Altos precios o diferencias sustanciales entre estos, dependiendo de la ubicación o la cantidad de oficios funcionando, junto a poca transparencia al respecto, constituían una de las principales, e históricas, críticas ciudadanas hacia el funcionamiento notarial y registral en Chile. En respuesta a esto, la ley que instauró una reforma a dicho sistema, que comenzó a regir en abril de este año, dispone, entre otras cosas, el establecimiento de precios máximos para los trámites que se pueden realizar en las diferentes notarías a lo largo del país. Para lo anterior, la ley encomienda un "procedimiento técnico" a cargo de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía. Y otorgó un plazo de un año desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para que se dictara el o los decretos que establecen el mecanismo o procedimiento y las normas mediante las cuales se realizaría la fijación de las tarifas y cobros que podrán efectuar los notarios. Dicho plazo venció el 2 de octubre, mismo día en que cesaron los 35 notarios y conservadores mayores de 75 años. Un caso emblemático fue el del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado (81), quien ejerció el cargo por 29 años.
