Este lunes, la comisión investigadora relativa a determinados actos del Gobierno en materia de seguridad pública y prevención del delito durante la gestión de la exministra de Seguridad Pública tenía contemplada la asistencia de tres exautoridades y funcionarios.
Se trata de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert; la exsubsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana; y el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia de la República, Cristián Valenzuela.
Sin embargo, los tres se excusaron de participar en la sesión. En el caso de Quintana, la exsubsecretaria comunicó que no podía asistir en la fecha fijada, mientras que Steinert también envió un correo electrónico a la instancia para justificar su inasistencia.
Por su parte, Valenzuela explicó que se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al Presidente de la República en las actividades ante Naciones Unidas.
Asimismo, señaló que el próximo lunes 28 probablemente deberá participar en un Consejo de Gabinete, por lo que propuso como nueva fecha para comparecer el lunes 2 de octubre y manifestó su disposición a colaborar con el trabajo de la comisión.
La inasistencia de Steinert cobra especial relevancia, ya que corresponde a la cuarta oportunidad en que la exministra se excusa de concurrir ante la instancia investigadora.
Ante esta situación, la comisión acordó que tanto la exministra como la exsubsecretaria deberán fijar una fecha en la que puedan asistir a la instancia y entregar su testimonio, buscando evitar nuevas postergaciones de sus respectivas comparecencias.
Problemas en comisiones
El episodio vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar las comisiones investigadoras de la Cámara para cumplir con sus objetivos de fiscalización. Estas instancias tienen entre sus principales herramientas la posibilidad de citar a autoridades y otras personas vinculadas con los hechos que investigan, además de solicitar antecedentes y reunir información para elaborar sus conclusiones.
Sin embargo, la inasistencia de personas convocadas y la falta de respuesta a determinados oficios pueden restringir el acceso de los parlamentarios a testimonios y antecedentes relevantes. A esto se suma que las comisiones tienen un plazo acotado de 60 días con posibilidad de ser prorrogado para desarrollar su trabajo y posteriormente deben elaborar y votar un informe con la información que hayan logrado recopilar.
Un ejemplo de esta dificultad para lograr su cometido fue la comisión investigadora que abordó hechos de violencia ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2026 realizó 11 sesiones, citó a 32 personas y solo 17 concurrieron. La instancia además envió 65 oficios y recibió 10 respuestas utilizables, además de otras dos de carácter reservado, cerrando su trabajo sin identificar quiénes habrían instigado los hechos de violencia, uno de sus objetivos iniciales.
