Desde el Partido Republicano hasta el PS, parlamentarios
pidieron restituir los casi $800 mil millones sin movimiento en organismos del sector público y municipal que detectó un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Fue a través de la herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo del ente fiscalizador, RADAR, que se estudió información del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).
Los principales hallazgos indicaron que $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal, y que corresponden a recursos en cuentas bancarias inactivas entre 2020 y 2024.
Tras conocerse el hecho, parlamentarios cuestionaron que esos recursos públicos no fueran sido recuperados o utilizados por distintos organismos del Estado ante el escenario de "estrechez fiscal".
El diputado José Antonio Kast Adriasola (Republicano) señaló que "el informe de Contraloría da cuenta de la falta de gestión y de cuidado de los recursos públicos en años anteriores. Estos son recursos que son necesarios para el estado, y cada peso que no se cobra o que no se ejecuta bien es una prestación que no llega a las personas. Por eso es imperativo y es una tarea fundamental de este Gobierno el buen cuidado y buen uso de los recursos públicos".
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Republicano) afirmó que "en la crítica situación en la que recibimos la administración del Estado, creo que es importante que esta información que Contraloría ha liberado sea contrastada con las respuestas que van a dar los distintos organismos respecto de por qué no recuperaron estos recursos que debían accionar para recuperar, y también por qué algunos de los recursos que habrían estado disponibles en cuentas no se habrían utilizado".
"Creo que es relevante que el Estado no solamente gaste de buena forma y con eficiencia los recursos, sino que también utilice los recursos que están destinados para determinados fines. Los recursos son públicos y no solamente se deben gastar sabiamente, sino que deben utilizarse también cuando corresponda, porque tenemos mucha escasez en muchas reparticiones", aseguró el parlamentario.
A su juicio, la información dada a conocer por el ente fiscalizador "es relevante y estaremos muy atentos a las respuestas que las autoridades van a dar respecto de su origen y su destino".
El diputado Felipe Ross (Republicano) calificó el hallazgo como "escandaloso" y afirmó que "denota los problemas de gestión que tienen los municipios para cobrar aquellos montos de los que son acreedores. Esta desidia por cobrar alcanza casi los $800 mil millones, eso es más de cuatro veces que lo que acaba de aprobar el Senado como compensación por aquello que se va a dejar de percibir por contribuciones de adultos mayores".
"Es decir, con solo cobrar lo que los municipios, deben cobrar, podrían generar recursos por hasta cuatro años de contribuciones de adultos mayores. Esto refuerza el hecho de que los municipios, a nivel de gestión, pueden hacer muchísimo más para contar con mayores recursos", cuestionó Ross.
Asimismo, el diputado Mario Olavarría (UDI), apuntó que "esto demuestra con absoluta claridad la urgencia de avanzar en una profunda modernización del Estado. Es inaceptable que existan organismos públicos manteniendo cuantiosos recursos inmovilizados durante años o acumulando cuentas por cobrar que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de transformarse en incobrables".
"Estamos hablando de enormes sumas detectadas por la Contraloría que pertenecen a todos los chilenos y que, justamente cuando el país más necesita hacer un uso eficiente de sus recursos, permanecen estancadas producto de una negligencia difícil de justificar", acusó.
El diputado César Valenzuela (PS) sostuvo que "es importante que las instituciones aclaren esta situación ante la Contraloría General de la República, porque lo importante es que las platas sean ejecutadas para los fines que fueron transferidas".
Agregó que "evidentemente que si esos fondos no pueden ser ejecutados, se debe cumplir con las acciones que permitan restituir esos dineros, porque se trata de dinero público y requieren de un tratamiento especial".
