Desde "no podíamos negar el ingreso" a "no tenemos injerencia". Esas son las respuestas que han entregado organismos públicos ante el escándalo por el presunto tráfico de menores de edad haitianos al país.
A días de que se conociera el caso, todavía no hay claridad en la responsabilidad de los hechos, lo que se espera que se esclarezca cuando se publique el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) que indaga el caso.
El propio Presidente José Antonio Kast citó a los poderes del Estado esta mañana para abordar la situación "con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política".
Varias voces apuntan a organismos implicados en los procedimientos de ingreso al país y protección de menores por el tema, por lo que tanto la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones, la ex administración del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Defensoría de la Niñez y hasta una aerolínea ya salieron a defenderse por estar vinculados a los más de 200 niños haitianos cuyo paradero se desconoce.
DGAC
Ayer, a través de un comunicado, la DGAC emitió una declaración en la que reconoce haber sido notificada sobre los vuelos que trasladaban menores haitianos sin cumplir requisitos migratorios. Según se detalló, en julio de 2025 el Sermig emitió un oficio informando que "empresas de transportes de pasajeros que estarían realizando traslado de personas extranjeras que no contaban con documentación habilitante para ingresar al país".
En eso, identificó a tres empresas: Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair que "harían operaciones chárter procedentes de Haití y República Dominicana, transportando en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA) sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería".
Eso sí, se aclaró que el organismo "no tiene injerencia alguna respecto de la documentación presentada por parte de los pasajeros (...) como tampoco le compete efectuar la revisión de la documentación personal", sino que debe remitir los manifiestos de pasajeros a distintos organismos, entre ellos la PDI.
Ayer en una director general de la DGAC, Humberto Fernández, señaló en una sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado respecto del listado de pasajeros que este se entrega a la PDI y desde 2025, también al Sermig. "Ahora, cabe señalar que este manifiesto de pasajeros son el listado de las personas que compraron ticket y no necesariamente los que se embarcan, porque así como ocurre en Chile, si un pasajero llega atrasado y pierde el vuelo, va a haber una diferencia entre el listado o el manifiesto de pasajeros que ellos nos remitieron y que nosotros entregamos respecto del que realmente embarcó el vuelo", explicó.
"Una vez que llegan a Chile y aterriza la aeronave, la Dirección General de Aeronáutica se preocupa de todos los aspectos de seguridad para que la operación se presente y se desarrolle sin inconveniente. Pero nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre los pasajeros que vienen en estas aeronaves", subrayó.
Sobre el caso de Arajet, apuntó que "existen acuerdos internacionales como el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana, firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que impide a la Dirección General de Aeronáutica Civil simplemente cancelar o restringir este tipo de vuelo si es que no se informa a las partes firmantes. Por lo tanto, nosotros podemos limitar las operaciones, pero definitivamente la posibilidad de cancelar aquellos vuelos que están bajo este tipo de convenio es una potestad que escapa a la Dirección General de Aeronáutica".
Arajet
Por su parte, la aerolínea Arajet S.A. respondió a la vinculación con vuelos que transportaban de forma masiva e irregular a niños haitianos a Chile y aseguró que "toda nuestra operación se ha realizado y realiza dentro del marco legal vigente chileno, respetando todas las leyes y regulaciones migratorias tanto de Chile como de República Dominicana".
Asimismo, aclararon que la aerolínea caribeña "nunca ha efectuado vuelos chárteres desde Puerto Príncipe (Haití) a Santiago de Chile".
"Estamos interesados en que esta situación se clarifique e investigue bajo los parámetros de las leyes y las normas que correspondan, y estamos a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones que sean necesarias", agregaron.
PDI
El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto general Ricardo Gatica, señaló que "los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile cumplen la función de control migratorio bajo el amparo de la normativa vigente. Ningún funcionario de la Policía de Investigaciones, ninguno, puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida para los casos que corresponden".
"En el caso que hoy nos convoca, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando cumplían los requisitos que en nuestro caso se exigían y que dice en relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, digo que es el Servicio Nacional de Migraciones", mencionó el prefecto Gatica.
Respecto al caso, mencionó que "nosotros como Policía de Investigaciones fuimos una de las primeras instituciones en detectar un fenómeno extraño (...) la experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio también nos hace o nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas, hicimos el análisis e incluso más puedo referir que en abril del 2024 y octubre del 2024, nosotros hicimos incluso denuncias a la fiscalía para establecer si dentro de este fenómeno que estaba pasando y que detectamos que era extraño existía algún tipo de delitos".
"Es igualmente importante que entienda la Comisión, que un límite legal que condicionó nuestra actuación en el control fronterizo es que la mayoría, insisto y arbitro, de los niños, niñas y adolescentes ingresaban amparados en los permisos de residencia temporal vigentes otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones", deslindó.
Gatica afirmó que "no podíamos nosotros negar el ingreso porque estábamos cometiendo una ilegalidad si estos menores portaban la documentación que corresponde. Si estamos frente a un fenómeno que se evidenció vacíos normativos, que ninguna institución por sí sola puede suplirlo o repararlo, esperemos que este trabajo y esta conversación en conjunto de las instituciones pueda detectar esos vacíos y trabajar juntos para reponerlos y corregirlos para que no vuelva nunca más a pasar este tipo de hechos".
Asimismo, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León, recalcó que "nuestra institución, al momento de realizar el control migratorio de los menores de edad, al llegar el vuelo, lo hacían portando todos los documentos que le exigía la ley. La Policía de Investigaciones de Chile no deja ingresar a persona alguna y menos a menores de edad, tanto al ingreso como a la salida, sino portan los documentos que requiere y que son exigidos por la normatividad vigente".
"Al realizar la fiscalización con el vuelo aterrizado aquí en Chile, nosotros revisamos cada uno de los antecedentes que eran inscritos y no podemos negar el ingreso a las personas que tienen la documentación idónea para entrar a nuestro territorio nacional. Ellos (los niños) venían con esta autorización, este permiso de nuestro país para reunificación familiar", aseguró León.
Y zanjó que "desde ya me parece el 2023 o principio de 2024, todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado de otra forma".
Sermig
Quien estaba a la cabeza del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, quien los últimos días ha realizado un intenso despliegue para defender su gestión durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.
En conversación con El Mercurio, mencionó que "el problema que levanta el informe tiene que ver con que en el aeropuerto venían muchos niños a cargo de pocos adultos", y deslindó las responsabilidades al mencionar que "la PDI no informó de ninguna anomalía en la entrega de los niños a los padres".
Hoy en diálogo con T13 Radio mencionó que "nosotros el año 2023, el 21 de marzo, presentamos una denuncia en contra de tres líneas aéreas y algunas personas particulares por posible delito de tráfico ilícito en la Fiscalía Centro Norte. El 2 de septiembre de 2025 pusimos otra denuncia respecto de otra línea aérea y el 27 de octubre de 2025 pusimos una tercera denuncia en la misma fiscalía respecto de esto. Yo declaré como testigo en esa causa en abril del 2025 entregándole a la fiscal todos los antecedentes que tenía el Servicio Nacional de Inmigraciones para que esto se investigue a fondo".
"Por otra parte, le entregué también las impresiones que tenía yo respecto de cómo se da el proceso de reunificación familiar de familias haitianas que residen en Chile, que tienen que lidiar con un Estado fallido (...) Entonces, no solo tenía las sospechas, sino que tuvimos acciones respecto de esto", defendió el exdirector del Sermig.
Añadió que "la situación de la documentación que empezamos a recibir de manera fraudulenta nos lleva a tomar la determinación de terminar con la tramitación de las visas a fin de agosto del 2025. Así que no solo tuvimos las alertas, sino que hicimos en el ámbito de nuestras competencias, creo yo, lo que tuvimos que hacer para evitar exponer a niños haitianos que tienen a su familia residiendo en Chile".
Thayer también defendió que "en el ejercicio de mis facultades como director que puedo establecer criterios en base al objetivo fundamental, que es que no se generen ilegalidades, o no se generen ingresos irregulares; es que puedo en mi condición de director, tomar determinaciones respecto de la flexibilización".
"Los resguardos que se tienen que tener son los resguardos que se tienen que tener en la frontera, en el control de la documentación, y si es que hay alguna sospecha, poner los antecedentes ante el Ministerio Público", cerró.
Defensoría de la Niñez
Otro organismo que fue apuntado por el caso fue la Defensoría de la Niñez, que desde 2023 emitió alertas por el presunto tráfico de niños haitianos.
Ayer en conversación con Radio Cooperativa el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, mencionó que el organismo envió oficios a autoridades por el tema desde la administración anterior de Patricia Muñoz.
"Hubo oficios manifestando esta situación a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez), al Servicio Nacional de Migraciones (...) al Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente también al Servicio Nacional de Migraciones, a propósito de la implementación del registro biométrico para identificar niños en contexto de movilidad, a la Policía de Investigaciones de Chile y además también a otras autoridades, por ejemplo el Congreso", detalló el defensor de la Niñez.
Respecto de por qué el organismo no recurrió formalmente a interponer una denuncia ante fiscalía por las sospechas, Quesille aclaró que "para poder exponer una denuncia, uno lo que necesita no es una duda razonable, sino que hay antecedentes concretos que permitieran identificar la comisión de un delito. La reunificación familiar se hizo formal, porque hay que recordar que estos niños entraron por un paso habilitado, con documentos que conforman las revisiones que realizaron la Policía de Investigaciones, o la Dirección General de la Aeronáutica Civil, eran regulares y no tenían ningún problema, por lo tanto, la sola reunificación familiar no es un delito, sino que es un derecho que tienen los niños y niñas adolescentes a nosotros".
"Por eso es que pusimos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes, las que tienen que tomar las acciones, no la Defensoría de la Niñez, que no tenemos un rol ni investigativo, nuestro rol es simplemente de persuasión", señaló.
Y recalcó que "nuestro rol es poner el conocimiento a las autoridades, pero la verdad de las cosas es que la recepción de la Defensoría de la Niñez no tuvo mayor importancia y parece que ahora importa al mundo político lo que la Defensoría de la Niñez indica cuando ya esto explota".
