BOGOTA.- El Congreso colombiano aprobó el martes una ley que castiga con penas de hasta 60 años de cárcel delitos de lesa humanidad, entre ellos la desaparición forzada, el genocidio, la tortura y el desplazamiento.
La ley fue aprobada después que a finales de 1999 el gobierno del Presidente Andrés Pastrana la objetó por considerar que algunos artículos para castigar el genocidio dificultaban la lucha de las fuerzas armadas contra la guerrilla.
La ley, que pasará ahora para la sanción presidencial, fue aprobada después de varios intentos infructuosos en los últimos 12 años del cuerpo legislativo para sacarla adelante.
La norma entrega a las autoridades colombianas herramientas para combatir los delitos de lesa humanidad en este país de 40 millones de habitantes, agobiado por un prolongado conflicto interno que cobró la vida de 35.000 civiles en los últimos 10 años y que registra uno de los mayores índices de violaciones a los derechos humanos y de impunidad.
La confrontación también ha provocado el desplazamiento de por lo menos 1,5 millones de campesinos en los últimos cinco años, según estadísticas oficiales.
En el conflicto interno colombiano intervienen las fuerzas armadas, la guerrilla izquierdista y los paramilitares de ultraderecha. En medio del conflicto se han denunciado cientos de casos de torturas, desapariciones y genocidios.
Una asociación de familiares de desaparecidos dice que en Colombia hay por lo menos 12.000 personas en esa condición desde la década de 1970.
El gobierno celebró la decisión del Congreso de aceptar las objeciones a la ley y de aprobarla.
Pese a la protesta de algunos legisladores, el congreso aprobó que los miembros de las fuerzas armadas implicados en la comisión de delitos de lesa humanidad sean investigados por la justicia penal militar, respetando el fuero de que gozan los efectivos de la fuerza pública.
"Hemos quedado con una ley que ni siquiera los países más avanzados tienen", dijo el ministro de Justicia Rómulo González.
Por su parte, el legislador liberal Luis Fernando Velasco señaló que aunque la ley quedó "coja", el país cuenta con instrumentos para combatir los delitos de lesa humanidad.
"Esta ley es un gran avance comparada con lo que teníamos antes", dijo el legislador en declaraciones a los periodistas.
La presidenta de la asociación de desaparecidos reconoció que aunque la ley no es del todo severa, en especial con los miembros de las fuerzas armadas, es un primer paso importante para combatir los delitos de lesa humanidad y castigar a los responsables.
