BRASILIA.- Miles de campesinos del combativo Movimiento de los Sin Tierra de Brasil comenzaron a discutir el lunes una estrategia de lucha por la reforma agraria para los próximos años.
Los organizadores esperan obtener el aval de 10.000 militantes de todo el país, congregados en Brasilia, para su proyecto de una alianza obrera en favor de la reforma agraria en Brasil, que tiene una de los mayores índices de concentración de la propiedad de América Latina.
"El latifundio arcaico, anticuado, tiene que acabar", dijo a la prensa Jaime Amorim, dirigente del MST en el estado norteño de Pará, al abrir el encuentro de cinco días. "No sólo el latifundio improductivo, sino todo latifundio".
El movimiento, fundado hace 16 años, ha acumulado una historia de lucha por la distribución de tierras que ha incluido enfrentamientos violentos con la policía y los terratenientes.
Por ello, el IV Congreso Nacional del MST incluirá un llamado para que los casos de derechos humanos, como el asesinato de 19 miembros del movimiento en el estado de Pará en 1996, sean visto por tribunales federales y no estatales.
Un tribunal estatal absolvió en 1999 a 150 policías acusadas de la masacre de Eldorado do Carajás, en Pará.
Según Gilmar Mauro, dirigente nacional del movimiento, la clave de la lucha por la reforma agraria en Brasil está en la incorporación de otros sectores a la causa.
"La reforma agraria depende de una alianza de todos los trabajadores brasileños", remarcó Mauro. El activista dijo que el encuentro va a dar su apoyo a un proyecto de ley para limitar la cantidad de tierra que un individuo puede poseer.
El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso aseguró haber repartido más tierras que todos sus predecesores desde el restablecimiento de la democracia en 1985, pero los activistas del MST desmintieron la versión.
"Una cosa es una reforma agraria publicitaria, y otra una reforma agraria real", sostuvo Gilberto Portes, dirigente del MST en Brasilia. Aseguró que lo que el gobierno de Cardoso haregularizado los registros de propiedad, pero sin mayor repartición de tierras.
Aseguró que desde que Cardoso llegó al poder, en 1995, 440.000 pequeños campesinos han perdido sus tierras, y dos millones de trabajadores rurales quedaron desempleados.
El congreso campesino también tomará posiciones en temas de política nacional.
El jueves, los asistentes participarán en una manifestación frente al Congreso con otras organizaciones sociales, para exigir la creación de una comisión parlamentaria que investigue el desvío de 100 millones de dólares de la construcción de un edificio judicial en Sao Paulo.
El caso provocó un escándalo que estuvo cerca de tocar al presidente Cardoso, cuando el ex secretario general de su gobierno apareció ligado al fugitivo juez Nicolau dos Santos, a cargo del proyecto de construcción y principal sospechoso del desvío de fondos.
