SANTIAGO.- El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se comprometió hoy a estudiar una iniciativa presentada por los diputados Patricio Hales (PPD) y Julio Dittborn (UDI), que extiende el beneficio tributario establecido para la adquisición de viviendas nuevas acogidas a las normas del DFL 2 a las personas naturales que hayan comprado tales propiedades en comunidad.
La propuesta será incluida como una indicación a la Ley 19.622, publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 1999 y señala que "cuando la adquiriente de la vivienda sea una comunidad, las personas naturales que la componen podrán acogerse al beneficio establecido en esta ley, en proporción a su participación en dicha comunidad. El hecho de que alguno de los comuneros no pueda acogerse al beneficio, no aumentará la proporción que les corresponde en él, a los que si pueden hacerlo".
El artículo único agrega que "las personas naturales que se encuentren en la situación prevista y hayan adquirido en comunidad una vivienda entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 1999, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley para optar al beneficio, podrán acogerse a él presentando una solicitud rectificatoria de la declaración anual del impuesto a la renta
correspondiente a la operación Renta 2000, dentro de los plazos que establece la ley".
El beneficio tributario permite a los contribuyentes deducir de sus rentas afectas a los impuestos respectivos, los montos efectivamente pagados por concepto de cuotas de la obligación hipotecaria en el año comercial que corresponda.
Sin embargo, la ley sóo benefició a las personas naturales afectas al impuesto del trabajo dependiente o al impuesto global complementario y no consideró a las personas naturales que compraron en comunidad, debido "a un error directo del Ejecutivo", según estimaron los parlamentarios.
Añadieron que "dada la gran cantidad de personas que se encuentran en esta situación y la imposibilidad manifestada por el Servicio de Impuestos Internos de solucionar administrativamente el tema, resulta imprescindible incorporar expresamente el problema en el texto legal, para así no perjudicar a quienes adquirieron una vivienda con su cónyuge para así sumar rentas y obtener la aprobación del crédito hipotecario respectivo".
A juicio de los diputados, lo anterior afecta a unas 3.000 familias.
