A Catalina Vial (22) el despertador le suena, todos los días, a las cinco y media de la mañana. Una hora oscura, fría y húmeda en Buin, el lugar en el que vive hace poco más de un año. Nacida y criada en Santiago, junto a su madre y su hermano de 16, llegó a esta casa, antigua propiedad de la familia materna, para poder costear su tercer año en Enfermería en la Universidad Católica.
En una cafetería del Campus San Joaquín, a las cinco y media de la tarde, Catalina bosteza. Aún hace calor y lleva doce horas despierta. “El año pasado me fue muy, muy mal en la universidad. No me eché ningún ramo, pero en comparación al anterior bajé mucho el desempeño. Es difícil: llego a mi casa alrededor de las ocho o nueve de la noche. Como algo, estudio una hora y me acuesto”.
Su mamá, Cynthia Stock, es madre soltera, profesora de un colegio particular en Providencia. A pesar de ganar mejor que la mayoría de sus colegas, cuando su hija volvió a dar la PSU, después de un año de preuniversitario, la alegría del gran puntaje –entre los diez mejores de su carrera– contrastó con la incertidumbre del financiamiento: su sueldo de profesora no le alcanzaría para cubrir los $381.800 mensuales que actualmente cuesta el arancel de Enfermería, pero tampoco le permitía acceder a becas o beneficios. Ellos, que forman parte del 47% de la población chilena –los pertenecientes a los niveles C2 y C3, con ingresos familiares entre los $640 y los $980 mil–, estaban en el limbo.
Con el lado paterno, Catalina no tiene ninguna relación, pero con su familia materna son muy unidos. “El centro familiar es mi abuela”, cuenta, “y si ella dice ‘ya, vamos a hacer esto’, todos lo hacen”. Antes de que su nieta se lo pidiera, Corina Lillo, junto a su marido, el ingeniero aeronáutico Óscar Stock, ocupó ese mismo tono para decirles a sus dos hijos menores, Rodrigo y Rodney, que era hora de ayudar a su sobrina.
“Ella es nuestra mayor inversión”, dice su abuelo, quien paga un cuarto del arancel de Catalina. “Si su mamá no lo puede pagar, para eso estamos nosotros”, agrega su abuela. Entre todos, y por partes iguales, financian la educación de esta hija, nieta y sobrina, ya que de otra manera habría tenido que pedir un crédito y endeudarse para obtener su título.
Cuando la presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo pasado, anunció que el 60% más vulnerable podría estudiar gratis desde este año, Catalina y su madre se ilusionaron. Después, al comprobar que pertenecían al octavo decil socioeconómico –con un ingreso per cápita entre $250 mil y $352 mil– supieron que tendrían que seguir dependiendo de sus abuelos, que también le aportan para que compre almuerzo, y de sus tíos.
“Estoy muy agradecida de toda mi familia”, dice Catalina. “Siempre están ahí, y sé que voy a quedar en deuda. Sueño con egresar y poder llevar a mi mamá a viajar. O a mi abuela, que tiene problemas en los huesos, ayudarla en sus operaciones. Quiero retribuirles todo esto algún día”.
Un inicio con tropiezos
Después de las movilizaciones del 2011, las demandas en contra del lucro y a favor de una educación pública, gratuita y de calidad fueron recogidas por la presidenta en su campaña, transformándose en uno de los principales emblemas durante su candidatura a un segundo periodo de gobierno. Después del último discurso presidencial, parecía que comenzaban a hacerse realidad.
Pero luego pasó lo que se sabe: que para acelerar su proceso, en agosto la gratuidad se separó de la ley de reforma a la educación superior, tramitándose a través de una glosa del presupuesto. Que por falta de recursos, en septiembre, los beneficiados no serían el 60% sino el 50% más vulnerable, los primeros cinco deciles de la población. Que no incluiría a Institutos ni Centros de Formación Técnica. Que a último minuto, en diciembre, la gratuidad fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Y que por eso, se tuvieron que sumar universidades privadas que originalmente no estaban contempladas.
Hasta ahora, según el último cómputo del Ministerio de Educación, de los 289 mil estudiantes que rindieron la PSU el 2015, 40.134 accedieron a la gratuidad. Sumando a los que ya estaban matriculados en alguna institución, los universitarios que estudiarán gratis este año van en 120 mil, cifra que para el Mineduc alcanzaría los 160 mil a fines de abril.
“El gran aspecto negativo de la gratuidad es que claramente se debió haber comenzado con una ley de educación superior, y el camino a través de la glosa parece ser uno mucho más complejo, difícil y lleno de riesgos”, dice Noam Titelman, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la UC (FEUC) y parte de la directiva de Revolución Democrática, el movimiento fundado por Giorgio Jackson. “El lado positivo es que, además de un alivio a las familias, es el preámbulo de una reforma mayor a la educación superior. Hoy están entrando estudiantes de menores recursos, pero si no entregamos junto a ese acceso programas de acompañamiento para abordar la deserción o las otras necesidades que conllevan los estudios –como la alimentación o los materiales–, esto puede ser un arma de doble filo. Por eso es muy importante una reforma estructural en conjunto con lo que se está haciendo”.
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Revista Viernes.
