La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados alcanzó un acuerdo para modificar el Código Procesal Penal y ampliar a 24 horas el plazo para considerar una situación como flagrancia.
El proyecto, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno, quedó así en condiciones de ser sometido a votación por ambas Salas del Congreso.
El presidente de la comisión, senador Pedro Araya (PPD), destacó que la ampliación del plazo permitirá a las policías contar con un mayor margen para identificar a los responsables de un delito y reunir antecedentes durante las primeras horas de la investigación.
"Al aumentar el plazo de flagrancia, se permite que la policía pueda tener un mayor margen de actuación para poder identificar a quién cometió un delito, poder recoger pruebas, entre otras cosas", explicó.
El parlamentario agregó que el acuerdo también contempla que el Ministerio Público pueda, mediante instrucciones generales, autorizar a las policías a realizar determinadas diligencias investigativas, lo que, a su juicio, resulta especialmente relevante durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito.
"Lo más importante también es que se va a autorizar a que el Ministerio Público, mediante instrucciones generales, pueda permitir que la policía realice una serie de diligencias en materia investigación, que son fundamentales las primeras horas para esclarecer los delitos", sostuvo.
En la misma línea, Araya recalcó que "la flagrancia se aumenta a un plazo 24 horas, lo que le da una mayor posibilidad a las policías de poder identificar a la persona que cometió el delito".
Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) valoró el acuerdo alcanzado respecto de las diligencias autónomas que podrán realizar las policías bajo instrucciones previas del Ministerio Público.
El parlamentario sostuvo que estas facultades buscan evitar que evidencia relevante pueda desaparecer, perderse u ocultarse durante las primeras horas, particularmente cuando existe una situación de flagrancia.
"Hoy día se demoran más de la cuenta y tienen riesgo de desaparecer, perderse o bien ocultarse, si es que no se recaban inmediatamente, particularmente cuando hay flagrancia", afirmó.
Longton detalló además que el acuerdo establece que el plazo de flagrancia será de 24 horas para todos los delitos, pero contempla una excepción para la policía marítima, cuyo plazo se extenderá a 48 horas.
Según explicó, esta diferencia responde a las dificultades asociadas a los desplazamientos y tiempos de traslado que enfrentan las unidades marítimas al momento de perseguir determinados delitos.
"El traslado de ellos, particularmente cuando visualizan y tienen que hacerse cargo de determinados delitos, la distancia y el trayecto que tienen que recorrer es más largo que el que se podría hacer en tierra firme", señaló.
En ese sentido, agregó que las policías marítimas habían planteado que, en determinadas situaciones, las embarcaciones deben trasladarse entre regiones para realizar labores de persecución, lo que justifica contar con un plazo mayor.
Con el acuerdo alcanzado en la comisión mixta, el proyecto deberá ahora ser votado por las Salas de ambas cámaras, antes de continuar con su tramitación legislativa.
