De forma transversal, alcaldes han salido a criticar la
falta de reglamentos de la Ley de Seguridad Municipal pese a que la normativa entró en vigencia el pasado 12 de agosto.
La normativa contempla que los municipios deben regular el ejercicio de las facultades autónomas de sus inspectores de seguridad municipal, pero para ello necesitan las orientaciones técnicas brindadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).
En marzo, la repartición liderada entonces por Carolina Leitao ingresó uno de los reglamentos a Contraloría. Sin embargo, tras el arribo de la nueva administración, la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, ordenaron su retiro para un nuevo análisis antes de su tramitación.
Así, entre los reglamentos "pendientes" se encuentra el que regula los elementos defensivos y de protección de funcionarios municipales -como las pistolas taser-, la de capacitaciones al personal y del uso de plataformas y tratamiento de información de seguridad.
La ley establece que la subsecretaría tiene un plazo de un año para dictar los reglamentos, es decir, hasta febrero de 2027. En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tramita en el Senado una ley corta para realizar modificaciones a la normativa.
Alcaldes expresan molestia
Varios alcaldes en conversación con Emol manifestaron su descontento respecto de la falta de reglamentos para la Ley de Seguridad Municipal, asegurando que no se pueden utilizar nuevas herramientas para enfrentar los delitos en sus comunas. Además, cuestionan que el foco de la cartera esté solo en la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), mencionó que "es legítimo y necesario que el Congreso discuta la reforma constitucional, pero eso no puede paralizar el resto de la agenda. No podemos legislar seguridad a una velocidad y ejecutarla a otra. Tenemos una Ley de Seguridad Municipal vigente que entregó nuevas herramientas para prevenir el delito y varias de ellas todavía no pueden utilizarse plenamente porque faltan decisiones que dependen del propio Estado".
El jefe comunal expresó que "los municipios tenemos que hacer nuestra parte y queremos hacerla, pero necesitamos las orientaciones que permitan implementar correctamente estas facultades. No tiene sentido entregar nuevas herramientas por ley si después quienes tenemos que aplicarlas seguimos esperando las condiciones necesarias para hacerlo".
"Estamos hablando de coordinación operativa en seguridad. Si la ley establece nuevas formas de colaboración con Carabineros, pero falta la regulación que permite ejecutarlas, esa herramienta sigue estando en el papel. Y en seguridad, una facultad que existe solo en el papel no protege a ningún vecino", enfatizó Alessandri.
El jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), afirmó que "la falta de un reglamento le da la razón al 'ciudadano de a pie' que dice que las autoridades viven en Narnia porque no hay premura en la clase política; no está la urgencia que sí se vive en los barrios y poblaciones del Chile B".
El alcalde agregó que "la ley de Seguridad Municipal se promulgó en febrero y a partir de entonces había seis meses para elaborar el reglamento. Ese plazo se extendió y seguimos sin saber qué herramientas o medios pueden utilizar los inspectores municipales (...) La clase política no está dando el ancho y sigue desconectada porque es fácil teorizar desde la comodidad del cafetín o del centro de estudio. Lo difícil es vivir entre balas locas, fuegos artificiales y zapatillas colgadas. Ahí el Estado avanza a dos por hora y los narcos van a 100".
Asimismo, Sebastián Sichel (Ind.), alcalde de Ñuñoa, indicó que "la seguridad municipal es una urgencia y necesitamos avanzar con la máxima prontitud en la implementación de esta ley. Pero hacerlo rápido también significa hacerlo bien, escuchando a los alcaldes y a los equipos municipales que enfrentan todos los días los problemas de seguridad en nuestros barrios. Los reglamentos deben recoger esa experiencia y entregar herramientas concretas, claras y efectivas a los municipios".
Añadió que "aquí no podemos perder tiempo", ya que "detrás de cada día de demora hay vecinos que necesitan mayor seguridad, pero tampoco podemos avanzar sin considerar la realidad de quienes estamos en terreno. Necesitamos reglamentos que se tramiten con la máxima celeridad y que permitan fortalecer, de verdad, la seguridad de nuestros vecinos".
También el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic (Ind.-UDI), apuntó que "cuando un vecino tiene un problema de seguridad no llama al ministerio, llama al municipio. Y si vamos a ser parte de la solución, necesitamos con rapidez un reglamento que nos entregue herramientas reales para actuar y no solo buenas intenciones".
En ese sentido, afirmó que hay "muchas dudas" con la implementación de la ley, como "¿quién va a centralizar la información entre Carabineros, PDI, Fiscalía y los municipios? ¿Dónde estarán disponibles las órdenes de medidas cautelares? ¿Cómo se va a capacitar a los inspectores? ¿Con qué vehículos y recursos vamos a poder actuar? La ley incluso contempla que un inspector municipal puede detener ante un delito flagrante, pero debe esperar a Carabineros para trasladar al infractor".
"Si no resolvemos los protocolos, la capacitación, la información y los recursos, corremos el riesgo de tener facultades en el papel, pero no capacidad real para ejercerlas. Espero que esta ley no termine siendo más de lo mismo: otra mesa de coordinación que se reúne, conversa y levanta actas, pero que no logra resolver los problemas de seguridad que los vecinos viven todos los días", cerró Luksic.
El jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind.), sostuvo que "es lamentable ver nuevamente cómo los compromisos, los proyectos, las medidas que buscan dar más seguridad siguen siendo una promesa que no tiene ninguna expresión material en la realidad".
"Comunidades completas siguen desprovista de los mínimos estándares de seguridad, y mientras los más ricos siguen estando protegidos, los más pobres siguen estando descuidados. Esto habla de la desigualdad terrible que vive en nuestro país y que en seguridad se expresa con mayor gravedad", criticó.
El alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), aseveró que "no basta con aprobar una ley y anunciar nuevas atribuciones para las municipalidades si los reglamentos necesarios para aplicarla todavía no están disponibles. Eso demuestra falta de planificación y coordinación por parte del Gobierno (...) No podemos reemplazar a Carabineros ni a la PDI, que son las instituciones responsables de la protección de la ciudadanía y la persecución del delito. Por eso, junto con fortalecer las capacidades municipales, el Gobierno debe garantizar a las policías la dotación, los recursos y las herramientas que necesitan. Ellos deben cumplir su promesa de campaña de terminar con la delincuencia".
A su juicio, el Ejecutivo "está muy al debe con la ciudadanía que espera respuestas concretas y hago un llamado a que el actual Gobierno dialogue más con los alcaldes, que generen puentes y coordinaciones reales. Pareciera que no hay voluntad de escuchar y corregir en torno a la seguridad de las comunas. Es muy lamentable que estén adoptando una actitud tan mezquina".
Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (AH), mencionó que "es inaceptable que tengamos una Ley de Seguridad Municipal vigente desde el 12 de agosto, pero que en la práctica sea un 'fantasma' porque el gobierno aún no ingresa los reglamentos a Contraloría. Los municipios estamos en primera línea combatiendo la delincuencia y necesitamos estas nuevas facultades coadyuvantes operativas ahora, no podemos seguir esperando meses mientras se tramitan leyes cortas o se afinan detalles".
"La seguridad de nuestros vecinos no puede paralizarse por demoras burocráticas; el Ejecutivo debe actuar con sentido de urgencia y darnos las herramientas que la misma ley ya nos otorgó", zanjó Olmos.
La respuesta de la subsecretaría
Consultados por Emol, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) indicaron que "la propia ley contempla un plazo para la dictación de sus reglamentos y nos encontramos plenamente dentro de ese plazo. El reglamento se encuentra prácticamente listo para ser ingresado a Contraloría".
"Sin embargo, estamos a la espera de la aprobación de la ley corta, que permitirá corregir algunas dificultades de la normativa original y entregar mejores condiciones para su adecuada implementación", afirmaron.
La repartición sumó que "comprendemos la premura de esta materia y por eso hemos trabajado intensamente, desarrollando distintas mesas de trabajo junto a las asociaciones de municipios del país. Los municipios cumplen un rol fundamental como coadyuvantes de la seguridad pública y queremos que esta normativa recoja adecuadamente sus distintas realidades y necesidades. Nuestra prioridad es asegurar una implementación responsable y rigurosa, que entregue certezas a los municipios".
Finalmente, desde la subsecretaría afirmaron que "nuestro compromiso es que esta nueva normativa no sea solo un cambio legal, sino que se traduzca en herramientas concretas para fortalecer la prevención, mejorar las capacidades municipales y contribuir a una mayor seguridad en todas las comunas del país".
