Esta mañana se concretó la publicación en el Diario Oficial de la
Ley 21.827 de Escuelas Protegidas, una iniciativa clave del Gobierno de José Antonio Kast para aumentar la seguridad y frenar hechos de violencia en los recintos educacionales del país.
Según antecedentes del Ejecutivo, las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695. Y durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, mencionó hoy en la actividad de publicación de la ley que "tras el terrible ataque sufrido en un colegio de Calama, las dirigentas de padres y apoderados fueron muy claras cuando nos pidieron medidas concretas y decididas que les pudieran dar mayor tranquilidad a la hora de dejar a sus hijos en el colegio (...) Pues bien, fruto de un trabajo con el mayor sentido de urgencia, hoy día estamos dando un paso clave justamente en esa dirección de poder resguardar aquello".
La secretaria de Estado afirmó que "como Gobierno, hemos trabajado para entregar respuestas concretas, y la Ley Escuelas Protegidas así lo evidencia. Esta ley permite entregar herramientas para que los establecimientos educativos puedan llevar adelante tareas que antes no podían enfrentar (...) los establecimientos y los equipos de escolares hoy día van a tener un marco legal que les va a dar certeza, que les va dar respaldo y que también les va a dar confianza para poder implementarla".
En tanto, el Presidente Kast respaldó una de las medidas clave de la normativa y que sigue causando polémica: la revisión de mochilas.
El Mandatario señaló en una ceremonia en el Colegio Nueva Zelandia de Independencia que "cuando ustedes se suben un avión, ¿qué les preguntan? ¿Cómo se llaman? Les piden el pasaje, les piden el carnet de identidad, y después le dicen 'mire, pase su mochila por aquí', porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila. ¿Y alguien alega? ¿Han visto que alguien reclama en la puerta del avión? Si el que nada hace, nada teme".
"Entonces, uno cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza, porque puede ser un inspector, un asistente, un profesor, depende de la escuela (...) Cuando ustedes cuidan su baño en la casa, y les gusta que esté ordenado cuando ustedes entran, no que esté todo desordenado. La escuela es lo mismo", señaló el jefe de Estado.
Zoom a la revisión de mochilas
Entre las claves de la nueva normativa de educación, se encuentra la seguridad al interior de los recintos educacionales, y donde ahora se establece que "la comunidad educativa tiene derecho a desarrollar sus funciones en un entorno de respeto y seguridad. La violencia ejercida en contra de docentes, asistentes de la educación o estudiantes constituye una vulneración grave al derecho a la educación del conjunto de la comunidad escolar", por lo que se pueden adoptar medidas inmediatas "conforme al reglamento interno y la ley".
Además, se incluye que los sostenedores de los establecimientos podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y bolsos "a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional, o que fueren potencialmente peligrosos para la comunidad educativa".
Esta medida, que fue la más polémica durante la tramitación del proyecto, deberá realizarse en un lugar privado e incluir personal capacitado para la revisión -al menos dos adultos, uno de ellos del equipo de convivencia escolar- y asegurar el respeto de derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso. Además, cabe destacar que queda prohibida la revisión corporal y de vestimentas.
No se podrá hacer una revisión forzosa. En caso de negativa del estudiante, se deberá informar de la situación a su apoderado para que concurra a revisar la mochila del alumno en presencia de personal autorizado del establecimiento. Durante el tiempo que dure esa gestión, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo de personal autorizado en un lugar distinto a la sala de clases.
En tanto, si el apoderado también se niega a la revisión, se deberán retirar las pertenencias del colegio y el sostenedor del colegio deberá dejar constancia de lo ocurrido e informar del hecho a la Oficina Local de la Niñez competente.
La ley señala que en caso encontrar elementos peligrosos, el personal autorizado del establecimiento deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, y a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile "para que adopten las medidas o procedimientos que correspondan en conformidad a la ley".
Las otras claves
Otra de las medidas de la normativa es que se entrega más autoridad a los docentes, ya que se faculta a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata, para mantener el orden en la sala de clases, siguiendo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Esto, "promoviendo la responsabilidad del estudiante, la salud mental de todos los integrantes de la comunidad educativa y el aprendizaje de conductas acordes a la vida escolar".
Entre las nuevas medidas también se contempla que con el fin de resguardar la seguridad en el interior de los establecimientos, "los reglamentos internos deberán contener prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, siempre que no respondan a necesidades de salud, religiosas u otras debidamente justificadas".
Además, las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas serán consideradas una afectación grave a la convivencia escolar.
Se suma un mayor involucramiento de las familias, ya que los docentes podrán requerir la participación de padres y apoderados en instancias formativas y estos deberán asistir obligatoriamente a citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.
La legislación menciona también que los reglamentos internos podrán incluir la suspensión al derecho de ingreso al establecimiento de aquellos padres, madres o apoderados que hayan agredido física o
verbalmente, o por medios digitales, a un funcionario del plantel o a un estudiante.
Se suma una menor burocracia y gestión colaborativa, ya que para evitar la sobrecarga administrativa asociada a la respuesta a denuncias por convivencia ante la Superintendencia, se deberá priorizar siempre la gestión colaborativa, salvo cuando existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
