El inédito fallo dividido de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, emitido ayer y que anuló el laudo arbitral que ordenó al empresario chileno Isidoro Quiroga restituir cerca de US$300 millones a la empresa china Joyvio, no solo volvió a poner el foco en uno de los litigios comerciales más relevantes de la última década, sino que también puso nuevamente en vitrina a la nómina de abogados estrella, árbitros y economistas que han desfilado en el marco del caso Australis.
En los pasillos de los estudios jurídicos top y las facultades de Derecho y Economía se habla de un "otro caso Australis": no el de la sobreproducción de salmones ni las sanciones ambientales, sino la batalla de honorarios y prestigio que ha enfrentado a Quiroga con Joyvio por la venta de la salmonera, en una operación de US$920 millones.
El caso se remonta a 2019. Ese año Joyvio compró la salmonera chilena Australis Seafoods a Quiroga. Según diría luego la firma china, el empresario no les informó que la compañía estaba produciendo mucho más salmón del autorizado, lo que aumentaba artificialmente su valor. Según Joyvio, ello derivó además en cuantiosas sanciones ambientales.
Por eso, Joyvio acusó al empresario de haber implementado un plan de sobreproducción ilegal para operar la compañía y luego venderla a un precio inflado. Y recurrió al tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, solicitando la anulación del contrato de compraventa y la restitución total del monto pagado.
El fallo descartó la existencia de dolo (intención de engañar), aunque reprochó a los vendedores por entregar información "incompleta" durante el proceso. Es decir, determinó que los vendedores sí declararon y garantizaron de forma incompleta la situación de la compañía, omitiendo información relevante. Por esto, ordenó la restitución de US$217 millones más intereses desde 2019, lo que elevaba la indemnización a cerca de US$300 millones. Aunque Joyvio solicitó anular el contrato de compraventa, el tribunal rechazó esa petición. En cambio, aplicó un ajuste en el precio basado en la sobrevaloración ocurrida.
El equipo legal de Quiroga recurrió en octubre pasado a la Corte de Apelaciones, alegando que el laudo ordenó "sorpresivamente una restitución que simplemente no fue solicitada al H. Tribunal Arbitral, ni discutida por las Partes", pese a que se había rechazado "en todas sus partes la imputación de dolo". Ayer, el tribunal de alzada acogió esos argumentos y determinó la nulidad del arbitraje.
Aún se desconocen los próximos pasos que tomará la firma china, que podría acudir a la Corte Suprema para revertir la anulación del laudo o bien volver a sede arbitral. Pero este enfrentamiento no se agota en el proceso arbitral. En paralelo continúan el juicio civil y la arista penal del caso, instancias en las que también ha participado un verdadero "dream team" de expertos.
El bando Quiroga
La defensa del empresario la lidera Cristóbal Eyzaguirre, histórico socio de Claro & Cía y profesor de Derecho Civil en la UC, con una carrera especializada en litigios y arbitrajes complejos en las áreas bancaria, financiera, de libre competencia y mercado de valores. Asesor permanente del directorio de la Bolsa de Santiago, fue distinguido por Revista Capital como mejor abogado del país entre 2010 y 2012, y figura habitual en rankings como Legal 500, Best Lawyers, LatinLawyer y Chambers & Partners.
En agosto pasado rompió 35 años de hermetismo mediático para dar su primera entrevista, a El Mercurio, con dardos durísimos contra sus colegas de la otra parte. El caso, dijo, "será estudiado en todas las escuelas de Derecho como símbolo de la mediocridad y declive moral que aqueja a nuestra profesión", y remató: "No puede haber estafa si no se ocultó nada a los compradores, como afirma el fallo arbitral".
Lo acompañan sus socios José Miguel Huerta, experto en reestructuraciones y pieza clave en la reorganización de Latam Airlines; Alex van Weezel, penalista y académico UC; y Arturo Saffie. En la arista penal también figura Juan Domingo Acosta, histórico abogado de confianza del expresidente Sebastián Piñera.
En el plano económico, Quiroga ha contado con asesores de lujo. Según publicó La Segunda en octubre pasado, destacan Jorge Quiroz —hoy ministro de Hacienda y fundador de Quiroz & Cía—, Patricio Arrau, Fernando Coloma, exsuperintendente de Valores y también protagonista del caso Cascadas, y Juan Ignacio Langlois, de Tyndall Group. También figuran informes en derecho elaborados por Maite Aguirrezábal, Octavio Bofill y Enrique Alcalde Rodríguez.
El bando Joyvio
Al otro lado, el equipo legal es liderado por Alberto Eguiguren, exmano derecha del empresario Nicolás Ibáñez y cercano a Alejandro Weinstein, con una trayectoria de más de veinte años en directorios de compañías farmacéuticas y de salud. Fue director de CFR Pharmaceuticals y Clínica Las Condes, y presidente de Laboratorio Chile.
En el arbitraje, la ofensiva de la firma china fue encabezada por Sebastián Oddó, fundador de Oddó y Cía y figura del caso Cascadas, donde asesoró a Julio Ponce en la disputa por el control de SQM. Lo acompañó Carolina Alcalde, socia de Alcalde & Cía.
También participa Jorge Bofill en la arista civil y penal, quien además de su rol en Cascadas representó a la Fiscalía Nacional Económica ante la Corte Suprema en el caso de colusión de farmacias, logrando una de las multas más altas dictadas en esa materia. Asimismo, destaca la presencia de Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel, conocido por haber defendido a los exministros Víctor Pérez y Jaime Mañalich en acusaciones constitucionales y distinguido por años consecutivos por Chambers & Partners como uno de los mejores abogados de Chile en "Dispute Resolution" y "White Collar Crime".
El equipo sumó este año a otro peso pesado: el penalista
Hugo Rivera, quien explicó a La Tercera en mayo pasado que se incorporó porque el caso "afecta seria y ampliamente no solo intereses particulares, sino a la institucionalidad chilena y su reputación frente a los inversionistas que confían en nuestro país y sus empresarios".
Joyvio se ha apoyado también en expertos de alto calibre, como el expresidente del CEP Enrique Barros Bourie; el rector de la UDP, Carlos Peña —cuyos informes, según consignó La Tercera, pueden cobrarse en más de 1.000 UF— y que incluso participó como abogado litigante en los alegatos ante la Corte de Apelaciones; el economista Sebastián Edwards, de UCLA, uno de los chilenos más influyentes en la academia latinoamericana; y la consultora FK Economics, dirigida por Jorge Fantuzzi.
El tribunal arbitral y la corte que anuló el fallo
El laudo hoy anulado fue dictado por un tribunal de tres integrantes: Andrés Jana, elegido por Joyvio, y Ramón Cifuentes, por Quiroga, quienes a su vez escogieron como presidente a Pedro Pablo Vergara, actual presidente del Colegio de Abogados. Cifuentes terminó emitiendo un voto disidente en ese entonces.
El proceso arbitral fue una maratón, con audiencias, contrainterrogatorios de expertos en economía, derecho y medioambiente, y hasta una visita en terreno a un centro de cultivo de salmones en Puerto Natales, Magallanes, donde los árbitros constataron in situ las condiciones de producción.
La nulidad se resolvió ayer por dos votos contra uno en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Votaron por anular el laudo el ministro Guillermo de la Barra y la abogada integrante Catalina Infante, sobre la base de que el tribunal arbitral resolvió una acción distinta a la efectivamente debatida en el juicio.
En contra se pronunció el ministro Fernando Valderrama, quien argumentó que la Corte no debía actuar como una segunda instancia y que el sobreprecio sí fue materia discutida durante el arbitraje.
Los costos de la guerra
Litigar a este nivel no es gratis. Según fuentes de la plaza citadas por La Segunda, un abogado "star" de Chambers puede cobrar hasta US$1.000 la hora solo por sentarse a una reunión. Los informes en derecho oscilan entre US$20 mil y US$30 mil cada uno.
"En casos así, el honorario depende de la estrategia. Algunos abogados cobran 12 a 15 UF por hora; otros pactan un fee de entrada más un variable contra resultado", explico a ese medio un socio de estudio que habitualmente litiga contra los abogados presentes en este caso.
En total, entre honorarios, peritos, informes técnicos y gastos arbitrales, el caso Australis ya suma millones de dólares en desembolsos. Y todo indica que seguirá.
La fiscalía
En paralelo sigue la arista penal, hoy en manos del fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía Local de Las Condes, quien asumió el caso cuando la fiscal original, Constanza Encina, salió con permiso de pre y postnatal. A su regreso, Encina debió hacerse cargo de inmediato de la investigación que afecta al exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, lo que —debido a su alta carga de trabajo— mantuvo a Araya al frente de la causa Australis.
El expediente penal tiene además un cruce curioso. Encina, abogada de la Universidad de Chile y compañera de generación de los diputados Gael Yeomans y Gonzalo Winter, fue ayudante en pregrado de los profesores Julián López y Jorge Bofill —hoy querellante en representación de Joyvio— y alumna también de Alex van Weezel, actual defensor de Quiroga, en el curso de Derecho Penal.
Es decir, la fiscal que primero llevó el caso litigó, en los hechos, frente a dos de sus propios profesores universitarios.
