Recurrir al Tribunal Constitucional, cada vez que el Gobierno "pretenda vulnerar la constitucionalidad". Esa fue la advertencia que hizo ayer la timonel del PS, Paulina Vodanovic, a La Moneda, luego del traspié que sufrieron en el TC por la norma sobre reconexión de servicios básicos.
Por nueve votos contra uno, el organismo decidió rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo en contra del artículo 31 del proyecto de reconstrucción, aprobado por el Congreso. La norma obliga a las empresas a reponer los servicios básicos en zonas declaradas bajo Estado de Catástrofe.
La decisión fue celebrada desde la oposición, desde donde el lunes doce senadores habían presentado al TC un "téngase presente", pidiendo no acoger la petición del Gobierno.
Ante ello, Vodanovic indicó: "Quiero ser clara y advertir que cada vez que el Gobierno pretenda vulnerar la constitucionalidad del país, recurriremos el Tribunal Constitucional. No seremos cómplices de los abusos que por secretaría que pretende instalar el Gobierno de José Antonio Kast".
La senadora expresó que tal como lo hicieron con otros aspectos de la megarreforma, volverán a pedir el pronunciamiento del TC en temas de "derechos sociales, laborales, educacionales si es necesario".
Análisis de la estrategia
Para el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, la estrategia que plantea la timonel socialista, tiene dos efectos. El primero, explicó es que "lleva a la izquierda a repensar el rol del TC, instancia fuertemente criticada y cuestionada en el marco del proceso constitucional. Luego de ser calificada como 'una tercera cámara' o una institución 'contra-mayoritaria', hoy parece convertirse en un aliado institucional".
De hecho, tanto la hoy oposición, como el actual oficialismo, han criticado en su minuto la imparcialidad de sus fallos, aludiendo a "sesgos políticos" debido a su composición. En su minuto, desde la izquierda incluso apuntaron a que fuese eliminado.
En segundo lugar, Morales cree que lo dicho por Vodanovic, "notifica al Gobierno que un paso mínimo hacia la inconstitucionalidad será llevado a esta instancia, ante la imposibilidad de la centroizquierda para hacer frente" al Ejecutivo en el Congreso.
"Por cierto, cualquier derrota de la centroizquierda en el TC será interpretada como un triunfo para el Gobierno, pero a estas alturas, le basta con modificar aunque sea aspectos laterales de las reformas oficialistas para tener algo que celebrar", precisó Morales.
Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, consideró que "la estrategia de recurrir al TC, por parte de la oposición, me parece natural, considerando dos cosas; que hoy tienen mayoría y la presidencia (del organismo) y, por tanto, pueden ganar batallas incluso con el voto dirimente; y segundo, que están en la oposición, y el TC es vista como un organismo 'contracíclico', es decir, como un contrapeso a quien ejercer el poder".
Sumado a ello, recordó que "las instituciones son para utilizarlas, y al recurrir a este tribunal, sea la actual oposición o cualquier bancada política, no sólo se acciona un órgano reconocido en la Constitución sino que además permite valorarlo y justificarlo. Lo malo es que, quien esté en la oposición (sea quien sea) busque deslegitimar el TC tratándola de 'tercera cámara', sólo porque ejerce ese poder contracíclico. Un organismo no puede ser bueno cuando es útil y malo cuando deja de serlo".
Por su parte, Eric Latorre, analista político de la Universidad Autónoma, recordó que "recurrir al control constitucional forma parte del ordenamiento jurídico y el tribunal cuenta con filtros de admisibilidad para evaluar los requerimientos presentados, tal como ocurrió en el caso fallado recientemente sobre la reposición del servicio eléctricos. Desde una perspectiva normativa, política e institucional, esta vía es perfectamente legítima".
Sin embargo, Latorre cree que la forma en que se plantea la opción de acudir al TC, "como si fuera una amenaza o un arbitraje político para dirimir cualquier disputa entre el Gobierno y la oposición, resulta llamativa y peligrosa. Usar esta herramienta de dicho modo es impropio e inconveniente para la legitimidad de la propia magistratura y para el desarrollo normal de la actividad política".
En este sentido, Latorre recalcó que "corresponde al propio tribunal actuar con absoluto rigor técnico-jurídico al evaluar la admisibilidad de los requerimientos. El incentivo de transformar a la magistratura constitucional en una especie de 'tercera cámara' o árbitro político ha estado presente en el país desde hace varios años. Este es un debate pendiente, pues politizar la institución daña a la política, a la institucionalidad y al propio tribunal".
