La decisión del Gobierno de reabrir el sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social generó reacciones entre parlamentarios de oficialismo y oposición, quienes valoraron la medida, aunque también emplazaron a esclarecer las eventuales responsabilidades.
El debate surgió luego de que se conociera que, mediante una resolución firmada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez -actual ministro del Interior (s)-, el Ejecutivo ordenó reabrir la investigación administrativa que había sido sobreseída durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
La reapertura busca determinar si funcionarios de la División de Acción Social (DAS) incumplieron el procedimiento establecido para el otorgamiento de las pensiones de gracia entregadas tras el estallido social de 2019 y establecer si quienes participaron en ese proceso aún desempeñan funciones en la administración pública.
La decisión se adoptó luego de un dictamen de la Contraloría General de la República, que objetó el cierre de la investigación y concluyó que el proceso llevado adelante por la administración anterior
"no se ajustó a derecho", ordenando reabrir el sumario.
Al respecto, el subsecretario Pavez explicó que "este fue un proceso sustanciado durante la administración anterior y, en el contexto de su revisión, la Contraloría detectó que el sumario presentaba determinadas deficiencias. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la instrucción del órgano contralor, que consiste en reabrir el procedimiento y sustanciarlo conforme a derecho".
"El objetivo es determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan a aquellos funcionarios que otorgaron pensiones de gracia en circunstancias que no se ajustaban a los requisitos. Existen casos de personas sin antecedentes médicos suficientes o con documentación incompleta, particularmente en nueve pensiones de gracia", continuó.
Pavez también detalló que "paralelamente, el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia otorgadas con ocasión del estallido de violencia. Este trabajo también responde a solicitudes de parlamentarios oficialistas y a una resolución de la Cámara de Diputados que busca revisar quiénes efectivamente reúnen las condiciones para recibir este beneficio".
"Recordemos que originalmente se otorgaron 418 pensiones de gracia. Posteriormente, por fallecimientos o revocaciones, hoy existen 348 vigentes y todas ellas serán revisadas por el equipo encargado", cerró.
Reacciones de los parlamentarios
Tras el anuncio, la diputada Javiera Rodríguez (Republicanos) sostuvo que "nosotros hace tiempo hemos impulsado el término de este beneficio porque sabemos que ha sido un proceso que se ha hecho de forma irregular y así lo demostró la Contraloría, por eso ordenó al gobierno a reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades dentro del gobierno, obviamente quienes estuvieron durante el gobierno anterior e impulsaron la entrega de estos beneficios".
"Así que todo el apoyo a que el gobierno prontamente pueda hacer el retiro de estos beneficios y todos los estudios pertinentes que ameriten acabar con todo el octubrismo que está presente en el Estado de Chile aún", cerró.
El diputado Jorge Alessandri (UDI), en tanto, manifestó que "solo viene en confirmar que todo el proceso de pensiones de gracia entregadas por el gobierno del Pdte Boric fueron realizadas de manera poco rigurosa, donde los principales responsables la Ministra de Justicia y el Jefe de gabinete de Boric tuvieron que dejar sus cargos por su responsabilidad política y administrativa en estos casos. Me parece del todo conducentes que se inicien estos sumarios para cerrar un círculo de ineptitud y negligencia inexcusable donde se mal otorgaron pensiones de gracia financiadas con los impuestos de todos los chilenos".
Mientras que la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "contraloría fue clara al decir que al menos 10 procesos de pensiones de gracia no se ajustaron a derecho. Entonces, el gobierno hoy día tiene que buscar la responsabilidad administrativa indicada por la contraloría, la DAS referida justamente a estas pensiones. Sabemos que ya una de ellas ya fue revocada. Entonces, el gobierno ha decidido, me parece muy bien, que va a revisar los sumarios administrativos de los funcionarios del gobierno anterior, que en todos ellos salieron sobreseídos. Y esto se hace porque probablemente hay nuevos antecedentes o hay nuevos criterios. Después se verán si se revocan más pensiones o no".
Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Maroski (PNL) indicó que "las irregularidades son solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente escandaloso es que la izquierda decidió que quiénes provocaron o ampararon la violencia de este estallido delictual merecían reparación estatal. Mientras las víctimas reales, los comerciantes saqueados, los trabajadores que perdieron su empleo y todas las familias que vieron cómo se destruyeron sus barrios quedaron abandonadas. Las pensiones de gracia no son un error administrativo, son una decisión política para premiar un relato y cargarle la cuenta a todos los chilenos".
En la oposición, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz (DC) indicó que "hay que hacer lo que ha planteado la contraloría que es nuevamente abrir este sumario para investigar si esas pensiones de gracia derivadas del estallido social fueron bien entregadas o no, pero también buscando responsables en la decisión que se tomó".
"Si esos funcionarios siguen trabajando aún en el aparataje público, ¿qué funciones están cumpliendo y cuáles fueron las razones para sobreseer esta investigación sumaria que se realizó al respecto?. Así que habrá que estar atento a lo que se resuelva por parte del ministerio, más allá de hacer comentarios o juicios anticipados. Primero tenemos que esperar los resultados de lo que ha obrado entonces la Contraloría y que el Ministerio del Interior tendrá que realizar", zanjó.
La diputada Andrea Parra (PPD), en tanto, aseveró que "no cabe duda que existieron errores en la entrega de algunas pensiones de gracia, y sorprende que se sobreseyera el proceso disciplinario sin responsables y que perjudicaron la credibilidad de la simbólica reparación con víctimas del estallido social. El cerrar un proceso de esta importancia sin responsabilidades es una pésima señal y la Contraloría está obrando correctamente".
"Pero que el actual Gobierno no aproveche esta reapertura para quitar pensiones a quienes efectivamente sí son merecedores de este beneficio. Sabemos que la derecha tiene obsesión con estas pensiones, siempre están buscando revocarlas, pero no olvidemos que es una reparación por la vulneración de derechos", cerró.
En esa línea, la diputada Carolina Tello (FA) indicó que "lo que hoy reabre el gobierno son preguntas que el Estado nunca debió haber dejado sin respuesta. Las pensiones de gracia del estallido involucraron a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, y cualquier irregularidad en ese proceso tiene que ser investigada y sancionada, sin excepción".
"Ahora bien, seamos claros: esto no puede convertirse en una herramienta política para criminalizar el movimiento social ni para revictimizar a quienes perdieron un ojo, una extremidad o a un familiar en esas manifestaciones. La probidad y los derechos humanos no son conceptos opuestos, y un gobierno que usa la auditoría como arma electoral no está haciendo justicia, está haciendo propaganda. Exigimos que este sumario se conduzca con total transparencia, que la Contraloría tenga acceso irrestricto, y que el resultado sea la rendición de cuentas real, no un show mediático", continuó.
La diputada Lorena Pizarro (PC) fue más allá y manifestó que "¿por qué el gobierno se concentra en criminalizar lo que fue la revuelta popular, estallido social que fue multitudinario, que tuvo expresiones de manifestación de repudio a políticas neoliberales que dañan la condición de vida de la población?. Y con esto se les criminaliza y se les persigue. Y contra esto tienes a los violadores de derechos humanos recibiendo pensiones millonarias sin que nadie los cuestione".
"A mí me parece que estamos frente a un gobierno de corte fascista que busca por todo los flancos poder criminalizar y poder dañar a quienes representan y representaron una expresión popular. Aseguro que la cantidad de personas sin pensiones es muy superior a las que la tienen. Esa es la realidad de lo que está pasando", cerró
