Este miércoles, la subsecretaría de Prevención del Delito entregó el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, correspondientes al primer semestre de 2026.
El reporte mostró que durante el primer semestre, el país registró 472 asesinatos consumados, 41 menos que el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción de 11,5%.
En tanto, la tasa de homicidios en Chile llegó a 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes. Con esto "se registra por cuarto año consecutivo una reducción en el número de víctimas durante el primer semestre". Además, después de un peak en 2022, la cifra volvió a niveles de prepandemia.
Los homicidios consumados mantienen una alta concentración territorial. Las regiones Metropolitana (218), Valparaíso (53) y Biobío (38) concentraron 65,5% del total nacional durante el primer semestre de 2026. No obstante, las tres regiones redujeron el número de víctimas respecto del mismo periodo de 2025.
Valencia: "Estamos volviendo a la situación de 2018"
Sobre los resultados, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la tasa de 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes.
"En economía con mucha frecuencia se cita la tasa de inflación, el costo de la vida, el IPC, la variación de la UF, como un síntoma de la salud de la economía", partió diciendo. Agregó que en la seguridad pública ocurre lo mismo con la tasa de homicidios, "por eso la tasa de homicidios es importante llevarla de manera rigurosa, profesional, prolija. Estas cifras que está presentando el Ministerio de Seguridad indican cuál es la salud, la temperatura de la seguridad en las calles de nuestras ciudades, de nuestras comunas".
"Por supuesto que hay que combinarla con otros factores, como la droga que se incauta, los riesgos de reincidencia, con la cantidad de prófugos, con los robos que se cometen, pero no cabe duda que tal como la inflación, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes es un indicador generalmente reconocido de manera internacional para medir la situación de la seguridad pública en un país y el nivel de seguridad en sus calles", agregó.
En esa línea, destacó que "la reducción sostenida de la cantidad de homicidios que se están cometiendo en nuestro país es una noticia positiva y en consideración de la cantidad de años que ya lo venimos midiendo de la misma forma, no cabe duda que es consecuencia del trabajo que venimos realizando todas las instituciones que nos encontramos presentes", destacó.
El fiscal nacional dijo que aún se conservan problemas como en la RM, y en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, y O'Higgins, y que continúan dificultades en Tarapacá, "pero en términos generales estamos volviendo a la situación en la que nos encontrábamos el año 2018 o el año 2019 en términos globales".
Con todo, enfatizó que "no nos vamos a quedar conformes con aquello, estamos muy lejos de estar satisfechos. Lo que tenemos es la certeza de que esta es una política de Estado". "Son números que nos tienen que llevar a la certeza de que estamos avanzando por el camino correcto", subrayó.
Arrau: "Casi 50% de las víctimas tienen antecedentes penales"
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que "hoy día vemos que las cifras que nos entregan del primer semestre son positivas, estamos llegando a un 2,3 semestral, sería extrapolable a un 4,6 anual, y estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el 2018 en términos de homicidios, que es el principal termómetro".
"Hay muchos otros delitos violentos, drogas incautadas, muchos indicadores que conversamos semana a semana. Pero estos (indicadores) del homicidio, de las vidas humanas, es el gran indicador y tener esta tendencia, conservar una tendencia a la baja sostenida, que cada vez que sigue bajando es más difícil sostenerla", comentó.
Además, Arrau destacó que los datos también muestran que "cerca del 50% de las personas fallecidas en homicidio tienen antecedentes penales".
"Es el resultado de una política de Estado"
Consultado por Emol, Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, comenta respecto a las cifras que la baja en la tasa de homicidios podría entenderse como "el resultado de una política de Estado, más que como el efecto de una medida o institución específica".
"La existencia de una medición común, el trabajo interinstitucional y una acción pública cada vez más focalizada permiten sostener estrategias en el tiempo y orientar mejor los recursos. El dato relevante es que no estamos ante una variación aislada: desde el máximo de 660 víctimas registrado en el primer semestre de 2022, la cifra bajó a 633 en 2023, 586 en 2024, 513 en 2025 y 472 en 2026; es decir, cuatro años consecutivos de descenso y una reducción de 32,4% en la tasa respecto de 2022. Eso permite hablar de una tendencia positiva, aunque el informe, por sí solo, no permite establecer causalmente qué política específica explica esa disminución", remarcó.
"El objetivo ya no es solamente mantener una cifra nacional descendente, sino evitar que persistan o se consoliden formas de violencia homicida más organizadas y armadas".
Pablo Urquízar, coordinador OCRIT UNAB
El experto comenta que si bien la evaluación general es positiva, "hay que mirar con atención lo que ocurre dentro de esa reducción".
"El informe muestra que los homicidios asociados a delito y/o grupo organizado pasaron de 165 a 195 víctimas y representan ahora el 41,3% del total, alcanzando su mayor proporción desde 2021. Es decir, tenemos menos homicidios en términos generales, pero simultáneamente una mayor participación de aquellos vinculados a contextos delictuales y de criminalidad organizada, lo que obliga a ser prudentes y a no interpretar la caída como un problema ya resuelto", sostuvo.
En cuanto a los principales desafíos que quedan en esta materia, Urquízar subraya que se debe "consolidar la reducción y, al mismo tiempo, intervenir sobre el núcleo más complejo de la violencia homicida".
En esa línea, hay dos señales del informe que merecen especial atención: el 41,3% de las víctimas está asociado a contextos de delito y/o grupo organizado y el 48,9% murió por arma de fuego; además, este último porcentaje aumentó 2,9 puntos respecto del año anterior, rompiendo tres años consecutivos de disminución.
A ello se suma la concentración territorial y temporal de la violencia: el 62,9% de las agresiones ocurrió en la vía pública y una parte importante se concentra durante la noche y madrugada.
"Por eso, la siguiente etapa de una política de Estado debiera profundizar la focalización territorial, la persecución de organizaciones criminales y el control de armas, sin abandonar la prevención. El objetivo ya no es solamente mantener una cifra nacional descendente, sino evitar que persistan o se consoliden formas de violencia homicida más organizadas y armadas", cerró.
