El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y cuestionó las críticas que han apuntado a que la iniciativa podría abrir la puerta a una concentración excesiva de atribuciones en el Presidente de la República.
Durante un punto de prensa, la autoridad fue consultada por los reparos planteados por los académicos Arturo Fontaine y Javier Couso en CNN Chile, quienes han advertido sobre el eventual riesgo de una "dictadura constitucional" a partir de las mayores facultades que contempla la propuesta para el Mandatario.
Frente a ello, Arrau pidió fundamentar este tipo de cuestionamientos y defendió el contenido de la iniciativa, poniendo como ejemplo la propuesta de crear un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas.
"En primer lugar, yo llevaría la seriedad y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué", sostuvo.
Según explicó, existen mecanismos similares en países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia e India, donde estos listados son elaborados por el Poder Ejecutivo y, en algunos casos, cuentan con participación del Legislativo.
En el caso chileno, señaló que la propuesta del Gobierno contempla "tener un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas con informe del Ministerio Público que lo propone el Ejecutivo y que se vota por dos tercios del Senado". A su juicio, "de toda la experiencia internacional que hemos realizado es el más estricto de todos".
El ministro también defendió la creación de un régimen penitenciario especial para quienes pertenezcan a organizaciones criminales y terroristas que estén incluidas en dicho listado. "Las personas que sean demostradas que pertenecen a esas organizaciones de crimen organizado y terrorismo tengan un régimen penitenciario especial que tiene que estar blindado constitucionalmente", afirmó.
En esa línea, Arrau sostuvo que la medida busca evitar situaciones en que personas vinculadas al crimen organizado puedan ser trasladadas desde cárceles de mayor seguridad mediante recursos judiciales.
"De eso estamos hablando de tener un listado de organizaciones criminales, de tener una pena por el delito de pertenencia como ya existe en nuestro Código Penal, en los artículos 292 y 293, pero más gravosa para las personas que pertenecen a ese listado y un régimen penitenciario especial", explicó.
Respecto del nuevo estado de excepción constitucional que plantea la iniciativa, el ministro señaló que este permitiría intervenir "barrios, polígonos muy locales donde el narco o el crimen organizado se lo ha tomado", utilizando normas de habilitación constitucional que, según sostuvo, ya existen para los otros estados de excepción. "No estamos inventando nada nuevo", afirmó.
Consultado por el plazo de duración de esta herramienta, Arrau aseguró que se trata de una materia abierta a modificaciones. "Sobre el plazo, totalmente conversable como lo dijo ayer varios senadores, hemos tenido muchas reuniones y podríamos poner la misma norma que existe en el resto de los estados de excepción constitucional", señaló.
El secretario de Estado también explicó que, bajo esta propuesta, la administración de este estado de excepción podría quedar a cargo de un general de Carabineros. "Ellos tienen el oficio de ver temas policiales, la relación con el Ministerio Público. De eso estamos hablando para explicarlo bien en español. Eso es lo que hemos propuesto al país", sostuvo.
Finalmente, Arrau volvió a cuestionar los calificativos utilizados por algunos de los críticos de la iniciativa y afirmó que no se condicen con el contenido del proyecto. "Yo no veo donde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho y algunas personas que son más bien opinólogos sacan (esos) epítetos", señaló.
"Uno también es paciente, conversa con muchas personas, explica, pero sale una campaña, no sé, yo no lo quiero llamar desinformación pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado", concluyó.
