Reconstrucción en El Olivar.
Aton
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso
una tercería independiente en representación de cuatro familias damnificadas de la población El Olivar, solicitando el
rechazo de los recursos de protección que buscan dejar sin efecto las medidas de paralización y control de las obras de reconstrucción.
Según mencionaron, la presentación exige descartar cualquier solución de reparación superficial de las viviendas que no cumplen con las exigencias de seguridad estructural, comportamiento sísmico, resistencia al fuego, aislación ni habitabilidad establecidas en la normativa vigente, y por ende, que no se ejecute su entrega a los damnificados.
Además, se señaló que los recursos interpuestos por algunos propietarios están perjudicando gravemente a otras familias del cuatripareo que no participaron en esas acciones judiciales y que esperan acceder cuanto antes a una solución habitacional segura y definitiva.
El recurso sostiene que las familias no pueden ser obligadas a recibir viviendas que presentan incumplimientos técnicos que comprometen su seguridad, por lo que se busca que solo una vez que las viviendas sean reconstruidas y cumplan íntegramente con todas las exigencias técnicas y normativas, podrán ser recepcionadas, entregadas y ocupadas.
El abogado y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, mencionó que "aquí no estamos construyendo invernaderos. Estamos construyendo casas, hogares. En su interior no vivirán plantas: vivirán personas, adultos mayores, niños y familias completas. Sus vidas y su seguridad no pueden quedar subordinadas a la improvisación, y a la defensa irrestricta de una empresa que no cumplió, siendo sumamente relevante que se lleve a cabo con prontitud el plan de reconstrucción del ministro Iván Poduje".
"Las víctimas de El Olivar tienen derecho a viviendas dignas, seguras y durables. No existe una vivienda social de segunda categoría ni un estándar constructivo inferior para quienes lo perdieron todo. Haber esperado más de dos años no significa que ahora deban aceptar cualquier cosa", señaló Palamara.
Sumó que "no aceptaremos que, por intereses políticos mezquinos, se pretenda defender lo indefendible o presionar para que se entreguen viviendas con defectos y riesgos para sus futuros habitantes. Las víctimas no pueden volver a pagar el costo de errores que no cometieron".
Finalmente, Palamara sostuvo que el Estado tiene la obligación de entregar una reparación efectiva y que "no está para revictimizar, sino para solucionar. Debe responder por las consecuencias de la desidia y negligencia que denunciamos respecto de algunas exautoridades, que prometieron públicamente no dejar solas a estas familias y que, en los hechos tanto los parlamentarios como las autoridades que eran oficialistas actuaron de manera bochornosa, las dejaron a la deriva, sin una reparación oportuna y efectiva".
