SANTIAGO.- El gobierno argentino, desgastado por una larga e infructuosa negociación con los gobernadores peronistas, expresó su esperanza de que todas las provincias refrendarán este lunes el demorado Pacto Fiscal, imprescindible para obtener respaldo financiero de organismos internacionales de crédito.
Paralelamente, el Presidente Fernando De la Rúa analizaba con sus asesores la conveniencia de aplicar por decreto una controversial modificación al régimen de previsión social, que eliminará el sistema estatal de jubilaciones, que forma parte del paquete de medidas económicas anunciadas hace 10 días.
La alternativa es enviar un proyecto de ley al Congreso, donde su aprobación resulta dudosa, ya que han manifestado oposición sectores de la propia coalición Alianza gobernante.
El Pacto Fiscal que el gobierno quiere hacer suscribir por la oposición peronista, que controla 14 de los 24 distritos y tiene mayoría en el Senado, establece el compromiso tanto del Estado nacional como de las administraciones provinciales, de congelar durante cinco años sus presupuestos básicos, para mantener el déficit debajo de un límite predeterminado.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo comunicaron a De la Rúa que el formal compromiso de las provincias es requisito para que la Argentina obtenga un denominado 'blindaje financiero' por unos US$ 20.000 millones.
Esa suma le permitirá enfrentar con desahogo sus futuros compromisos internacionales y alejará la amenaza de una cesación de pagos.
El congelamiento de los presupuestos generó una larga pulseada entre el ministro de Economía José Luis Machinea y el jefe de gabinete Chrystian Colombo, por una parte, y los gobernadores peronistas.
Los opositores reclamaron distintas compensaciones para aceptar el congelamiento de sus gastos, alegando que ello se impone por la complicada situación nacional, que está generando frecuentes estallidos de protesta social.
Los problemas se originan en la persistencia de la recesión económica que comenzó en 1998 y que provoca altos niveles de desempleo y alarmantes incrementos en los índices de pobreza.
El texto del acuerdo ya fue refrendado por los gobernadores pertenecientes a la Alianza gobiernista.
"No podemos cambiar una palabra. Ahora el tema pasa por ellos (los gobernadores peronistas). Si no firman, cargarán con el peso de no haberlo hecho", recalcó Colombo.
A su vez, el portavoz presidencial Ricardo Ostuni dijo confiar que hoy los gobernadores peronistas accederán a firmar el llamado Pacto Fiscal. Añadió que "prácticamente se han zanjado todas las diferencias que existían y todos los planteamientos que se habían hecho".
