Pasadas las 18.00 horas de ayer, el Senado zanjó el fin de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en sus cuatro capítulos.
Los rechazos fueron por 25 votos en contra, 16 a favor y 6 abstenciones para el capítulo que lo acusaba de vulneración al deber de probidad y transparencia; 32 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones para el capítulo que lo acusaba de incumplir el deber de gestión financiera.
También se rechazó por 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones el capítulo que lo acusaba de supuesta vulneración de universalidad presupuestaria; y 33 votos en contra, 10 a favor y 2 abstenciones por infringir el deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
Al término de la votación, el exministro Grau agradeció a quienes rechazaron el libelo, pese a tener distintas ideas políticas. "Vi a la rápida que en todos los puntos hubo o votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras de tanto de RN como la UDI, y creo que eso muy valioso, además de algunos senadores independientes", destacó.
En efecto, el ambiente de las últimas semanas ya proyectaba que la AC pudiera caerse, puesto que sectores de Chile Vamos se habían distanciado de la arremetida iniciada por parlamentarios de Republicanos y el Partido Social Cristiano (PNL), estas dos últimas tiendas fueron las que impulsaron la AC, y algunas voces -como la dputada republicana Stephanie Jéldrez- acuñaron el término "derechita cobarde" para cuestionar a los dudosos de Chile Vamos.
Además de los roces en la derecha, hubo voces trasnversales que llamaron a dejar de "abusar" de las acusaciones constitucionales como un "gallito político".
En esa línea, parlamentarios como Diego Schalper (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), la senadora Andrea Balladares (RN), la diputada Gael Yeomans (FA), el senador Diego Ibáñez (FA), el senador Juan Luis Castro (PS) y la senadora Paulina Vodanovic (PS), entre otros parlamentarios, presentaron el 19 de junio un proyecto de reforma constitucional para elevar los requisitos y quórums para presentar una AC.
Después del "fracaso" de parte de la derecha en la ofensiva contra Grau, ¿en qué pie queda el bloque?, ¿cuánto de la espiral de acusaciones constitucionales se podría detener tras este resultado y el debate que giró en torno a la herramienta? En conversación con Emol, expertos plantean sus análisis.
Control de daños en la derecha
Existe consenso entre los analistas de que quedó en evidencia que la derecha no ha logrado cohesión -entre Chile Vamos y entre el PNL y Republicanos-, y que requieren mejor cohesión interna.
Para Felipe Vergara, analista político de la UNAB, el desenlace de la AC, confirma que no hay una coalición de gobierno unitaria, sino que "conviven dos almas bajo un mismo paraguas, pero cada una con miradas y prioridades distintas", situación que "es replicable a lo que fue el Socialismo Democrático con el FA y PC".
"Lo que es importante es que el oficialismo asimile esa realidad y no asuma que por el hecho de que se integre Chile Vamos al Gobierno, eso los hace incondicionales a Republicanos", afirma.
En la misma línea, Aldo Cassinelli, director de la escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, comenta que "la derecha queda ante la evidencia de que requiere una mejor coordinación interna".
"Este resultado demuestra que ciertos sectores del bloque deben aprender a ordenar sus intereses estratégicos con una visión sistémica y global, dejando de lado la búsqueda de beneficios inmediatos para sus propios nichos electorales. En definitiva, esta primera acusación bajo el mandato del presidente Kast se convierte en un aprendizaje crucial tanto para el Partido Republicano como los libertarios respecto a cómo se deben estructurar estos libelos, hacia dónde apuntar y la necesidad de consensuar con otras fuerzas antes de su presentación", subraya.
El experto agrega que dado que en el Senado las fuerzas están muy igualadas, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde se pueden articular mayorías con el PDG u otros grupos, el sector enfrenta el desafío prioritario de mantener el orden y la cohesión.
Roberto Munita, académico U. Andes y UNAB, comenta, en tanto, que "no es ninguna sorpresa que la derecha, y más aún el oficialismo, queda mal después de todo este episodio. Se ve dividido, sin línea editorial y, peor, sin estrategia".
Eso sí, el experto subraya que "esto no es algo que se deba al rechazo en el Senado; viene mucho de antes. Desde el mismo momento en que se empezó a pensar en esta AC y se instaló la idea, ya algunos importantes personeros de derecha advertían que esto podía pasar y que liderar una AC que estaba destinada al fracaso en el Senado, porque sencillamente no estaban los votos, podía implicar esto. Lamentablemente esas voces no fueron oídas".
Posición del Gobierno
El Gobierno no intervino directamente la AC contra Grau, sin embargo, el minstro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue quien inicialmente hizo la "denuncia" del supuesto error del gobierno anterior al calcular la proyección de la deuda fiscal a 2030.
Para algunos expertos, el Ejecutivo no queda en un buen pie al no lograr unir a su sector, sin embargo, otros apuntan a que queda un "saldo positivo", con un camino que debe ir orientado en avanzar en la búsqueda de acuerdos de cara al proyecto de reconstrucción.
Vergara destaca que el Gobierno, si bien no promovió la acusación, fue el partido del Presidente la que la llevó a cabo. En ese sentido, "el Gobierno no queda en un buen pie; por un lado, porque no logró unir al sector y, por el otro, porque indirectamente su ministro de Hacienda dio los argumentos para la acusación y estos no fueron validados por el Senado".
Para Casinelli, en tanto, el Gobierno emerge de este proceso con un saldo a favor que le permite despejar el camino para avanzar en la búsqueda de acuerdos en el Congreso.
"Aunque los ministros del comité político manifestaron desde un inicio su rechazo a la acusación por entorpecer la agenda de reconstrucción, la cual es clave para el cumplimiento de su programa, el desenlace actual resulta sumamente positivo para el Ejecutivo", afirma.
Así, a su juicio, este resultado favorable en el Senado le otorga un nuevo impulso para destrabar la discusión de los distintos artículos del proyecto de reconstrucción, "así como para avanzar en materias económicas y de seguridad que son prioritarias para el país en este momento".
Munita, por su parte, apunta a que para el Gobierno esto no tiene mayor costo. "Desde el comienzo, el Ejecutivo adoptó la buena medida de no intervenir, y esto se mantuvo como un asunto parlamentario. Hoy, tras los hechos, se puede ver que fue una buena estrategia", enfatizó.
¿Fin a la espiral de acusaciones constitucionales?
El desenlace de la AC congra el exministro Grau dejó en un mal pie ante la opinión pública el uso de esta herramienta constitucional, considerando además que ya son 10 las acusaciones promovidas por Republicanos que fracasan, sin embargo, no hay consenso entre los experto en torno a los próximos usos de las AC.
Vergara enfatiza que lo ocurrido "es una derrota, sin duda, primero porque fue liderada por el partido del Presidente y se rechazó, luego porque no pudo alinear a toda la derecha, tercero porque logró unir a la oposición y, por último, porque la opinión pública se mostró muy crítica con esta obsesión por acusaciones constitucionales".
Por su parte, Cassinelli cree que "es muy factible pensar que este episodio frenará la escalada de acusaciones constitucionales, ya que el principal legado que deja este proceso es justamente el debate sobre la necesidad de elevar los requisitos para su presentación".
Agrega que "la iniciativa impulsada por el diputado Diego Schalper junto a otros parlamentarios se alza como el resultado más relevante de esta experiencia, reflejando la urgencia de devolverle la sensatez a una herramienta institucional que se ha ido desprestigiando por la contingencia política".
De este modo, afirma, "la derrota del libelo instala con fuerza la necesidad de buscar un mecanismo que preserve la facultad fiscalizadora del Congreso, pero que rescate al instrumento de la disputa partidaria cotidiana para devolverle su verdadera utilidad institucional".
Munita, por su parte, enfatiza que "acciones generan reacciones". "Creo que con la decisión de ir contra un ex ministro, actuando como oposición y no como oficialismo, la derecha sólo consiguió alentar a la barra brava del sector contrario, y alimentar una fiebre por más y más AC. Es cosa de tiempo para que empiecen a llegar las AC contra los actuales ministros, incluso por temas menores que no tengan nada que ver con las causales que señala la Constitución para promover una AC", proyecta.
