En medio del salvataje del gobierno a la reforma constitucional del seguridad, que por el momento, se estaría rechazando en su idea de legislar en el Senado, este miércoles, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, recibió en La Moneda al presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya (PPD).
Ministro y senador estuvieron reunidos por cerca de dos horas, negociando las posibles modificaciones a la reforma, en circunstancias que el gobierno se ha negado a retirar el proyecto del Senado, como lo ha conminado el propio Araya, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y personeros oficialistas, como el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).
El corazón de la controversia es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, cuyas disposiciones, como el hecho de que el Presidente lo pueda aplicar por un máximo de 240 días sin pronunciamiento del Congreso, o que permita interceptar comunicaciones, han llevado a algunos a advertir posibles vulneraciones al Estado de derecho y hasta derivaciones a lógicas autoritarias.
De ahí que la pretensión de algunos senadores, Araya incluido, es que el gobierno claudique con la idea del nuevo estado de excepción y se allane a actualizar los que ya existen. De hecho, hay quienes consideran que la actual propuesta de gobierno puede quedar alojada como un acápite sobre "seguridad pública", en el actual estado de excepción constitucional de emergencia.
La apertura de a debatir el estado de excepción y sus controles, tanto en el congreso como en tribunales, fue lo que permitió a Alvarado y Araya a llegar a un acuerdo: Habilitar el debate en la comisión de Constitución del Senado para consensuar una nueva redacción.
Respecto a la reforma, Alvarado dio cuenta de que "coincidimos en que hay que hacer mejoras" y de que el "lugar donde se van a conversar esas mejoras es la comisión de Constitución del Senado, y una vez que avancemos y tengamos puntos de encuentro, podamos definitivamente dar un curso de acción al desarrollo de ese proceso legislativo".
En lo que compete al nuevo estado de excepción, indicó que "consideramos de que hay que hacer una revisión en orden a que tenga los controles suficientes y necesarios, tanto políticos desde el parlamento, como también desde el ámbito judicial".
Sobre la idea de Núñez a retirar la reforma, el biministro reparó que "esa es la opinión de la presidenta del Senado, y el Ejecutivo legítimamente tiene una opinión distinta, que vamos a trabajar en la comisión de Constitución del Senado para lograr puntos de acuerdo y de encuentro".
A su vez, Araya aseveró que "nosotros seguimos manteniendo lo que hemos señalado. Creemos que esta reforma constitucional es una mala reforma que pareciera ser un copy paste hecho con inteligencia artificial de distintas legislaciones. Por esa razón creemos que es necesario que exista un diálogo político, técnico, que se va a dar en la Comisión de Constitución antes de votar esta reforma para verificar dónde tenemos puntos de acuerdo".
Ahondando en la necesidad de que el Estado tenga herramientas para combatir el crimen organizado, el senador apremió a que "la centro izquierda, especialmente el socialismo democrático, esté disponible a cruzar la vereda y generar los consensos necesarios que permitan que el Estado cuente con herramientas eficaces".
Por lo demás, dio cuenta de que "le he manifestado al ministro que el estado de excepción que se está planteando en la forma que está, yo no estoy disponible a votarlo. Pero perfectamente podemos avanzar, por ejemplo, en una actualización de todos los estados de excepción, no solamente lo que está proponiendo el gobierno, que probablemente eso va a tener más viabilidad".
"Si hay un estado de excepción que tiene controles políticos, que tiene controles judiciales, que establece con claridad qué se puede hacer y no hacer, probablemente va a contar con mi respaldo", afirmó.
Como sea, el debate de la reforma de seguridad en la comisión no comenzaría hasta la segunda semana de septiembre. El senador dejó claro al biministro que la prioridad de la instancia es tramitar la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Solo después de eso, el parlamentario del PPD buscaría que la comisión lleve, al menos por dos jornadas, un diálogo prelegislativo sobre la reforma.
Cabe destacar que la mañana de este lunes, en el marco de un operativo de control migratorio por Metro de Cal y Canto y el Mercado Tirso de Molina, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anticipó que "hemos estado con muy buenos diálogos, lo que estamos viendo es que va a haber un diálogo legislativo en la comisión con un nivel de urgencia bajo para que se pueda dar esa conversación".
"Hay un consenso amplio de que hay que mejorar los estados de excepción, con uno nuevo o mejorando lo que hay para poder hacer una intervención profunda en los barrios, donde hoy día no hay libertad, donde las personas hoy día son amenazadas, donde viven con miedo", apuntó.
