Una disputa judicial surgida por la reconstrucción de una vivienda destruida en el megaincendio de 2024 en Viña del Mar terminó provocando la
salida del encargado técnico de la reconstrucción del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, el constructor civil
Roberto Marchant.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, tras la llegada de Iván Poduje al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el profesional fue contratado a honorarios por un monto que ascendía a los $3 millones mensuales para apoyar técnicamente al equipo regional encargado de la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana tras el incendio ocurrido en 2024.
Entre sus funciones se encontraba el acompañamiento al equipo del Serviu vinculado al proceso, el seguimiento de proyectos y la formulación de iniciativas urbanas y habitacionales. Sin embargo, esta semana fue apartado del cargo.
Consultado por el citado medio, desde el Minvu confirmaron que se conoció una demanda civil presentada por un damnificado del megaincendio en contra de Inversiones Maia SpA, empresa representada legalmente por Marchant. Es por esto que se resolvió su salida inmediata.
"Ayer tomamos conocimiento de la denuncia y se le solicitó la renuncia inmediata", señalaron desde la cartera y precisaron que su desvinculación ya fue materializada.
La denuncia
La acción judicial fue presentada en el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar por Juan Pablo López Sepúlveda, vecino de Villa Dulce de la comuna, cuya vivienda resultó destruida por el incendio de febrero de 2024.
En la denuncia acusó a la empresa Inversiones Maia SpA de incumplimientos en la reconstrucción de su casa, obra contratada en julio de ese mismo año por cerca de $70 millones.
La demanda señala que la constructora de Marchant se comprometió a ejecutar la vivienda y gestionar las autorizaciones necesarias para su recepción definitiva. No obstante, López sostiene que la obra no fue terminada dentro de los plazos comprometidos y que, pese a haber desembolsado $64 millones, el proyecto registraba sólo un 65% de avance.
El damnificado también acusó que debió asumir gastos de servicios básicos que correspondían a la empresa y que las demoras provocaron perjuicios económicos y un "cuadro de depresión y angustia" a su familia. Por ello, solicitó el término del contrato y una indemnización superior a los $36 millones: $10 millones en concepto de daño moral y $26 millones por daño emergente.
Sin embargo, la versión de Maia SpA fue rechazar los incumplimientos denunciados y sostuvo que el contrato nunca estableció un plazo fatal para la entrega de la vivienda. Agregó que al 15 de julio de 2025, la vivienda presentaba un avance de 96,2%, refutando la versión del damnificado.
Asimismo, argumentó que los estados de pago no fueron cumplidos por el propietario, por lo que ingresaron una contrademanda contra Juan Pablo López.
Acusan fines "políticos"
La abogada Marcia Marchant, representante de Inversiones Maia SpA y hermana del ahora exfuncionario, cuestionó la decisión adoptada por el ministerio y la atribuyó "persecución política", responsabilizando a la asociación gremial Asociación de Funcionarios del Serviu de Valparaíso (Afuserv).
"Esta es una demanda en contra de una empresa. No entiendo por qué se le tendría que pedir la renuncia por una causa que todavía se está tramitando legalmente y respecto de la cual no existe una sentencia", planteó.
Asimismo, denunció que durante su breve estancia en el servicio "Roberto Marchant fue acosado por parte de la asociación gremial de funcionarios del Serviu. Él ha sido amenazado, ha sido hostigado, porque Roberto era el que hacía la pega".
En esa línea, acusó que "funcionarios de la asociación le decían 'usted no puede trabajar tantas horas, porque nos perjudica a nosotros. y nosotros trabajamos hasta las 4 de la tarde y nos vamos'. Así se lo dijeron muchas veces".
