En medio de un allanamiento realizado por Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió uno de los principales ejes de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): La creación de un nuevo estado de excepción constitucional enfocado exclusivamente en enfrentar al crimen organizado y al terrorismo.
La autoridad explicó que la propuesta, incluida en la megarreforma de Seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast, busca dotar al Estado de herramientas que actualmente no existen para intervenir zonas donde operan organizaciones criminales.
"Lo que hemos planteado es que existe un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que es algo diferente a lo que existe hoy día y enfocado precisamente en combatir el crimen organizado y el terrorismo en ciertas áreas", sostuvo.
Las facultades
Según explicó Arrau, la medida podría aplicarse tanto en sectores urbanos como rurales donde exista una grave afectación de la seguridad pública.
"No pensemos solamente en áreas urbanas; puede ser un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur del país o en el altiplano, donde se requiera", señaló.
El ministro detalló que ese estado de excepción permitiría adoptar medidas como restringir el libre tránsito, establecer toques de queda, limitar reuniones, autorizar la interceptación de comunicaciones en zonas específicas e incluso solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas en funciones determinadas.
"Se le entrega al Estado nuevas herramientas para hacerse cargo de una persecución, de una investigación o de la búsqueda y control de ciertos tipos delictuales como el crimen organizado y el terrorismo, en ciertas áreas muy acotadas", explicó.
Asimismo, precisó que el mecanismo mantendría control del Congreso, siguiendo una lógica similar a los actuales estados de excepción, aunque con un objetivo distinto.
"No es un estado de conmoción interna o de emergencia por alteración del orden público, sino un estado de excepción de seguridad pública", enfatizó.
Defensa de la ACOT
Arrau sostuvo que la reforma constitucional forma parte de un paquete legislativo compuesto por una veintena de proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso y otros que serán ingresados durante los próximos meses.
"Es una agenda potente para hacernos cargo del crimen organizado y del terrorismo. Incluye no solamente leyes, que son muy importantes, sino también mucha gestión, recursos y coordinación entre distintas instituciones del Estado", afirmó.
En esa línea, defendió que el Ejecutivo ya ha impulsado medidas preventivas, como la intervención de 50 polígonos críticos, el fortalecimiento de programas dirigidos a menores de edad y el aumento de recursos para prevención situacional en los barrios.
Además, destacó algunos indicadores que, según el Gobierno, muestran avances en materia de seguridad.
"Hemos aumentado los decomisos de droga; hay provincias del norte con un 250% de incremento y, a nivel país, un 60% más este año. Los homicidios han disminuido entre un 17% y un 18%, mientras que los robos con violencia en la Región Metropolitana registran una baja cercana al 20%", afirmó.
Respuesta al debate
Consultado por las críticas de la oposición respecto de la ausencia de medidas para levantar el secreto bancario, el ministro sostuvo que esa herramienta ya existe en la legislación vigente cuando es solicitada por el Ministerio Público y autorizada judicialmente.
"Hoy día existe el alzamiento del secreto bancario. Cuando se requiere para una investigación, se solicita y se aprueba. No nos vamos a desviar de lo que hemos propuesto, que es una agenda robusta para combatir el crimen organizado y el terrorismo con herramientas extraordinarias para el Estado", concluyó.
