Mascotas (imagen referencial).
Aton
La
Contraloría General de la República (CGR) emitió su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (Radar), donde advirtió el riesgo de un uso indebido de recursos por parte de municipios en programas destinados a la protección de mascotas.
El reporte Radar tiene como objetivo identificar amenazas en el uso de recursos públicos destinados a promover el bienestar animal, prevenir el abandono y resguardar la salud pública y el medioambiente.
El análisis señala que entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades han recibido $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).
No obstante, el análisis evidenció que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido, desde 2022, casi $5 mil millones desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para esos fines.
En tanto, 162 no respondieron a los requerimientos de información de la CGR sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría.
Asimismo, se constató que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable; 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad; 31 mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
El reporte también detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, a cargo del Ministerio del Interior, particularmente en la identificación de los responsables de los animales.
Además, en este último se observó que aparece que solo 748 personas -de un total de 39.987- han realizado el curso de adiestramiento exigido para este tipo de animales.
"Estos resultados configuran una alerta de riesgo relevante, por lo que la CGR fiscalizará a la Subdere, en su calidad de entidad que transfiere los recursos, y exigirá a las municipalidades que no cuentan con ordenanza dictarla en un plazo de 90 días hábiles", detallaron desde la Contraloría.
