La muerte del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Biobío, volvió a poner en el centro del debate la agenda legislativa relacionada con las policías.
El funcionario, perteneciente al Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles, fue atacado con un arma de fuego la noche del domingo mientras participaba de un procedimiento por violencia intrafamiliar. El presunto responsable fue detenido en el lugar.
A primera hora de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el hecho y aprovechó la instancia para hacer un llamado al mundo político a avanzar en las iniciativas que buscan entregar mayores herramientas a las policías.
"Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan, no solamente más recursos, como están llegando en la nueva Ley de Presupuesto, un incremento importante, sino que también respaldo jurídico", sostuvo el secretario de Estado.
En particular, Arrau puso el foco en uno de los proyectos que se encuentra más cerca de completar su tramitación: las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
"Y así como la Ley Nain Retamal representó un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza, que esta semana esperemos se aprueben en el último trámite que nos queda en las cámaras, representen ese apoyo que necesitan nuestras policías", señaló.
El llamado se produce cuando distintas iniciativas relacionadas directamente con Carabineros se encuentran en etapas relevantes de su tramitación. Mientras las RUF quedaron listas para ser sometidas a votación en ambas salas después de más de tres años de discusión, el proyecto que moderniza la carrera funcionaria e introduce nuevos incentivos para el personal policial ya superó su paso por el Senado.
RUF: a la espera de las votaciones finales
El proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza es el que se encuentra más próximo a completar su tramitación.
Tras las diferencias que surgieron entre la Cámara y el Senado, la iniciativa llegó a una Comisión Mixta. La instancia terminó de zanjar las discrepancias la semana pasada y despachó su informe, que ahora debe ser aprobado por las salas de ambas corporaciones para que el proyecto pueda convertirse en ley. La iniciativa se encuentra con urgencia de discusión inmediata.
El texto busca establecer en una ley un marco común para el uso de la fuerza por parte de Carabineros y la PDI, además de las Fuerzas Armadas cuando estas últimas sean destinadas a determinadas labores de seguridad pública, protección de infraestructura crítica o resguardo de recintos militares.
Actualmente, estas materias se encuentran reguladas a través de distintas normas, varias de carácter infralegal. El proyecto establece que el uso de la fuerza deberá sujetarse a criterios como gradación, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
La propuesta establece distintos niveles de respuesta. Las primeras reglas consideran desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el control físico, el empleo de elementos menos letales y el uso de munición de salva. Posteriormente se regulan situaciones en que pueden utilizarse escopetas con munición antidisturbios y, finalmente, armamento letal.
Otro de los aspectos relevantes es la responsabilidad penal de los funcionarios. El texto acordado por la Comisión Mixta establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas que actúe cumpliendo las RUF estará amparado por la eximente de responsabilidad penal de cumplimiento del deber contemplada en el Código Penal. Al mismo tiempo, mantiene la responsabilidad frente a eventuales abusos o actuaciones que se aparten de las reglas.
Carrera funcionaria de Carabineros
Otro de los proyectos que el Ejecutivo ha situado dentro de sus prioridades es el que moderniza el sistema de incentivos y extiende la carrera funcionaria de Carabineros.
A diferencia de las RUF, esta iniciativa todavía tiene un recorrido legislativo mayor por delante. El Senado la aprobó en septiembre y la despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde debe cumplir su segundo trámite constitucional.
El proyecto busca introducir cambios en el ingreso, permanencia y ascenso de los funcionarios, además de modernizar el régimen de formación y perfeccionamiento y entregar nuevas herramientas para administrar la planta institucional.
Entre sus principales modificaciones se encuentra el aumento del tiempo máximo de permanencia en Carabineros y la creación de un bono imponible destinado a incentivar que los funcionarios permanezcan en la institución.
También establece un beneficio trimestral equivalente al 10% del sueldo, sujeto al cumplimiento de metas de eficiencia institucional. Para acceder al pago se exige un cumplimiento mínimo de 75% de esas metas y el monto también queda vinculado a las ausencias registradas durante el trimestre.
El texto contempla, además, cambios en las gratificaciones asociadas al riesgo. Para el personal de Orden y Seguridad que desempeñe determinadas misiones, la gratificación especial podrá alcanzar hasta el 100% del sueldo, mientras que se crea otra de hasta 30% para un máximo de 80 cargos estratégicos de oficiales con altas responsabilidades operativas, logísticas o de recursos.
A ello se suman modificaciones al ingreso y formación. La propuesta permite postular desde los 17 años, siempre que se tenga cuarto medio rendido, e introduce cambios al estatuto del denominado "Carabinero a Prueba", además de medidas sobre movilidad interna, gestión de la planta y planificación institucional.
