El episodio por los dichos sobre el estrecho de Magallanes que abrió el domingo el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (JEMGFA) de Argentina,
todavía no ha terminado del todo.
Aún cuando el martes el Gobierno de Argentina, a través de su Cancillería, se distanció de los dichos del militar, y reafirmaron la vigencia de los acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía chilena sobre los territorios del estrecho, hay varios episodios que han continuado desarrollándose.
A juicio de expertos, la trama por el estrecho daría cuenta de una administración desordenada, tanto de Chile pero especialmente desede Argentina, para resolver este tipo de tensiones. Y si bien existe una afinidad ideológica entre el Presidente José Antonio Kast y su par trasandino, Javier Milei, esto no sería un garante de coherencia; de hecho, la cercanía aumentaría la exigencia.
En paralelo, tal como ocurrió en Chile, la prensa argentina también le dio espacio a la controversia. Algunos titulares tildaron el tema como una "escaramuza bilateral", mientras otros hicieron hincapié en el "malestar en Chile".
Quien sí recibió críticas más robustas fue Valverde. Medios argentinos aseguraron que los dichos del militar molestó en en la Casa Rosada. Fuera de la política, el conocido periodista Eduardo Feinmann dijo que lo del uniformado fue "una burrada", y lo acusó de levantar de la nada un conflicto diplomático por sus dichos. "Valverde, ¿no se acuerda usted de geografía ni de historia, maestro?", inquirió.
Los dichos del comunicador no están tan alejados de lo que planteó ayer el ministro de Defensa de Argentina Carlos Alberto Presti al ministro Fernando Barros ayer, tras llamarlo por teléfono para reforzar la idea del respeto a los tratados y zanjar el tema. En referencia a Valverde, habló de "confusión y desprolijidad".
Comunicado de Argentina
El lunes, la Cancillería de Chile anunció que enviaría una nota de protesta a Argentina, tras conocerse los dichos emitidos por Valverde.
El ministro Francisco Pérez Mackenna salió además a subrayar que "la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible, y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países". Por lo mismo, hizo un "severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno".
El martes, Argentina emitió un comunicado titulado "La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida", en una señal diplomática para zanjar el tema.
En el texto, enfatizaron que "la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984", y añade que los acuerdos "rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".
Recepcionado el comunicado, el biministro del Interior, Claudio Alvarado remarcó que el tema quedaba zanjado para Chile, aunque aprovechó la oportunidad para llamar al gobierno argentino a "hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal, y no es sano tampoco, la relación bilateral entre países que, existiendo tratados que están plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de duda sobre eso", dijo a Radio Biobío.
"Pero yo creo que, en este episodio en particular, con la comunicación hoy día que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado porque es total y absolutamente coincidente con lo que nosotros planteamos el día de ayer", sentenció.
Llamado a Defensa y eventual comunicación de Valverde
Cuando el tema parecía cerrado, ayer sonó el teléfono en el Ministerio de Defensa. Del otro lado habló el titular de esa cartera en Argentina, Carlos Alberto Presti, para reafirmarle a su par de Chile, Fernando Barros, que no estaba en discusión que el estrecho es chileno.
"El Ministerio de Defensa Nacional informa que, a las 19 horas de hoy, el ministro de Defensa de Argentina, teniente general Carlos Alberto Presti, se comunicó telefónicamente con su par chileno, don Fernando Barros Tocornal, para aclarar las declaraciones del Brigadier General Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del vecino país, respecto del Estrecho de Magallanes y la zona austral", comenzó señalando la cartera a través de un comunicado.
En el comunicado detallaron que "Presti atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad, precisando que el alto oficial aéreo de su país conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno".
Por su parte, el ministro Barros agradeció la voluntad de superar la situación y coincidió con Presti en dar por superado el incidente.
La comunicación telefónica entre los ministerios de Defensa podrían replicarse en Cancillería y por parte del propio general Valverde. Así al menos lo hizo saber Presti a Barros.
"Informó que el Canciller argentino, como el propio Brigadier General Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido", detalló Defensa en el comunicado.
"Administración desordenada"
"El desorden está tanto en la respuesta como en el origen del problema", señala a Emol Miguel Ángel Fernández, doctor en ciencia política y subdirector académico de Faro UDD en relación a la forma en que se manejó la tensión por el estrecho.
El experto enfatiza que "un jefe militar en actividad estableció una pretensión que ningún tratado respalda y que su propio Gobierno debió desautorizar. Tampoco es la primera señal de este tipo en los últimos años, y esa reiteración es lo que obliga a Chile a responder siempre con la misma firmeza serena y por los canales formales".
Por su parte, Javiera Delgadillo, docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins (UOH), concuerda en que las distintas declaraciones emitidas desde Argentina "han sido disonantes", y darían cuenta de "cómo Chile y Argentina entienden, de manera distinta, elementos fundamentales de la posesión del Estrecho de Magallanes. Junto con ello, esta polémica da cuenta de la administración desordenada de Chile y Argentina".
"Particularmente, el gobierno argentino ha demostrado la falta de ordenamiento y alineación interna, lo que ha sido reconocido incluso por personas de mismo sector político", subrayó.
Reparación política y diplomática
La llamada posterior al comunicado de la Cancillería argentina fue una señal política, pero para algunos expertos, esto acrecentó la sensación de desorden.
"La intensidad de las acciones que hemos observado hablan por sí solas. Una nota de protesta se responde por escrito, no con llamadas ministeriales y el anuncio de un contacto del propio oficial. Ese despliegue reconoce que hubo un costo. Corresponde valorarlo, pero también pedir que la corrección sea institucional y permanente, porque la soberanía chilena sobre el Estrecho no admite matices", plantea Fernández.
Asimismo, la cercanía ideológica de los presidentes Milei y Kast explicarían la rapidez del intento de cierre del tema, pero no el fondo del asunto. "Los tratados de 1881 y 1984 no dependen de afinidades ideológicas y Chile habría sostenido lo mismo ante cualquier gobierno argentino. La cercanía, más que atenuar la exigencia, la aumenta, porque a un socio se le puede pedir coherencia entre su discurso oficial y lo que dicen sus altos mandos", cerró el experto.
Ricardo Hernández, Coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, agrega que "si bien la cercanía que tienen los dos jefes de Estado puede influir en la rapidez de la respuesta a la nota diplomática, esto no necesariamente influye en la intención estratégica de otras instituciones del Estado de argentina".
"Recordemos que en la administración de Alberto Fernández se firmó un decreto que planteaba una administración conjunta o espacio compartido de territorio austral, documento que fue derogado por la administración Milei. Sin embargo, parece que la pretensión contenida en el decreto sigue vigente para los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas", planteó.
Por su parte el exministro del Interior y de Defensa, Jorge Burgos, planteó este jueves a 24 Horas que si bien el tema se cerró, "hay que estar muy atento a que no se mueva una cosa que no tiene por qué moverse, porque está cerrada jurídicamente".
El Decreto de 2021
Los dichos del exministro Burgos tienen asidero en varias acciones que han precedido el comportamiento de Argentina en torno al estrecho de Magallanes.
Hace sólo cuatro meses hubo una controversia en el mismo tenor, cuando se conoció que el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante
Hernán Montero, había señalado en el mes de enero que el Estrecho de Magallanes "es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina". manifestó.
En 2021 también hubo un episodio de tensión cuando el entonces presidente Alberto Fernández aprobó un decreto con la "Directiva de Política de Defensa Nacional", la que contemplaba como un "espacio compartido" entre ambos países la "exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (conocido como Pasaje de Drake)", que Chile reivindica como propios, de acuerdo con los tratados suscritos con la Argentina", según señalaba el texto.
En la oportunidad, Chile emitió una queja, y el ex Gobierno de Fernández sostuvo que se modificaría el decreto. En la queja de Chile, y y tal como se repitió en abril de este año y esta semana, el Gobierno subrayó: "El Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno en conformidad con lo dispuesto en el Tratado de 1881, lo que ha sido reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984".
En marzo del año pasado, el Gobierno de Javier Milei derogó el decreto, y la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa de Argentina reconoció que la administración anterior cometió "un error" respecto a la interpretación de los tratados vigentes.