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Presidente José Antonio Kast, presentó en cadena nacional una serie de medidas que llevará adelante su gobierno, tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso, hecho que tildó como "una nueva etapa para el progreso de Chile".
El mensaje del Mandatario sumó también otros aspectos clave, con especial énfasis en la seguridad. En esa línea, anunció una ambiciosa hoja de ruta que incluye una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Esto incorpora medidas como una reforma constitucional para consagrar la seguridad de las personas como deber del Estado; establecer como nuevo delito el pertenecer a organizaciones criminales; y un régimen penitenciario especial para narcotraficantes que operan desde la cárcel.
A ello se suma una nueva agencia de decomiso y destrucción de bienes del crimen organizado; mayores atribuciones para policías y fortalecimiento del control migratorio y fronterizo.
También anunció endurecimiento del sistema penal en los siguientes casos: al personal de las FF.AA. o Carabineros que actúe en legítima defensa "no va a ser tratado por la ley como si fuera un delincuente", barricadas o bloqueo de calles ilegal "podrá ser un delito", y reclutamiento de menores, "va enfrentar todo el peso de la ley agravado y sin atenuantes".
En conversación con Emol, expertos profundizan por qué estas medidas resultarían clave, qué buscan combatir o enfrentar, y los desafíos que se abren para garantizar una exitosa implementación.
"Anuncios en la dirección correcta"
Juan Castañeda, experto en criminalidad e investigador de la Universidad Autónoma, observa que "las estrategias propuestas por el gobierno dejan en evidencia una fuerte influencia de teorías vinculadas al control, la presencia policial y el marco normativo que rige a la sociedad".
"Estas medidas parecen aceptadas en el sentido de que atacan los principales focos de inseguridad derivados del crimen organizado y de delitos con alta presencia en el territorio chileno, como el narcotráfico y su vínculo con otras manifestaciones delictivas, entre las que destacan la tenencia, porte y uso ilegal de armas de fuego, así como los homicidios. Dicha aceptación se respalda en la evidencia internacional, la cual comprueba la eficacia de contar con marcos jurídicos e institucionales actualizados y regímenes penitenciarios orientados a un control más efectivo", acota el experto.
Por su parte, Jorge Van De Wyngard, Decano de la facultad de ciencias humanas de la UBO, comentó que "las medidas anunciadas apuntan a problemáticas que han sido identificadas desde hace tiempo por distintos actores públicos y privados como brechas relevantes en la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, abordan materias donde existe una regulación insuficiente o donde la normativa vigente requiere fortalecerse para enfrentar fenómenos delictuales cada vez más complejos".
Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, sostiene que "en términos generales, la mayoría de las medidas propuestas apuntan en la dirección correcta, ya que buscan enfrentar fenómenos que hoy representan una amenaza real para la seguridad pública y responden a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".
"Especialmente relevante resulta el fortalecimiento del sistema penitenciario, considerando que organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua o el Primer Comando de la Capital surgieron y consolidaron parte importante de su poder desde los recintos penales. Asimismo, perseguir el patrimonio del crimen organizado, sancionar con mayor severidad el reclutamiento de menores y dificultar la operación de las bandas criminales son medidas que atacan aspectos estratégicos de estas organizaciones", destaca el experto.
Medidas de prevención y diseño legislativo
Para Wyngar, términos generales, la dirección de las propuestas anunciadas ayer parecen adecuada y responde a un diagnóstico compartido sobre los principales desafíos en materia de seguridad, sin embargo, advierte que su efectividad dependerá de otros factores.
"Su eficacia dependerá de cómo se materialicen en proyectos de ley y de la calidad de su diseño legislativo, además de la voluntad política y administrativa para implementarlas correctamente. Si bien estas medidas, por sí solas, no resolverán todas las deudas pendientes en materia de seguridad, sí constituyen herramientas necesarias que pueden contribuir de manera importante al combate contra la criminalidad, siempre que sean correctamente ejecutadas", precisa.
Castañeda, por su parte, efantiza que las medidas de prevención continúan siendo una dimensión poco abordada. "Estas se encuentran estrechamente ligadas, por ejemplo, a la creación de mecanismos de resocialización y reinserción social, de manera particular para la población juvenil que cae en redes delictivas", precisa.
"Si bien la dimensión punitiva es relevante porque la sociedad latinoamericana la exige, debe complementarse. De ahí surge la importancia de coordinar adecuadamente a los distintos cuerpos policiales y al sistema penitenciario, aunque esto signifique un alto costo económico y de recursos humanos. Por esta razón, junto al control punitivo, resulta clave implementar medidas de reinserción social", zanja el experto.
En tanto, Urquízar pone el acento en que el desafío no pasa únicamente por aprobar nuevas leyes.
"Hoy existe una agenda legislativa recientemente aprobada en materias de inteligencia, terrorismo, crimen organizado, seguridad municipal y funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública cuyo éxito dependerá de su adecuada implementación, del fortalecimiento de las capacidades institucionales y de una coordinación efectiva entre los distintos organismos del Estado", recalca.
Agrega que "finalmente, algunas propuestas, como la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional, requieren un análisis particularmente cuidadoso por su complejidad, ya que Chile debe evitar reproducir experiencias observadas en países como Perú, México o Ecuador, donde la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ha tendido a desdibujar su función principal".
