Oficina de inteligencia argentina se niega revelar destinos de fondos

La negativa provino del responsable del área financiera de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Juan José Gallea, que compareció ante el juez federal Carlos Liporaci, quien está a cargo de la investigación por el supuesto pago de dinero a senadores para aprobar una polémica reforma laboral.

11 de Septiembre de 2000 | 21:10 | AP
BUENOS AIRES.- Un organismo gubernamental de inteligencia, sospechaso de haber participado en el pago de sobornos a senadores, se negó hoy lunes a revelar a la justicia el destino de los fondos reservados que maneja.

La negativa provino del responsable del área financiera de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Juan José Gallea, que compareció ante el juez federal Carlos Liporaci, quien está a cargo de la investigación por el supuesto pago de dinero a senadores para aprobar una polémica reforma laboral.

Fuentes judiciales dijeron a la prensa que el funcionario se amparó en el "secreto de Estado" para no revelar cómo se gastan los fondos reservados que maneja el organismo cuyo titular es Fernando de Santibáñez, uno de los colaboradores más allegados al presidente Fernando de la Rúa.

El funcionario declaró durante dos horas entregando datos y documentación variada, pero no dio precisiones sobre el destino de los fondos asignados desde enero y que ascenderían a los 168 millones de dólares.

Santibáñez negó reiteradamentemente que la SIDE haya participado en el escándalo, al igual que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.

De la Rúa ordenó a todos los funcionarios ponerse a disposición de la justicia y dijo que serían separados en caso de comprobarse alguna vinculación con el caso.

Liporaci tiene previsto llamar a declarar también a los responsables del manejo de fondos reservados de la Policía Federal, el Ejército y el Ministerio de Defensa para intentar si el soborno fue pagado desde esos organismos.

El juez no hizo comentarios sobre las diligencias que apuntan especialmente a encontrar a quienes pagaron el dinero que, se dice, alcanzó los 10 millones de dólares.

Liporaci también está a la espera que el gobierno promulgue una ley aprobada por el Congreso restringiendo las protecciones de los legisladores para declarar.

Ocho senadores peronistas y tres del oficialismo han sido involucrados por el juez que los quiere interrogar, aunque no podrá en ningún caso enviarlos a la cárcel.

En tanto, el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, sostuvo hoy que
"hay que rogar" para que se esclarezca el caso, que calificó de "doloroso".

Señaló que "hay sospechas muy grandes" de que hubo irregularidades en el Senado, y sostuvo que por ese motivo "es muy importante que esto se esclarezca".

"Como quiero ser esperanzado, pienso que esto va a terminar siendo positivo, porque me parece que es un punto que no tiene retorno", dijo Casaretto.
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