Presuntas irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Juaneb) es la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente y que ha salpicado a parlamentarios.
Esta mañana el Ministerio Público junto a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de medidas intrusivas a domicilios, las oficinas de Junaeb y del Congreso Nacional en el marco de una investigación reservada que indaga los delitos de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y otros ilícitos de corrupción vinculados a contratos con la Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.).
La acción judicial apunta a raciones presuntamente sobreestimadas, falsificación de certificados para acceder a pagos con fondos públicos, manipulación de registros informáticos y entrega de alimentos contaminados en colegios de la Región de O'Higgins.
A ello se suma la arista congresista: el presunto pago de sobornos a parlamentarios para acceder a información reservada y favorecer los intereses de Soser en procesos de licitación.
En el marco de la investigación son indagados los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.), a quienes se les revisaron oficinas, se incautaron dispositivos electrónicos y se accedió a sus cuentas de correo electrónico para determinar si se realizaron gestiones favorables para Soser.
Por su parte, Gahona envió un comunicado en el que apuntó que "estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario".
Se suma a la lista de investigados el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC), quien esta tarde se presentó a la PDI tras estar "inubicable" y se le incautó su teléfono celular.
La fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, mencionó que "la solicitud que se efectuó con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho".
La denuncia de Peña, el origen del caso
Fue tras el Plan de Inspección Total impulsado por la administración de José Antonio Kast que en mayo el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, denunció irregularidades en el proceso de licitación del PAE en la Región de O'Higgins.
Según detalló, son contratos en que se aumentaron exponencialmente la cantidad de raciones proyectadas y el valor por una once alcanzó los $8.000, lo que permitió que se pagaran más de $14.000 millones a Soser.
En ese entonces, Peña señaló que "ninguna once fue entregada. El fuerte nuestro es entregar desayunos y almuerzos. Las once solamente se entregan en procesos de recuperación de clases o en actividades extraprogramáticas donde se requiera. Por lo tanto, es absolutamente injustificado que se pagaran y se proyectaran ese tipo de raciones, esa cantidad de raciones para el año 2022 y 2023, además de ese precio, a más de $8.000".
Onces de $8 mil y "no servidas"
El origen remonta a 2019, cuando Junaeb contrató vía trato directo por un monto de $120 millones a la empresa Inventia Consultores SpA para elaborar las bases de licitación del PAE 2021-2023, eliminando las bandas de precios y permitiendo que cada empresa pudiera ofertar valores por cada servicio.
En ese escenario, Soser S.A. presentó una oferta que combinaba precios bajos en algunos servicios como almuerzos por cerca de $300 con valores considerablemente más altos en otros, como las onces de educación básica, que alcanzaron los $6.522 por ración y superaron los $8.600 en 2023.
Según antecedentes entregados por Junaeb, durante 2021 (primer año de la licitación) se programaron más de 814 mil raciones de once en la región, pero no se registró ninguna entrega. Aun así, Junaeb pagó a la empresa más de $2.082 millones.
Luego, en 2022, se modificó el contrato para aumentar el pago fijo de proyecciones de onces desde 40% a 60%, programando 796 mil raciones y ninguna servida, pese a que los pagos superaron los $3.583 millones.
En 2023, la situación se intensificó. Aunque en otras regiones se redujeron las raciones proyectadas, en el caso de Soser estas aumentaron considerablemente, superando 1,7 millones de raciones. Nuevamente no se registraron entregas, pero los pagos alcanzaron los $8.697 millones.
En resumen, entre 2021 y 2023 se programaron más de 3,3 millones de raciones de once en la Región de O’Higgins, sin que se haya servido ninguna. Sin embargo, los pagos efectuados a la empresa superaron los $14.363 millones.
La querella contra Peña
Acto seguido de la denuncia de Peña, Soser ingresó una querella al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago afirmando que la autoridad presentó la denuncia de forma maliciosa, ya que el Ministerio Público investigó el caso tras una autodenuncia de la empresa y dictó el sobreseimiento definitivo.
Peña declaró tras conocerse la querella que "yo estoy muy tranquilo (...) Ese esfuerzo va a continuar, nada nos va a inhibir ni nos va a intimidar, y esto en aras de cumplirle a las personas y, sobre todo, a la fe pública para investigar eventuales delitos".
En EmolTV señaló que "le he ido contando periódicamente cosas (al Presidente), detalles que son relevantes, de hecho ayer tarde nuevamente conversamos (...) me dijo que siguiera, 'no te detengas'. Me pidió seguir, no decaer y sobre todo mirar hacia los lados", lo cual implicaría la revisión de otros programas.
Esta mañana, en un punto de prensa, Peña mencionó que "la línea de investigación que denunciamos ante Fiscalía tenía que ver con un eventual fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, y hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto".
Agregó que "son cosas que alimentan nuestra tesis, de que acá estaban ocurriendo cosas oscuras, cosas desapegadas absolutamente de la normativa y de la propiedad, y que nosotros esperemos que se investiguen y se castiguen".
Peña sumó que "la empresa de hecho tomó acciones legales contra mí. Me acusaron de calumnia. Yo creo que con lo que se está dando a conocer hoy día por la prensa, queda claro de que yo no estoy calumniando a nadie, de que no estoy inventando nada. Ojo que también lo hizo la exdirectora (de Junaeb) Camila Rubio, también me denunció por calumnia. Entonces es importante que quizás con estos antecedentes que hoy día salen a la luz, quede claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción".
