Abocado al diálogo. Así arrancó esta semana el ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de firmar la reforma constitucional que considera la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), del gobierno.
La modificación a la Carta Magna plantea cinco puntos: Consagrar en el artículo 1 la seguridad como deber del Estado; la creación de un nuevo estado de excepción constitucional; erigir una nómina de organizaciones criminales; establecer regímenes penitenciarios diferenciados y habilitar la incautación del patrimonio del crimen.
El secretario de Estado ha asumido la principal interlocución del Ejecutivo con el mundo político, en medio de los incipientes reparos del mundo oficialista y afín sobre la agenda de seguridad.
Por ejemplo, la tarde de este lunes, Arrau recibió en el ministerio al líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, tras la advertencia que el excandidato presidencial manifestó al gobierno por la ACOT.
"No tenemos la obligación de estar de acuerdo con el Gobierno y eso se va a notar en la agenda de seguridad", dijo por el medio, y reparó que "si usted quiere entonces andar reformando cositas en la ley, y quiere sacar a carabineros a recuperar el control a balazos en las poblaciones, les tienes que dar garantías. ¿Qué garantías le das cuando el tema de los indultos no está resuelto?".
El ministro compartió registros del encuentro con Kaiser en su cuenta de X, agradeciendo su disposición "para seguir impulsando un trabajo colaborativo que permita recuperar y potenciar la seguridad de Chile".
El itinerario de reuniones continuó este martes. El ministro recibió en la cartera gobernador de la Región de Los Lagos y presidente de Agorechi, Alejandro Santana, y a su par de la RM, Claudio Orrego, para abordar la agenda de seguridad. Se acompañó de los dos subsecretarios del ministerio, Pilar Giannini (Seguridad) y Gonzalo Guerrero (Prevención del Delito).
Más tarde y tras la aprobación en la Cámara del proyecto Ley Nain-Retamal 2.0, Arrau se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. "La seguridad avanza en las calles y el respaldo a nuestras policías avanza en el Congreso", destacó también en X.
Lo propio hizo con el senador Rodolfo Carter, con quien dijo haberse reunido para revisar la situación de seguridad en la Región de La Araucanía, donde "los homicidios y los robos con violencia han disminuido".
En el equipo de Arrau, indican que el ministro está sosteniendo conversaciones presenciales y telefónicas con distintos actores como parte de un trabajo prelegislativo sobre la reforma constitucional en seguridad, más allá, acotan, de que esta es una labor que "ha realizado siempre" por la agenda del gobierno.
Como sea, la labor se enmarca hoy en los reparos que nacen del propio oficialismo por el debate constitucional. El senador Andrés Longton (RN) ha tomado distancia sobre la idea de un nuevo estado de excepción y ha dicho no ver razón para modificar el artículo 1 de la Carta Magna.
La tarde de este martes, el parlamentario aclaró que "más que aprensiones, hay matices y dudas jurídicas que tienen que ver con que si ciertos elementos es bueno que estén plasmados en la Constitución, o bien cómo plasmar ciertas medidas de la Constitución que sean armónicas con todo lo demás".
También, añadió, "si es que esas medidas van a ser de utilidad respecto a lo que pretende el gobierno y pretendemos todos, que es garantizar la seguridad de los chilenos de mejor manera de lo que estamos haciendo ahora, y que no se produzca un problema finalmente en implementar o en aprobar medidas que finalmente no van a tener la repercusión, o bien, que están mal diseñadas".
De tal modo, reafirmó que las dudas están en "incorporar seguridad pública al artículo 1, que probablemente está de más, entendiendo que hoy día seguridad de la nación se entiende como la seguridad interior y exterior" y "este estado de excepción adicional, hay que ver qué diferencia tiene con el estado de emergencia".
En esa línea, la diputada Ximena Ossandón (RN), apuntó que "a lo mejor, la reforma constitucional habría que reevaluarla en la forma anunciada y considerar una opción que hicimos ver hace un par de meses, en la que establecemos un régimen de cooperación de las Fuerza Armadas por un período transitorio de un par de años, de manera que al final evaluemos su utilidad en base a los resultados".
"Nadie, la verdad, quisiera que las Fuerzas Armadas estuvieran instaladas permanentemente en sectores de la ciudad, pero restricciones de libertades aparecen a veces desproporcionadas y, a lo mejor, muchas veces estigmatizadoras. Tenemos que tener mucho cuidado con eso", reparó.
En este contexto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, refrendó la agenda del gobierno. "Sorprende cómo se buscan excusas frente a la agenda de seguridad. El marco actual no es suficiente, se necesitan los cambios propuestos para enfrentar al crimen organizado", dijo en X.
Y aseveró que "toda la fuerza del Estado debe estar disponible, incluidas las FFAA aunque algunos se escandalicen, pero oponerse es darle la espalda a las familias chilenas que quieren vivir en paz".
Consultado por Emol si con el mensaje aludía a parlamentarios del oficialismo, el senador dijo referirse a "quienes han hablado de mayor seguridad, pero que no están disponibles para avanzar en la línea propuesta".
"Entiendo que las dudas que tenían algunos en el oficialismo ya fueron superadas, pero en otras bancadas han planteado incertidumbre", dijo.
