposición, en tanto, se llamó a no confundir los planos del debate. El diputado Jaime Bassa (FA) recalcó que "existe una migración de niños haitianos, pero como consecuencia principalmente de la aplicación del principio de reunificación familiar. Si eventualmente hay un delito que hay que investigar, efectivamente va a contar con todo otro apoyo de la eventual Comisión de Investigación al respecto. Pero recordemos que si hay delitos, el órgano competente para investigar esos delitos es el Ministerio Público".
"Pero me parece importante mezclar y no confundir las cosas. Un elemento es el objeto del tráfico de niños, que evidentemente merece todo nuestro repudio. La cosa distinta es la migración de niños como consecuencia de la aplicación del principio de reunificación familiar, que es un derecho que asiste a todos los niños cuyos padres viven afuera de su país", agregó.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA) indicó que "nosotros sí vamos a constituir esta comisión investigadora, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para proteger a los niños de Chile, a los niños de Haití y a todos a quienes podamos contribuir, pero también vamos a señalar con firmeza a aquellos que son hoy día los principales defensores de los abusadores al oponerse a los protocolos de prevención y al juzgamiento del abuso sexual; y en esto en particular, más bien sabemos que responde al interés político y comunicacional de copar la agenda mediática y, con eso, no dar espacio a las legítimas críticas debido al mal manejo económico y de la seguridad".
En la misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que "si acá existió una utilización por algunas personas de un programa de reunificación familiar para cometer ciertos delitos, por supuesto que sería un hecho gravísimo y que merece ser investigado a fondo por parte de la Fiscalía, sancionado por la Justicia y que se busquen todas las responsabilidades desde la perspectiva, no solamente penal, sino que también administrativa. Creo que no es bueno que cosas tan graves, que involucran en este caso a niños y niñas, se lleven a la contienda política y por lo tanto los responsables de dejar que esto siga el cauce institucional".
"Esto ya está en manos de la Fiscalía, la Fiscalía debe investigar y perseguir la responsabilidad y la Justicia tendrá que sancionar el día de mañana. Y lo que tiene que hacer el Gobierno ahora no es estar buscando o contando con el dedo políticamente, sino que ponerse a trabajar para que el sistema no siga siendo permeable a este tipo de situaciones delictivas, que evidentemente afectan y promueven de alguna manera o facilitan el hecho de que situaciones delictuales, como podría ser la trata de personas o de niños, se puedan seguir cometiendo en nuestro país a futuro", indicó.
Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (AH) señaló: "Mire qué curioso, por acá también estamos pensándolo en una recolección de firmas para una comisión investigadora porque justamente hay que tener presente que fue el propio ex director de migraciones Thayer, quien hizo esta denuncia años atrás, es decir, los que descubrieron que aquí algo irregular estaba pasando fue exactamente el ex director de migración en el período anterior, es importante si queremos conocer qué es lo que pasó acá, justamente atendiendo la denuncia que había hecho el propio señor Thayer, aquí hay que tener mucho cuidado con distorsionar la información porque no es que ahora se esté haciendo esta denuncia en este gobierno, tratando por supuesto, como lo hacen todo el rato, tratando de culpar al gobierno anterior, fue durante el gobierno anterior donde se hicieron las denuncias por esto que venía ocurriendo".
