Los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) anunciaron este miércoles que alcanzaron un acuerdo para avanzar en una propuesta alternativa a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno.
Según explicó Squella, ambos parlamentarios fueron encargados de buscar un texto que recogiera las aprensiones planteadas por los integrantes de la comisión y las pretensiones del Ejecutivo. "Nosotros ya tenemos un texto", afirmó, precisando que tras las Fiestas Patrias será puesto a disposición de la Comisión de Constitución para avanzar en una indicación sustitutiva.
El senador republicano explicó que el acuerdo apunta a una reforma "muy en la línea de la simplificación", dejando "exclusivamente lo que se requiere que esté en el texto constitucional" y entregando a las futuras leyes aquellos aspectos que no necesitan estar contenidos en la Carta Fundamental.
Uno de los principales puntos acordados es incorporar el crimen organizado dentro de la Constitución, en una lógica similar a la actualmente existente respecto del terrorismo. A ello se suma establecer "regímenes carcelarios diferenciados", cuya regulación específica deberá desarrollarse posteriormente mediante legislación.
El tercer eje apunta a reforzar el estado de emergencia, mediante una figura de mayor intensidad que permita enfrentar situaciones vinculadas al crimen organizado. Squella explicó que lo que se buscó fue hacerse cargo de "una hipótesis que hoy día no se podía citar a propósito de combatir el crimen organizado", además de incorporar restricciones que actualmente contempla la Constitución.
Longton, en tanto, sostuvo que el acuerdo "revela el ánimo del oficialismo de construir una propuesta coherente y razonable con lo que necesita el país". Detalló que los cambios quedaron reducidos a tres materias: "Incorporar el crimen organizado dentro de la Constitución, así como está el terrorismo"; establecer "regímenes carcelarios diferenciados"; y "reforzar el estado de emergencia".
El senador RN agregó que buscan que la nueva figura permita una acción preventiva del Estado, planteando que "las amenazas son relevantes porque te permite generar un elemento preventivo al Estado para poder imponer un estado de excepción cuando es necesario llegar antes que el fenómeno de la delincuencia se produzca".
Respecto de los regímenes penitenciarios, Longton defendió que tengan un respaldo constitucional, argumentando que "el refuerzo constitucional (...) te da una fortaleza mayor", especialmente ante situaciones en que "a través de resoluciones judiciales y recursos, se terminan dejando sin efecto regímenes penitenciarios para delincuentes de alta peligrosidad".
En materia de telecomunicaciones, Squella señaló que por ahora consideran que no es necesario incorporar una nueva habilitación constitucional, ya que, según explicó, el objetivo planteado por el Ministerio de Seguridad apunta a inhibir el uso de las comunicaciones durante determinadas operaciones. "Eso no requiere una restricción constitucional", sostuvo, por lo que podría ser abordado mediante futuros proyectos de ley.
Araya se abre a fórmula para destrabar la discusión
Tras conocer el acuerdo, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), mantuvo sus críticas a la propuesta original del Ejecutivo, pero se abrió a que el trabajo desarrollado por Longton y Squella permita avanzar hacia un nuevo texto.
"Creo que ya quedó más que claro que la propuesta del Presidente José Antonio Kast no flota por ninguna parte, y que su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad trae más dificultades que soluciona problemas", sostuvo.
Sin embargo, el senador planteó una alternativa para destrabar la discusión, indicando que "vamos a seguir insistiendo que el Gobierno debería retirar la reforma constitucional, y, a partir de lo que están trabajando los senadores Longton y Squella, poder probablemente presentar una nueva reforma que, efectivamente, se haga cargo de los problemas y que fortalezca el Estado en materia de persecución penal, combate al crimen organizado, para así devolverle la tranquilidad a los chilenos y chilenas".
Araya además sostuvo que, si el Gobierno decide mantener la iniciativa, podría evaluarse que la Comisión de Constitución sea autorizada para votar el proyecto en general y en particular, permitiendo introducir modificaciones y que el texto que llegue finalmente a la Sala sea el resultado del trabajo de la instancia.
Con todo, advirtió que la iniciativa no será abordada inmediatamente después de la semana regional, debido a la agenda de la comisión, que contempla durante ese período la revisión de diversos nombramientos. Por ello, señaló que el proyecto no estaría en tabla antes de octubre.
