BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino logró hoy del Parlamento la aprobación de una amplia reforma a la Ley de Quiebras, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar una ayuda financiera al país latinoamericano.
La reforma, que fue avalada por la Cámara de Diputados la semana pasada, fue apoyada por los senadores del gobernante Partido Justicialista (PJ-peronista) y de la Unión Cívica Radical (UCR), los dos grupos mayoritarios en el Parlamento.
Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es el artículo que permite a los acreedores tomar el control de una empresa en bancarrota mediante la figura de la "capitalización forzosa".
La modificación de la Ley de Quiebras era una de las principales reclamaciones del FMI a Argentina en medio de las negociaciones por una ayuda financiera.
El organismo multilateral también busca la derogación o modificación de la llamada Ley de "Subversión Económica", una figura penal por la que están siendo juzgados banqueros y empresarios acusados de diferentes delitos.
La Cámara Alta aprobó la semana pasada un proyecto para la derogación de esa ley, pero los diputados decidieron aplazar el debate de revisión y el Gobierno busca un acuerdo político para que la norma legal continúe en vigencia pero modificada.
Además, el FMI exige que las 23 provincias argentinas firmen acuerdos bilaterales con el Estado Nacional y se comprometan a bajar en un 60 por ciento el déficit público durante este año.
Hasta ahora, media docena de provincias asumieron este compromiso pero una fuente gubernamental dijo a EFE que la cifra se elevará en la próxima semana hasta 18 ó 20, entre las cuales se incluyen Buenos Aires y Santa Fe, dos de las más pobladas del país.
El Presidente argentino, Eduardo Duhalde, aspira a completar todas estas negociaciones para conformar al FMI, con la esperanza de que el organismo multilateral le asegure al país la reprogramación de unos 9.000 millones de dólares de deuda que vencen este año.
La nueva Ley de Quiebras establece que habrá otro período de 180 días corridos en el que estarán suspendidas las ejecuciones por las deudas contraídas por la empresas, lo que supone una ampliación del plazo original dispuesto en enero pasado, que vencía en agosto.
También habrá un lapso de 120 días en el que solamente los deudores podrán hacer ofertas a los acreedores para buscar una forma de pago que les permita mantener el control de la compañía.
El punto de mayor debate fue el vinculado con la posibilidad que se le abre a los acreedores de asumir el control de la compañía en bancarrota.
Quienes se oponen a esta opción sostienen que los capitales extranjeros quedarán en inmejorable posición para adquirir frimas argentinas a precios de subasta, en un país en el que el peso ha perdido dos tercios de su valor frente al dólar estadounidense desde la devaluación de enero pasado.
Los legisladores también decidieron incorporar a la ley un artículo que establece que el valor de la empresa en bancarrota debe tener en cuenta elementos intangibles, como su posición en el mercado, la imagen o la marca, y no debe quedar simplemente sujeto al resultado de los balances.
También concedieron mayores poderes a los jueces para intervenir en el proceso y mantener el equilibrio entre las partes.
La ley fue sancionada horas antes de que Duhalde viaje a Madrid para asistir a la II Cumbre de jefes de Estado de los países de la Unión Europea (UE), Latinoamérica y el Caribe, que comienza el viernes próximo en Madrid, y en el la situación argentina será motivo de minuciosos análisis.
El mandatario señaló que la reunión entre la UE y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), bloque regional que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, "tiene como objetivo principal coordinar una integración productiva con los países europeos".
En un mensaje emitido por la televisión, el mandatario dijo que a raíz de la suspensión de pagos de la deuda exterior declarada por el país en diciembre pasado, "Argentina en este momento viene a ser algo así como la oveja negra en el mundo de hoy".
