A tres años del inicio de la indagatoria por el caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta decidió no perseverar en la arista que apuntaba a la administración anterior, por el rol que pudieron tener exautoridades en la eventual falta de control en la entrega de recursos públicos a fundaciones. Algunas de ellas, vinculadas con el Frente Amplio (FA), como ocurrió en el caso de Democracia Viva. El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, la exdirectora de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez y el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi podrían quedar fuera de la investigación a fines de agosto, si es que el Juzgado de Garantía de Antofagasta visa lo resuelto recientemente por el persecutor de esa jurisdicción, Cristián Aguilar. Ayer Crispi afirmó, tras conocer la decisión de los investigadores y mediante una declaración pública, que "la resolución es categórica: no existían antecedentes para formalizar cargo alguno (…). La justicia terminó refrendando exactamente lo que sostuvimos desde el primer día". También dijo que "el objetivo no era esclarecer hechos ni la búsqueda de la verdad, sino dañar políticamente".
