Expuesto quedó el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, por la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional del artículo 31 del proyecto de Reconstrucción Nacional,
que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por catástrofes.
La norma, estampada en la megarreforma por la diputada Sofía González (PC), fue objeto de un requerimiento por parte del Ejecutivo,
ingresado el reciente sábado 8 de agosto.
Este lleva la firma del Presidente José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; el biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange y la ministra de Energía, Ximena Rincón, y argumenta que el artículo "no guarda relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución".
Tres días después de esa presentación, Alvarado fue consultado por la acción del Gobierno en el Congreso, frente a lo que admitió total desconocimiento. "Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información", dijo este martes.
Y agregó que "el proyecto de Reconstrucción es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda y si han considerado tomar esas decisiones, son legítimas".
El hecho de que el biministro ignorara la presentación al TC, siendo el jefe político del gabinete, llamó la atención, incluso habiendo acontecido el comité político de los lunes en Palacio, donde suelen socializarse y coordinarse las acciones que emprende el Ejecutivo,
Lo cierto es que Hacienda ya había manifestado su idea de llevar el artículo al TC. En el comité político ampliado del 3 de agosto, el Ejecutivo confirmó a los partidos los tres vetos que presentarían al proyecto de Reconstrucción. Ante la duda de uno de los timoneles sobre qué se haría con la norma de reposición de servicios, el ministro de Hacienda habría comentado que se estaba evaluando objetar con un veto aditivo, o bien recurrir al TC.
Nada más se supo públicamente hasta este martes, en que la diputada González (PC) reaccionó a la presentación del gobierno ante el Tribunal, desatando reacciones en el Congreso. Entre ellas, Alvarado, sincerando que ignoraba la impugnación.
Hoy, sin embargo, García Ruminot aseveró que el asunto sí se abordó en el comité político de Palacio, que integra Alvarado. "Muchas veces ocurre que, particularmente los ministros, estamos entrando y saliendo. Es muy probable que, cuando se conversó, el ministro Alvarado, en ese minuto, haya tenido que salir a atender otra situación, haya estado con una situación distinta que no estuvo presente en el momento en que se habló", dijo.
Y admitió que "no hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido, y por esa razón él no estaba debidamente informado". En su caso, aseguró, "no hemos tenido ninguna intención ni de ocultar información, sería absurdo, sino que simplemente hemos tenido semanas muy, muy intensas de trabajo".
Desde el núcleo de Alvarado, reafirman el desconocimiento sobre la impugnación de la norma ante el TC, y aseveran que el tema no se trató en el último comité político de Palacio. Ese sentido, acusan sorpresa de que no se haya socializado, sobre todo, estando estampada la firma del ministro Segpres, que debe ponderar las consideraciones políticas del caso.
También comentan que previo a la presentación del requerimiento, el biministro había desaconsejado impugnar el artículo en el TC. A su juicio, no había asidero refutar que la norma no guarda relación directa con las ideas matrices, siendo la megarreforma una ley miscelánea.
De hecho, voces de la cartera de Interior dicen tener el convencimiento de que el requerimiento del gobierno se caerá casi por unanimidad en el TC.
Fuera debate sobre si el tema fue conversado en el comité político, en el gobierno hay quienes comentan que existió una minuta destinada al resto de los ministerios, que informaba sobre la presentación al TC. Desde la Secretaría de Comunicaciones apuntan que el documento habría venido de Hacienda.
Consultados por Emol, en la cartera no respondieron por la existencia de la minuta, y derivaron el caso a la Segpres. En tanto, el ministro Quiroz no ha concedido vocerías sobre la materia.
Oficialismo
Desde el oficialismo, también se ha acusado la desprolijidad que radica en el episodio. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo haber sido informado por la Segpres respecto a que se impugnaría la norma.
"Aquí probablemente hubo un problema de coordinación, que la persona que tenía que informarle al ministro no lo hizo, pero al menos la persona que tenía que informarle a los presidentes de partido, sí lo hizo", dijo, y apuntó que "lo importante es que se aprenda del error y que no se vuelva a cometer".
Al respecto, la senadora María José Gatica (RN) reconoció que debe mejorar la coordinación del Gobierno. "Es un solo gobierno, por lo tanto, tienen que coordinarse entre cada ministerio de las acciones que van a tomar. Son temas que se deben informar a tiempo, y el biministro Alvarado, como jefe de gabinete del Presidente José Antonio Kast, debe estar enterado de todas las acciones".
A su vez, el senador Rodolfo Carter, apuntó que tanto el ministro de Hacienda como el biministro de Interior y Segegob, "deberían estar más coordinados, porque claramente la ciudadanía no entiende que en el mismo gobierno, Interior y Hacienda, no conozcan lo que hacen".
Otra opinión tuvo el presidente de republicanos, Arturo Squella, arguyendo que el tema "es probable que lo hayan visto con los equipos jurídicos que están detrás de la defensa del gobierno en el Tribunal Constitucional, frente a los tribunales, frente a los requerimientos que se están presentando".
"No veo, digamos, ningún inconveniente si es que, en definitiva, es el camino que el responsable del proyecto decidió para sacar adelante la gestión", agregó.
En esa línea, el senador Javier Macaya (UDI) consideró la situación "perfectamente normal, porque esto es una decisión que toma el ministerio de Hacienda, que la comunica con el encargado legislativo, que es el ministro de la Segpres y ahí está la coordinación".
