El diputado
Roberto Arroyo (PSC) presentó un proyecto de ley para fortalecer las facultades municipales y sanitarias para prevenir el uso de
ópticas como "fachada de actividades ilícitas".
Cabe señalar que en la última década, el número de ópticas en la Región Metropolitana pasó de 295 a 1.490 locales, un aumento de 405,1%. Solo entre 2019 y 2024 el crecimiento fue de 94%. Santiago Centro concentra 579 de esos locales, equivalentes al 38,9% del total regional, muy por sobre Providencia, Maipú, Puente Alto y el resto de las comunas.
Según datos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se estima en US$5.700 millones el tamaño de la economía ilícita en Chile, y en que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, identificó a las ópticas, junto a las barberías y los centros de estética, entre los rubros donde el crimen organizado estaría penetrando la economía formal.
Por ello, el diputado Arroyo señaló que "ninguno de estos hechos, por sí solo, prueba la comisión de un delito. Considerados en conjunto, sin embargo, configuran el perfil típico de lo que se reconoce como empresa de fachada: una actividad formal que exhibe un volumen de locales y una escala de operación desproporcionados respecto de la demanda real que dice atender".
"Este proyecto no crea un nuevo servicio público, no aumenta el gasto fiscal ni amplía las atribuciones de ningún organismo del Estado. Se limita a incorporar, dentro de las facultades que la Ley de Rentas Municipales y el Código Sanitario ya entregan a las Municipalidades y a las SEREMI de Salud, nuevas causales y nuevos requisitos documentales aplicables al rubro de óptica y salud visual, que esos mismos organismos deberán verificar con los recursos y en los procedimientos que ya emplean para fiscalizar cualquier otro giro comercial", sostuvo en el proyecto.
Como idea matriz, la iniciativa busca "imponer la exigencia a las ópticas de acreditar el origen de su capital y de sus ventas para obtener o renovar su patente municipal, y endurece las sanciones sanitarias cuando operan sin boletas ni registro de sus recetas".
En concreto, se busca introducir modificaciones al decreto ley N° 3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales, como agregar que las ópticas y recintos de salud visual deberán acreditar el origen de su capital propio y las declaraciones de importación de mercaderías destinadas al giro, además entregar una declaración jurada simple de los días y horarios de atención del periodo anterior al solicitar su renovación anual de patente municipal. Se busca también permitir la clausura del local cuando se hayan "proporcionado antecedentes falsos o ha omitido acompañar la documentación exigida".
Se incluyen también modificaciones al Código Sanitario, como imponer sanciones en caso de que se haga una venta de productos sin emisión del documento tributario correspondiente, o cuando se verifique una ausencia o adulteración del registro de recetas ópticas.
En ese sentido, también los recintos deberán tener "un registro que permita vincular cada receta óptica despachada con el respectivo documento tributario de venta".
