Una jornada clave se vivirá este martes a partir de las 09:00 horas en el Tribunal Constitucional (TC), órgano que revisará los requerimientos presentados por la oposición en contra del proyecto del Gobierno denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa que busca aumentar la seguridad y la prevención en los recintos educacionales.
Entre otras medidas, la ley permite la revisión de mochilas en colegios y considera la pérdida de la gratuidad para alumnos vinculados a delitos.
Ante esto, la oposición presentó dos requerimientos en contra de la iniciativa: uno por parte de senadores y otro de diputados del FA, PC, PS, PPD, PDG e independientes.
Se trata del primer requerimiento que la oposición presenta ante el TC en lo que va del Gobierno, mientras evalúa hacer lo mismo con la megarreforma. El tema no es menor, considerando las críticas que siempre han hecho desde el sector al rol del organismo, el que incluso han calificado como una tercera cámara. Cuestionamientos que ahora parecen haber dejado en el pasado.
Cuestionamientos
Según consignó ayer El Mercurio, la izquierda impugna aquellas normas que dicen relación con la posibilidad de que los colegios revisen las mochilas de los estudiantes y que, ante la negativa del alumno, se contacte a sus padres para que concurran al establecimiento durante la revisión. De no hacerlo, se avisará a las autoridades policiales para que realicen el registro, sin orden previa de un fiscal.
También se cuestiona la constitucionalidad de los artículos que establecen que aquellos estudiantes condenados por delitos contra la propiedad del establecimiento educacional quedarán inhabilitados para optar a la gratuidad universitaria o la perderán si ya cuentan con ella.
Defensa
La semana pasada, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo a Radio ADN que "se han impugnado normas del proyecto de ley ya tramitado en el Congreso Nacional, Escuelas Protegidas. Esta es una necesidad muy patente. La violencia que se está viviendo al interior de muchos establecimientos educacionales es realmente muy dolorosa. No puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestros asistentes de la educación".
Según el titular de la Segpres, "nosotros estamos convencidos de que hemos actuado de conformidad con las normas constitucionales y esa posición la vamos a defender ante el Tribunal Constitucional".
En la oportunidad, además confirmó que el exministro Juan José Ossa defenderá el proyecto ante el TC.
Jornada y expectativas de la oposición
Durante esta jornada, el Tribunal escuchará los alegatos de las partes, aunque previamente habrá una audiencia pública en la que terceros interesados podrán exponer sus planteamientos en torno al proyecto.
De este modo, asistirán la Defensoría de la Niñez, la Fundación Jaime Guzmán, Bloque por la Infancia, Libertad y Desarrollo y la Fundación Rumbo Colectivo, entre otros.
Al respecto, el diputado Juan Santana (PS) explicó a Emol que "nadie discute que los colegios necesiten seguridad. Lo que se discute es la forma. Se recurre al Tribunal Constitucional por normas que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes: que Carabineros y la PDI registren a estudiantes dentro del colegio sin orden de un fiscal, que se revisen sus pertenencias por reglamento interno y que se prohíban vestimentas con criterios tan amplios que quedan al puro arbitrio".
En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (FA) manifestó que en el proyecto "se cometieron varios errores que atropellaban la Constitución y en estas materias nosotros queremos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Esperamos además que, por la fundamentación que tenemos, eso sea acogido, considerando como antecedente que, lamentablemente, durante el debate legislativo esto no fue recogido".
"Se dio un debate muy apresurado, tampoco se quiso generar un espacio de diálogo ni escuchar a los expertos en esta materia, y eso termina generando malas leyes. Yo creo que acá hay una oportunidad para hacer los cambios necesarios y evitar que este tipo de atropellos sigan intactos en la legislación que se va a aplicar", precisó.
