VALPARAISO.- El Senado aprobó por una amplia mayoría (34 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones) el proyecto aprobatorio del Tratado entre las Repúblicas de Chile y Argentina sobre integración y complementación minera, sus anexos y protocolos complementarios.
La iniciativa, que había sido aprobada por 89 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones en la Cámara de Diputados, busca dar posibilidades a ambos países para realizar proyectos mineros en las fronteras, estableciendo normas en materia de legislación aduanera y tributaria, de propiedad minera, de servidumbre, de utilización de aguas y depósito de desechos, entre otras.
El mensaje incluye el Tratado que fue firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei el 29 de diciembre de 1997, así como el protocolo y el acuerdo complementarios, que se suscribieron el 20 y el 31 de agosto de 1999.
Con esta iniciativa se espera alcanzar con sólo dos proyectos, uno de oro y otro cuprífero, un monto aproximado de seis mil millones de dólares en inversiones, una vez que esté vigente el Tratado Minero. Se espera que en el futuro se concreten más de 30 iniciativas en las fronteras de ambos países, incrementando con ello la citada cifra en forma considerable.
La ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, tras agradecer junto al triministro de Economía, Minería y Energía, José de Gregorio, el amplio apoyo dado a la iniciativa, dijo que este un gran avance en el tema de integración con Argentina, en donde ya fue aprobado por el Senado. Explicó que el acuerdo consiste en un tratado marco, que posibilitará que cada uno de los proyectos propuestos tenga que ser objeto de la aprobación de ambos países.
"Esto va a posibilitar la ampliación del empleo tanto para chilenos como argentinos, situación que desde el punto de vista de Chile es de gran interés en momentos que es un tema puesto en el primer lugar de importancia por el Presidente Ricardo Lagos", acotó.
Respecto de las aprehensiones manifestadas por algunos senadores, dijo que estas apuntan principalmente a la política minera, fundamentalmente a la protección al pequeño y mediano empresario minero y no al tratado.
Los objetivos específicos del Tratado son: crear un marco jurídico basado en el "trato nacional", lo cual implica eliminar entre ambos países las restricciones que rigen para los extranjeros; delimitar un ámbito territorial donde se encuentran los principales yacimientos que sería de mutuo interés explotar, estableciendo allí un "área de operaciones" en el territorio de ambos países con un régimen jurídico especial; facilitación fronteriza a favor de los inversionistas de ambos países; y constituir servidumbres en el territorio de un país a favor de un proyecto que se desarrolle en el otro.
Con el objeto de implementar los mecanismos necesarios que garanticen la ejecución del Tratado, se crea un órgano mixto denominado "Comisión Administradora", siendo algunas de sus funciones velar por el cumplimiento del tratado, analizar los proyectos mineros que se presenten y facilitar los procesos de solución de controversias.
El protocolo complementario da respuesta a la inquietud de la pequeña y mediana empresa minera, respecto del temor de este sector de no tener acceso la adquisición de derechos previstos o amparados por el Tratado.
Requerimiento constitucional
Un grupo de 13 senadores presentó hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional en que se cuestionan principalmente dos materias: que afecta legislaciones que requieren de quórum de Ley Orgánica Constitucional para probarse y que no fue considerado ni en la Cámara no el Senado; y por la creación de una comisión administradora que puede adoptar resoluciones que pueden transgredir facultades del Presidente de la República y el Congreso Nacional.
El senador Jorge Lavandero (DC), gestor del recurso junto al institucional Jorge Martínez, señaló que otros temas incluidos se refieren a la efectividad de los controles fitosanitarios, desconocimiento de los beneficios económicos reales y aprehensiones de los senadores sobre materias geopolíticas, específicamente, en lo relacionado con una supuesta pérdida de soberanía.
Acotó que también se critica el establecimiento de zonas francas para el establecimiento de prospecciones mineras y yacimientos, lo que "crea un verdadero país virtual desde Antofagasta hasta Punta Arenas".
La consecuencia directa de este requerimiento, que fue gestionado por los senadores Jorge Lavandero (DC) y Jorge Martínez (Inst) y al cual adhirieron Antonio Horvath (Indp), Evelyn Matthei (UDI), Jovino Novoa (UDI), Fernando Cordero (Inst), Ramón Vega (Inst), Julio Canessa (Inst), Enrique Zurita (Inst), Marcos Cariola (Indp), Mario Ríos (RN), Rodolfo Stange (UDI) y Beltrán Urenda, es que se postergará la promulgación del acuerdo hasta que el TC se pronuncie sobre la materia.
