Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio cuenta del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, dando inicio a la revisión en detalle de las distintas partidas. La presentación volvió a generar cuestionamientos desde la oposición, que puso el foco en el aumento de 1,5% del gasto público y en los ajustes contemplados en distintos programas.
Las críticas apuntaron principalmente a la metodología utilizada por el Ejecutivo para presentar el crecimiento presupuestario y a los efectos que podrían tener los recortes en áreas sociales. La oposición ya había planteado dudas sobre la fórmula utilizada para llegar al 1,5%, particularmente considerando los ajustes realizados durante 2026.
Además, plantearon sus reparos por la solicitud del Ejecutivo al Congreso para autorizar un endeudamiento de hasta US$25.000 millones. La solicitud, contenida en el artículo 3 de la iniciativa, incluye las amortizaciones y los intereses de la deuda fiscal, y viene acompañada de una autorización adicional por hasta US$600 millones. El monto supera los US$17.400 millones que contempló la ley vigente para este año, límite que el Congreso amplió en US$6.200 millones a mitad de 2026.
Reparos de la oposición
La diputada Daniela Serrano (PC) sostuvo que su bancada ha mantenido coordinaciones con el resto de la oposición para analizar las partidas más sensibles y cuestionó la forma en que el Gobierno está presentando las cifras. "Lo primero es manifestar la preocupación de que el ministro Quiroga lamentablemente no está siendo transparente ante la opinión pública y tampoco está siendo transparente principalmente con nuestros compatriotas, porque acá lo que se plantea como un aumento del presupuesto no es tal", afirmó.
Serrano sostuvo que el Ejecutivo estaría considerando los reajustes y la ejecución proyectada para 2026, pese a que el año aún no termina. También apuntó a la paralización de proyectos de inversión y al impacto de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno. "Creemos que es un presupuesto que no solamente se debe medir por las cifras sumatorias de cada una de las partidas, sino también hay que analizarlo en detalle", señaló.
En esa línea, anticipó que revisarán especialmente educación y salud y pidió revertir recortes en inversión y retrasar la implementación de la denominada "mega reforma". Finalmente, calificó la propuesta como "un presupuesto, una propuesta de presupuesto de la Nación, engañoso, mañoso, mentiroso, y que finalmente castiga los derechos sociales".
El también militante del PC Marcos Barraza cuestionó el argumento del Ejecutivo respecto de la situación fiscal y apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast. "El presidente señaló en su alocución pública en la presentación del presupuesto de la Nación que Chile era como una casa, un hogar, y como tal, en ese hogar no se podía gastar más de lo que ingresaba", sostuvo. Sin embargo, afirmó que el Mandatario impulsó una reforma tributaria que habría reducido los ingresos fiscales: "Pero es el mismo presidente de la República que impulsó una reforma tributaria encubierta que redujo o disminuyó los ingresos, por eso es déficit".
Barraza sostuvo que el Ejecutivo debería revisar recursos destinados a distintas áreas sociales y de inversión. "El presidente no puede pretender construir eficiencia fiscal a costa de los derechos sociales, y en consecuencia creemos que es necesario revertir las principales partidas en educación, en salud, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Vivienda", afirmó. A su juicio, aquello permitiría tanto proteger derechos sociales como contribuir a la reactivación económica. "El presidente Kast ha presentado un presupuesto de recortes, y no un presupuesto pro-inversión y pro-empleo", concluyó.
Sus cuestionamientos se suman a las críticas que desde la oposición han planteado respecto de qué programas serán afectados para financiar las prioridades anunciadas por el Gobierno.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa sostuvo que el Ejecutivo no estaría dimensionando el efecto que las decisiones presupuestarias tienen sobre los hogares. Según planteó, "el presupuesto de la nación tiene un impacto directo en el presupuesto de las familias" y advirtió que los recortes en programas sociales podrían trasladar costos desde el Estado hacia las familias, obligándolas a endeudarse para cubrir necesidades básicas. En ese contexto, utilizó la expresión "esclavitud moderna" para describir el fenómeno al que aludió.
También desde el FA, la diputada Valentina Cáceres cuestionó específicamente la reducción de recursos para el programa de tenencia responsable de animales. "Lo que propone el presidente Kast es gravísimo e inédito, desfinanciar el programa de tenencia responsable en un 86%, pasando de 3.600 millones de pesos a solo 514", sostuvo. La parlamentaria explicó que el programa permite financiar esterilizaciones, chipeo y atención veterinaria y llamó al Mandatario a reconsiderar la medida. "Nosotros desde el Congreso haremos todo lo que esté a nuestro alcance para frenar este inédito recorte", agregó.
El senador PS Juan Luis Castro, en conversación con CHV Noticias, apuntó a lo que considera una contradicción entre las exigencias fiscales que el actual oficialismo planteaba cuando era oposición y el escenario presupuestario que enfrenta ahora desde el Gobierno. "Yo lo considero contradictorio, porque el año pasado, cuando el oficialismo de hoy era oposición, exigía una rebaja automática de 6.000 millones de dólares", sostuvo.
Castro cuestionó además que, mientras el proyecto contempla un aumento del endeudamiento, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno reduciría los ingresos fiscales cuando entre en régimen. "Claramente resulta absurdo que, por un lado, se diga, lamentablemente, nos tenemos que endeudar, y con la otra llave, ¿verdad? Se cierra la posibilidad de que el Estado tenga más recursos", afirmó. Respecto del Presupuesto 2027, señaló que el aumento de 1,5% deberá ser analizado durante la tramitación legislativa, considerando además el escenario de crecimiento económico proyectado para el próximo año.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores puso el foco en la situación de las regiones y en la diferencia entre los recursos consignados en el papel y aquellos que finalmente llegan a los servicios públicos. El parlamentario llamó al ministro Quiroz a "darse una vuelta por las regiones y comunas y conocer la realidad en terreno" y agregó: "no nos sigan mintiendo; una cosa es el número en el papel y otra cosa es lo que se traspasa en efectivo a las regiones, el aumento de costos que han debido asumir las instituciones y no alcanza".
Flores también cuestionó el impacto del presupuesto en salud, particularmente por el aumento de costos de funcionamiento de consultorios y hospitales. "Cuando el ministro anuncia una ley de presupuesto que viene con un aumento del 1,5%, sería bueno preguntarle a los directores de consultorios, a directores de hospitales, cómo lo están haciendo cuando la bencina ya les aumentó en más de un 20 por ciento, casi un 30", sostuvo. Según afirmó, "el Estado les debe un billón de pesos a los proveedores de medicamentos, de equipamientos médicos, de insumos en general".
En materia de seguridad, el senador DC también cuestionó que los aumentos anunciados puedan no traducirse necesariamente en recursos disponibles para las instituciones. "En el caso de las policías, que si bien es cierto, aparentemente habría un aumento, la verdad es que mientras tanto la DIPRES no movilice esos recursos y no autorice las transferencias de platas, no llega nada, está en el papel, pero no llega ni a tiempo, ni tampoco en el volumen que dijeron", afirmó.
Flores anticipó así una discusión compleja durante la tramitación del proyecto y enfatizó que sus reparos no responden, según dijo, únicamente a su condición de opositor. "Esta ley de presupuesto viene bien compleja en su discusión y vamos a ser súper preocupados, no por ser oposición, es porque no queremos que nos sigan mintiendo", cerró.
Por último, el diputado José Montalva (PPD) manifestó que "estamos revisando en detalle el presupuesto. El énfasis en empleo y vivienda es positivo, pero el Gobierno tendrá que demostrar cómo esos recursos se convertirán en trabajo y soluciones para las familias".
"Vamos a exigir que cada recorte tenga una justificación seria. Ordenar las cuentas públicas no puede hacerse a costa de las oportunidades de quienes más necesitan apoyo. Respaldaremos lo que permita al país crecer y generar empleo, y exigiremos corregir lo que haga retroceder a las familias. La disciplina fiscal debe servir para que Chile progrese", terminó.
